Los sobrevivientes de la Isla de la Utopía

Están allí, acampados frente a la sede del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), en Asunción, casi desapercibidos para los medios de comunicación. Tienen el pelo canoso, la piel marcada por los años y los golpes recibidos, pero en sus miradas se percibe intacto el brillo de aquella antigua rebeldía. Siguen siendo los mismos hombres y mujeres que hace tres décadas se internaron en los montes de San Pedro para fundar la colonia San Isidro de Jejuí, con la utopía de "vivir como hermanos”.
Eran tiempos sombríos de la dictadura stronista, pero en algunos sectores del campesinado, bajo el influjo de aires renovadores en la Iglesia Católica, surgían las Ligas Agrarias Cristianas, en busca de una sociedad más justa y solidaria.
La Fenalac (Federación Nacional de Ligas Agrarias Cristianas) obtuvo del IBR la adjudicación de tierras junto al río Jejuí. En mayo de 1969, en un área de 230 hectáreas, se establecieron 31 familias (unas 150 personas), dispuestas a construir un modelo autosustentable de tenencia asociativa de la tierra y de producción comunitaria.
Se convirtió en "mal ejemplo". La dictadura no podía permitirlo. El diario Patria, vocero del Partido Colorado, acusó que San Isidro era un "koljós" soviético en medio de la selva. En la madrugada del 8 de febrero de 1975, un pelotón al mando del teniente coronel José Félix Grau asaltó la colonia y apresó a los moradores. El pa'i Braulio Maciel, párroco local, fue baleado en la pierna.
Los ranchos fueron destruidos, las chacras arrasadas. Las tierras, por las que ya habían pagado hasta el último guaraní, fueron confiscadas y revendidas. La Isla de la Utopía se convirtió en estancia. San Isidro fue borrada a sangre y fuego. Pero sus pobladores —presos, torturados, perseguidos y dispersos, con la absoluta prohibición de regresar al lugar— mantuvieron vivo el sueño.
Con la caída de la dictadura, empezaron la lucha por recuperar sus derechos. Dos veces fueron desalojados con violencia por la Policía, acusados de invadir sus propias tierras. En 2005, treinta años después de haber sido expulsados, el juez Silvino Delvalle, dictaminó que 150 hectáreas les sean devueltas.
Desde entonces, la burocracia estatal ha impedido el cumplimiento de la reparadora sentencia. El Indert del Gobierno de Fernando Lugo, abanderado con la reforma agraria, pone aún más escollos que los gobiernos colorados. Cansados de esperar, los sobrevivientes de la Isla de la Utopía están allí, acampados en la jungla de cemento, reclamando un sueño más antiguo que sus propias vidas.
No habría que dejarlos tan solos.