El domingo 13 de enero, el suboficial de policía José Luis Vallejos fue presentado en varios medios de comunicación como un despiadado asesino, sindicado como el ejecutor del crimen del infortunado joven Iván Martínez, acribillado a balazos en San Bernardino.
El parte policial redactado en la Comisaría local lo incriminó directamente, aún sin pruebas fehacientes. La fiscala de Caacupé, Liliana Lorena Ledesma, lo imputó por homicidio doloso. El ministro del Interior, Libio Florentín, llegó a anunciar que sería dado de baja en forma deshonrosa de la Policía Nacional.
Pero apenas 72 horas después, la situación dio un vuelco inesperado. Unas fotos enviadas en forma anónima a la página que Iván mantenía en Internet, permitieron a su hermano mayor identificar al supuesto verdadero autor del crimen, con un gran parecido físico con el policía incriminado. A partir de allí, la historia fue radicalmente distinta.
En solo tres días, el suboficial Vallejos pasó a transformarse de victimario en víctima, de culpable en inocente. Y así como hubo graves errores de procedimiento por parte de la Policía y de la Fiscalía, también los hubo por parte de un sector del periodismo.
Noticieros y programas de televisión que imprimieron sobre sus imágenes: “Policía mata a joven en San Bernardino”. Informes radiales que dieron como un hecho todo lo que afirmaba el parte policial. Titulares de diarios que se olvidaron del término “supuesto” o “presunto” que exige cualquier código de ética periodística.
¿Y ahora…? ¿Quién le devuelve al suboficial Vallejos esos tres días en que fue expuesto injustamente al escarnio público, al vía crucis carcelario, al dolor de su familia y sus amigos? ¿Le sirven de algo las rectificaciones y pedidos de disculpas?
El periodismo es ejercido por seres humanos, hombres y mujeres que podemos perfectamente equivocarnos. Pero el hecho de manejar medios de alcance masivo, que influyen cotidianamente en la vida de miles de personas, nos exige que cometamos lo menos posible cualquier error, porque muchos de sus efectos provocan irreparables daños.
Lo hemos dicho en este espacio y lo sostenemos en el seno de nuestras organizaciones: en el gremio de comunicadores y en la sociedad paraguaya hace falta un debate a fondo sobre la ética periodística, y la elaboración de un código consensuado, que pueda ser asumido y respetado mayoritariamente. Principios básicos, como la presunción de inocencia o el chequeo responsable de toda información, deben estar más incorporados al ejercicio cotidiano de la profesión, y deben volverse parte del aire que respiramos.
En estos días, la Redacción de Última hora vive una lamentable situación, pero que al mismo tiempo es aleccionadora y fructífera. Un (ahora ex) compañero periodista, Esteban Acevedo, fue acusado de cometer un delito y una grave falta ética profesional, por extorsión y chantaje al empresario y político colorado Rodolfo Max Friedman, afectado por una serie de publicaciones sobre la fragilidad y el sometimiento de la Justicia en Guairá.
El político presentó una grabación respaldatoria. Ante la evidencia, los directivos de Última Hora han procedido rápidamente a desvincular al periodista Acevedo. Y los miembros de Última Hora suscribimos un pronunciamiento, en el que reprobamos la falta ética del ex compañero, que es personal y no involucra al resto de la Redacción, pero ratificamos la decisión de seguir denunciando los hechos de corrupción que involucran a Friedman o a cualquier otra persona.
Es deplorable que una actitud individual sea utilizada para intentar desacreditar el importante trabajo de muchos colegas y medios que siguen trabajando con esfuerzo y riesgo por construir un periodismo paraguayo más objetivo, serio, responsable y ético. Pero a la vez es saludable y esperanzador que los propios directivos y comunicadores sean los primeros en reaccionar, en tomar medidas y asumir posturas de compromiso por transformar positivamente la situación.
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