Una
de las pocas banderas que todavía le estaban dando buen perfil al Gobierno de
Fernando Lugo era el de la salud pública, merced a la gratuidad de los
servicios, implementada en forma más simbólica que efectiva, y a una ministra
que llegó a la cartera con una reconocida trayectoria de lucha en el gremio
médico, y que ha sabido mantener una imagen de gestión más o menos eficaz y
transparente, por encima de las rencillas políticas internas.
Pero
en estos días, el sector salud –uno de los más sensibles para la población
mayoritariamente humilde- ha eclosionado con una crisis inédita para este país
en donde todos siempre buscan ingresar a la administración pública: el preaviso
de renuncia de –hasta ahora- cerca de 300 médicos y médicas de diferentes
especialidades, en reclamo por situaciones laborales que consideran injustas e
indignas.
La
sorpresiva medida gremial permite conocer de cerca un cuadro de explotación en
el trabajo que a muchos sorprende, ya que estaba instalada la idea de que los
profesionales de la salud constituyen un grupo privilegiado, a diferencia de
otros sectores obreros más pauperizados. Pero la enunciación de las demandas
muestra otra cosa: Médicos y médicas que deben sostener guardias continuas de 24
horas, cobrando entre 15 a 25 mil guaraníes la hora, sin seguro médico ni
cobertura social, sin equipos ni insumos hospitalarios adecuados, con la
inseguridad de ser mantenidos años tras años bajo la figura de contratados
eventuales.
Lo
descrito es alarmante: ¿Qué ser humano puede aguantar y brindar un buen servicio
de salud, tras 24 horas de trabajo contínuo? ¿Cómo confiar la salud, es decir la
vida, a un profesional en estas condiciones?
La
movilización ya empieza a instalar detalles más preocupantes, como lo sucedido
en el Hospital Regional de Ciudad del Este, donde la renuncia del único cirujano
pediátrico ha forzado a que todas la cirugías programadas hayan quedado
suspendidas, y solo se puedan garantizar las más urgentes por 30 días más.
Es
cierto que la crisis de salud que hoy estalla no es un problema solo de ahora,
sino que emerge como resultado de largos años de desórdenes y precariedad, de
centros de salud y hospitales públicos manejados como seccionales coloradas.
Pero no por ello deja de ser un grave detonante social que, si no logra ser
revertido por las actuales autoridades, acabará por derribar una de las últimas
banderas de avances sociales que le quedan a este Gobierno
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