Al fin un secuestro tratado con seriedad

Se puede aprender positivamente de los errores. Las autoridades policiales, fiscales y judiciales, que esta vez manejaron con mayor seriedad, prudencia y profesionalismo, el caso del secuestro del joven Rubén Dario Vargas en Presidente Franco, así lo han demostrado.
A diferencia del caso anterior, en que otro joven alto paranaense, Juan Alberto Ortiz, resultó secuestrado y acabó trágicamente asesinado, como consecuencia de la descoordinación, imprudencia, irresponsabilidad y peleas internas entre miembros de las fuerzas de seguridad, en esta ocasión se reveló que los diversos organismos pueden trabajar juntos, manteniendo las debidas reservas para no poner en peligro la vida de la víctima.
La presencia del viceministro de Seguridad Interna, Carmelo Caballero, resultó clave para contener los característicos desbordes de algunos policías. El ex fiscal electoral es uno de los hombres más brillantes y capacitados en el esquema de seguridad del Gobierno Lugo, y tuvo ocasión de demostrarlo. La fiscala antisecuestro, María Graciela Vera Colmán, también actuó con mucha solvencia, revelando su experiencia en la lucha contra este delito. Y hasta los jefes policiales se mostraron correctos, cautelosos, medidos, casi irreconocibles.
La gran mayoría de los periodistas alto paranaenses también se mantuvo a la altura de la situación. Tras las muchas críticas y autocríticas por la manera en que se manejó la información en el caso anterior, esta vez se guardaron primicias sin publicar, se respetaron pactos de silencio, se trazó una prudente distancia para no acosar ni a los investigadores, ni a los familiares. Los informadores no dejaron de hacer su trabajo, solo que lo hicieron con más ética y responsabilidad.
Todo esto no quiere decir que la oleada de crimen y violencia en la frontera Este se acabe fácilmente. Hay una peligrosa sensación de inseguridad, abonada por sectores políticos retardatarios, que reclaman a gritos la militarización del Alto Paraná, como si ella pudiera ser la solución.
Esta vez se demostró que la actuación profesional de las fuerzas de seguridad es posible. Es el camino democrático institucional más correcto en un pretendido Estado de derecho.