Hace doce años que juegan a la banda guerrillera. Desde que fueron descubiertos cavando un túnel para intentar robar la sucursal del Banco Nacional de Fomento en Choré, San Pedro, en diciembre de 1997, se han adiestrado sin parar en prácticas de asaltos, secuestros y muerte, en nombre de la revolución.
Tienen en su haber 4 secuestros extorsivos (Nika Debernardi, Cecilia Cubas, Luis Lindstron y ahora Fidel Zavala Serrati); 3 asesinatos comprobados (Cecilia Cubas y los policías Andrés Brítez y Óscar Noceda); más de 6 casos de asaltos y quemas de comisarías, destacamentos y estancias (Hugua Ñandú, Kurusu de Hierro, Tacuatí, Santa Adelia, Santa Herminia) y hasta la colocación de una bomba en el baño del Palacio de Justicia, en Asunción.
Varios de sus fundadores, especialmente su "comandante en jefe", Alcides Oviedo, y su principal vocera, Carmen Villalba, están en la cárcel. Pero eso no impide que sigan dirigiendo a un furtivo grupo de hombres y mujeres que se mueven libremente por los montes de Concepción y San Pedro, sin ser detectados, y a cada tanto perpetran sus espectaculares golpes, con uniformes de combate y armas de gran poder, para disolverse otra vez en la espesura.
Hay claras evidencias de que fueron adiestrados por expertos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a quienes pagan comisiones por los rescates cobrados en cada secuestro. Se hacen llamar Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), se definen como una guerrilla "comunista, marxista leninista". Hablan de su objetivo de "tomar el poder", pero sus acciones, más que de subversión armada, hasta ahora han sido puramente delincuenciales.
Mantienen un discurso radical de violencia revolucionaria que seduce a sectores de izquierda, y está demostrado que cuentan con apoyo y simpatía de algunas organizaciones sociales y campesinas en el Norte del país.
Ni los gobiernos anteriores, ni el actual, han demostrado contar con la voluntad o la preparación suficiente para poner fin a sus acciones violentas. En el caso del Gobierno Lugo, el fracaso ha sido más estruendoso, cuando en enero de 2009, tras la quema del destacamento de Tacuatí, desplegó un costoso y gigantesco operativo policial y militar en San Pedro y Concepción, sin lograr capturar a un solo miembro del EPP, aunque obtuvo graves acusaciones de maltratos y torturas de parte de las fuerzas públicas.
Hoy el grupo se atribuye la autoría de un nuevo caso de secuestro, que conmociona al país. El Gobierno insiste en considerarlos delincuentes comunes, cuando son mucho más que eso. El enfrentamiento no se debe dar solamente en el terreno represivo, sino principalmente en el político. Y mientras se haga muy poco por combatir la dura realidad de marginación y pobreza en que sobreviven las vastas regiones que sirven de base al EPP, no será tan fácil derrotarlos.
Tienen en su haber 4 secuestros extorsivos (Nika Debernardi, Cecilia Cubas, Luis Lindstron y ahora Fidel Zavala Serrati); 3 asesinatos comprobados (Cecilia Cubas y los policías Andrés Brítez y Óscar Noceda); más de 6 casos de asaltos y quemas de comisarías, destacamentos y estancias (Hugua Ñandú, Kurusu de Hierro, Tacuatí, Santa Adelia, Santa Herminia) y hasta la colocación de una bomba en el baño del Palacio de Justicia, en Asunción.
Varios de sus fundadores, especialmente su "comandante en jefe", Alcides Oviedo, y su principal vocera, Carmen Villalba, están en la cárcel. Pero eso no impide que sigan dirigiendo a un furtivo grupo de hombres y mujeres que se mueven libremente por los montes de Concepción y San Pedro, sin ser detectados, y a cada tanto perpetran sus espectaculares golpes, con uniformes de combate y armas de gran poder, para disolverse otra vez en la espesura.
Hay claras evidencias de que fueron adiestrados por expertos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a quienes pagan comisiones por los rescates cobrados en cada secuestro. Se hacen llamar Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), se definen como una guerrilla "comunista, marxista leninista". Hablan de su objetivo de "tomar el poder", pero sus acciones, más que de subversión armada, hasta ahora han sido puramente delincuenciales.
Mantienen un discurso radical de violencia revolucionaria que seduce a sectores de izquierda, y está demostrado que cuentan con apoyo y simpatía de algunas organizaciones sociales y campesinas en el Norte del país.
Ni los gobiernos anteriores, ni el actual, han demostrado contar con la voluntad o la preparación suficiente para poner fin a sus acciones violentas. En el caso del Gobierno Lugo, el fracaso ha sido más estruendoso, cuando en enero de 2009, tras la quema del destacamento de Tacuatí, desplegó un costoso y gigantesco operativo policial y militar en San Pedro y Concepción, sin lograr capturar a un solo miembro del EPP, aunque obtuvo graves acusaciones de maltratos y torturas de parte de las fuerzas públicas.
Hoy el grupo se atribuye la autoría de un nuevo caso de secuestro, que conmociona al país. El Gobierno insiste en considerarlos delincuentes comunes, cuando son mucho más que eso. El enfrentamiento no se debe dar solamente en el terreno represivo, sino principalmente en el político. Y mientras se haga muy poco por combatir la dura realidad de marginación y pobreza en que sobreviven las vastas regiones que sirven de base al EPP, no será tan fácil derrotarlos.
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