viernes, 30 de octubre de 2009

Los otros secuestros


He recibido varias cartas de lectores que cuestionan por qué los periodistas gastamos ríos de tinta sobre el secuestro de “alguien con mucho poder económico como el ganadero Fidel Zavala”, y no decimos nada acerca de “los muchos otros secuestros, robos y asesinatos, contra humildes y anónimas personas del pueblo” que ocurren en el país.
Hago “copy paste” de algunos de los muchos artículos que escribí en esta misma columna, hace ya algún tiempo:

“La corrupción es asesina. La corrupción hoy mata con las balas de asaltantes y secuestradores, pero hace mucho que también mata sin ruido porque el dinero que podía ser destinado a hospitales, escuelas, caminos y fuentes de trabajo, va a parar a los bolsillos de autoridades, legisladores, jueces, fiscales, funcionarios, políticos y empresarios corruptos”.
“¿Ha crecido la inseguridad? En todo caso, es otra forma de inseguridad la que ha llegado y hoy golpea la puerta de viviendas residenciales, oficinas lujosas y colegios caros. Pero empecemos por admitir que la inseguridad no es solo vivir con la angustia de que una banda te pueda secuestrar a la salida de la casa, el negocio o la escuela, o que un marginal te pueda clavar un puñal para robarte la billetera en cualquier esquina”.
“La inseguridad es también no saber qué les vas a dar de comer hoy a tus hijos, no tener un médico que los atienda cuando están enfermos, no poder darles una casa digna o una buena escuela, no poder ofrecerles la posibilidad de vivir en un país donde puedan crecer con oportunidades de convertirse en personas dignas. Hace años o siglos que amplios sectores de nuestro pueblo vienen padeciendo esta otra forma de inseguridad, pero eso no es noticia en las páginas de policiales de los diarios, ni merece marcha de repudio por las calles”. (“Qué hacer”, ÚH 16 de octubre de 2004, tras el secuestro y asesinato del niño Amín Riquelme).

“Sí… hay un país que está secuestrado, y al que hasta ahora no conseguimos liberar. Un país en el que deseamos vivir sin tener que escondernos tras las rejas de nuestro hogar convertido en cárcel. Un país en el que podamos dejar a nuestros ir a la escuela o a divertirse sanamente con sus amigos, sin la angustia de creer que no regresarán. Un país en el que no tengamos que rodearnos de garitas y armas, ni caminar por las calles mirando de reojo a cada rato. Un país en donde no seamos prisioneros de nuestro propio miedo. ¿Dónde está ese país? ¿Quién lo tiene cautivo? ¿Cuál será el rescate que debemos pagar por él?”. (“El país secuestrado”, ÚH 3 de julio de 2004).

¡Liberen a Fidel Zavala!
¡Liberemos al Paraguay!

lunes, 26 de octubre de 2009

Los rostros del miedo


En Paso Barreto, en Hugua Ñandú, en Yvyraty... se respira miedo.
Los pobladores agachan la cabeza ante la llegada de cualquier extraño, huyen de la presencia de cámaras y micrófonos como si fueran signos de una peste terrorífica, y mandan a las mujeres y a los niños a encerrarse en el interior de las humildes viviendas, cerrando sus puertas y ventanas.
He recorrido en muchas ocasiones anteriores estos desolados y olvidados territorios del norte del país, y nunca antes había sentido esta especie de angustia colectiva, este no entender qué es lo que está pasando, esta forma de percibir las horas siguientes como una gran incógnita.
Veo miedo en los ojos de Sotero Jara, el laborioso poblador cuya casa está al lado de la del hoy prófugo dirigente campesino Alejandro Ramos, el que ocultó el campamento de los presuntos guerrilleros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en un pequeño bosque de su patio trasero, en Yvaroty, a solo 12 kilómetros del centro urbano de Horqueta. A Sotero se le quiebra la voz y le tiemblan las manos, no quiere dejar de ser amable con el visitante, pero no sabe cuál de sus palabras podría costarle un alto precio, solo por haber sido vecino de una realidad que todos veían, pero nadie quería ver.
Veo miedo en la mirada de Asunción Duarte, presidente de la Organización Campesina del Norte (OCN), mientras compartimos un almuerzo en un céntrico bar de Horqueta. "Ijetu'u ko asunto, ndaikatúi ha'epa la ha'eséva (es serio este asunto, no puedo decir todo lo que quiero decir)", admite, en un momento de franqueza. El gremio que dirige pasa por un delicado momento, al revelarse que algunos miembros históricos tienen fuertes relaciones con el EPP, y a él le duele que la historia de valiosas luchas del campesinado norteño sea descalificada por la acción radicalizada de unos pocos.
Hay miedo en los silencios de Cecilio Ledesma, el ganadero que accidentalmente descubrió el campamento del EPP en Horqueta, cuando seguía las huellas de su vaca robada, y la encontró convertida en charque y asado por los presuntos guerrilleros. Dijo al principio que podía reconocer a los abigeos, pero ahora cambió su versión testifical en la Fiscalía y asegura que nunca les vio los rostros.
Hay miedo en los rostros de los peones de las estancias Mabel y Rancho Z, desde que su patrón fue llevado por hombres con armas y uniforme de combate, y todos los días nos preguntan a los periodistas qué sabemos sobre el secuestro de Fidel Zavala.
Hay miedo en los rostros del escuelero Miguelito, de la lavandera Ña Jacinta, del almacenero don Mario, que se preguntan cómo pudimos llegar a esto, quien dejó que las cosas llegaran a este punto, por qué las autoridades y los políticos hablan tanto allá en Asunción, pero nadie viene aquí y hace algo para hacerles sentir menos solos y asustados, para curar esta enfermedad colectiva que se llama miedo.

Los guerrilleros secuestradores


Hace doce años que juegan a la banda guerrillera. Desde que fueron descubiertos cavando un túnel para intentar robar la sucursal del Banco Nacional de Fomento en Choré, San Pedro, en diciembre de 1997, se han adiestrado sin parar en prácticas de asaltos, secuestros y muerte, en nombre de la revolución.
Tienen en su haber 4 secuestros extorsivos (Nika Debernardi, Cecilia Cubas, Luis Lindstron y ahora Fidel Zavala Serrati); 3 asesinatos comprobados (Cecilia Cubas y los policías Andrés Brítez y Óscar Noceda); más de 6 casos de asaltos y quemas de comisarías, destacamentos y estancias (Hugua Ñandú, Kurusu de Hierro, Tacuatí, Santa Adelia, Santa Herminia) y hasta la colocación de una bomba en el baño del Palacio de Justicia, en Asunción.
Varios de sus fundadores, especialmente su "comandante en jefe", Alcides Oviedo, y su principal vocera, Carmen Villalba, están en la cárcel. Pero eso no impide que sigan dirigiendo a un furtivo grupo de hombres y mujeres que se mueven libremente por los montes de Concepción y San Pedro, sin ser detectados, y a cada tanto perpetran sus espectaculares golpes, con uniformes de combate y armas de gran poder, para disolverse otra vez en la espesura.
Hay claras evidencias de que fueron adiestrados por expertos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a quienes pagan comisiones por los rescates cobrados en cada secuestro. Se hacen llamar Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), se definen como una guerrilla "comunista, marxista leninista". Hablan de su objetivo de "tomar el poder", pero sus acciones, más que de subversión armada, hasta ahora han sido puramente delincuenciales.
Mantienen un discurso radical de violencia revolucionaria que seduce a sectores de izquierda, y está demostrado que cuentan con apoyo y simpatía de algunas organizaciones sociales y campesinas en el Norte del país.
Ni los gobiernos anteriores, ni el actual, han demostrado contar con la voluntad o la preparación suficiente para poner fin a sus acciones violentas. En el caso del Gobierno Lugo, el fracaso ha sido más estruendoso, cuando en enero de 2009, tras la quema del destacamento de Tacuatí, desplegó un costoso y gigantesco operativo policial y militar en San Pedro y Concepción, sin lograr capturar a un solo miembro del EPP, aunque obtuvo graves acusaciones de maltratos y torturas de parte de las fuerzas públicas.
Hoy el grupo se atribuye la autoría de un nuevo caso de secuestro, que conmociona al país. El Gobierno insiste en considerarlos delincuentes comunes, cuando son mucho más que eso. El enfrentamiento no se debe dar solamente en el terreno represivo, sino principalmente en el político. Y mientras se haga muy poco por combatir la dura realidad de marginación y pobreza en que sobreviven las vastas regiones que sirven de base al EPP, no será tan fácil derrotarlos.

viernes, 9 de octubre de 2009

El director mau de Itaipú


Hasta agosto de 2008, Jorge Richard Schweiss Ruiz era un cercano colaborador del gobernador de San Pedro, José Pakova Ledesma, con quien trabajaba como asesor y consultor del proyecto Fortalecimiento de la Competitividad del Sector Exportador Paraguayo (Focosep), en el segundo Departamento.
Será por eso que Pakova colocó su nombre en una lista de otros favorecidos, y en agosto de 2008 pidió a su amigo y compañero territorial de causa, el entonces recién asumido presidente Fernando Lugo, que sean nombrados como altos funcionarios de la Itaipú Binacional.
En esa lista figuraban: Alfredo Ramón Ledesma Narváez, hermano de Pakova, nombrado superintendente de Medio Ambiente; Edgar Emilio Casco Lesdesma, primo de Pakova, superintendente de Obras y Desarrollo; Calixto Saguier González, entonces aliado político de Pakova, coordinador del Parque Tecnológico, todos con un salario mensual de 22.960.100 guaraníes. Y coronando la nomina, Jorge Richard Schweiss Ruiz, director de Coordinación Ejecutiva, el cargo más importante luego del director general (Carlos Mateo Balmelli), con un salario mensual de 31.783.200 guaraníes.
Hasta aquí todo no pasaba de un posible caso de nepotismo, tráfico de influencias e injerencias políticas en la entidad binacional que administra la represa hidroeléctrica productivamente más importante del mundo. Nada que resultara extraño en Itaipú, luego de la escandalosa manera en que la manejaron los colorados, sobre todo durante la administración de Víctor Bernal, pero decepcionante para quienes esperaban un radical cambio de actitudes por parte del Gobierno Lugo.
Recientemente, el abogado Adelio Aquino, asesor de uno de los sindicatos de Itaipú, radicó una demanda ante la Fiscalía de Ciudad del Este, alegando que el rosario de títulos académicos que Schweiss presentó en su currículum ante el Congreso Nacional, para obtener la aprobación a su nombramiento, eran todos falsos.
Este jueves, la Universidad Católica confirmó a la fiscala Liz Carolina Alfonso que nunca existió el título de licenciado en Administración de Empresas que Schweiss asegura haber recibido allí en 1995. Ahora falta esperar los otros informes solicitados, a ver si su título de posgrado en Población y Desarrollo, presuntamente otorgado por la UNA, o el de doctorado PHD de la Universidad Hohenhein de Stuttgart, Alemania, son reales o también maus o truchos.
Lo que indigna no es que esta historia sea tan repetidamente similar a la de otros deplorables casos de viceministros y directores con títulos mau en la era colorada de Duarte Frutos. Lo que indigna es el cobarde silencio cómplice, por “conveniencia política”, de otros sectores del Gobierno, que a pesar de todo siguen intentando parecer distintos.

viernes, 2 de octubre de 2009

Al fin un secuestro tratado con seriedad


Se puede aprender positivamente de los errores. Las autoridades policiales, fiscales y judiciales, que esta vez manejaron con mayor seriedad, prudencia y profesionalismo, el caso del secuestro del joven Rubén Dario Vargas en Presidente Franco, así lo han demostrado.
A diferencia del caso anterior, en que otro joven alto paranaense, Juan Alberto Ortiz, resultó secuestrado y acabó trágicamente asesinado, como consecuencia de la descoordinación, imprudencia, irresponsabilidad y peleas internas entre miembros de las fuerzas de seguridad, en esta ocasión se reveló que los diversos organismos pueden trabajar juntos, manteniendo las debidas reservas para no poner en peligro la vida de la víctima.
La presencia del viceministro de Seguridad Interna, Carmelo Caballero, resultó clave para contener los característicos desbordes de algunos policías. El ex fiscal electoral es uno de los hombres más brillantes y capacitados en el esquema de seguridad del Gobierno Lugo, y tuvo ocasión de demostrarlo. La fiscala antisecuestro, María Graciela Vera Colmán, también actuó con mucha solvencia, revelando su experiencia en la lucha contra este delito. Y hasta los jefes policiales se mostraron correctos, cautelosos, medidos, casi irreconocibles.
La gran mayoría de los periodistas alto paranaenses también se mantuvo a la altura de la situación. Tras las muchas críticas y autocríticas por la manera en que se manejó la información en el caso anterior, esta vez se guardaron primicias sin publicar, se respetaron pactos de silencio, se trazó una prudente distancia para no acosar ni a los investigadores, ni a los familiares. Los informadores no dejaron de hacer su trabajo, solo que lo hicieron con más ética y responsabilidad.
Todo esto no quiere decir que la oleada de crimen y violencia en la frontera Este se acabe fácilmente. Hay una peligrosa sensación de inseguridad, abonada por sectores políticos retardatarios, que reclaman a gritos la militarización del Alto Paraná, como si ella pudiera ser la solución.
Esta vez se demostró que la actuación profesional de las fuerzas de seguridad es posible. Es el camino democrático institucional más correcto en un pretendido Estado de derecho.