Vivo o muerto

Es lo que decían los polvorientos carteles del Viejo Oeste: Wanted dead or alive (Buscado vivo o muerto). Fotos borrosas, rostros dibujados a carbón, cabezas humanas puestas a precio. Cazadores de recompensas que disparaban primero y preguntaban después. Era más seguro cobrar por cadáveres y nadie reclamaba en ese territorio sin Ley. Muerto el perro, se acabó la rabia.
El Paraguay del 2010 no es el Far West del siglo XIX, por más que a veces se le parezca. Aquí existe un Estado de Derecho y significativos avances en la legislación y la acción institucional. Aunque algún sector importante de la población aplauda con entusiasmo, no es correcto que un presidente de la República declare que la muerte del ex integrante del Ejército del Pueblo Paraguayo, Severiano Martínez, era “una noticia largamente esperada”. Ninguna muerte de un ser humano, por más peligroso criminal que se considere, debe ser noticia esperada para gobernantes de un país democrático.
Hallar y matar al prófugo fue un punto positivo para las fuerzas de seguridad, en la misión de acabar con la banda armada de secuestradores con entrenamiento guerrillero. Pero, en un país con tradición de policías de gatillo fácil, hay un error conceptual en la orden de capturarlos “vivos o muertos”.
Un instructor de Swat dijo que el mejor Grupo Comando es el que consigue atrapar vivo al más peligroso criminal y entregarlo a la Justicia. Aunque decida "no entregarse vivo", un combatiente profesional sabe “anular a un objetivo hostil sin usar fuerza letal”, disparando a puntos no vitales del cuerpo. ¿No podía ser el caso, con siete tiradores entrenados, con fusiles de asalto, chalecos anti-balas, contra un hombre con una sola pistola, mal alimentado y varios días de sobrevivir en el monte? Nadie puede ponerse en la piel de hombres en una situación límite con armas, pero el acribillamiento abre pie a teorías de ajusticiamiento, presuntas “quemas de archivos”, y pérdida de oportunidad de obtener informaciones valiosas.
Lo más preocupante es la perversa lógica instaurada del “si ellos matan… nosotros también matamos”. O la cuantificación de números de víctimas y policías asesinados contra el de delincuentes abatidos, como si se tratara de una mortal competencia. Un Estado de Derecho no puede responder con la misma técnica de los criminales, porque el respeto a la vida humana y la aplicación de la Ley es lo que lo diferencia de quienes se ponen al margen. La pérdida de nuestros familiares, amigos y conciudadanos, no dejará de dolernos. Pero en su memoria debemos exigir Justicia y no venganza.