Ciudad del Este tiene todo para convertirse en comunidad modelo: ubicación estratégica privilegiada junto al Brasil y la Argentina, buen diseño urbanístico, lindos paisajes, atractivos turísticos, valiosos recursos naturales, el comercio más dinámico y millonario, la cercanía de la represa de Itaipú, una población cosmopolita y multicultural, gente laboriosa y con ganas de salir adelante. Pero tiene un grave problema: es prisionera de un sistema político salvaje y casi caníbal, que condiciona y asfixia su vida cotidiana.
Lo que sucedió esta semana es un lamentable ejemplo. El lunes 12, la sede comunal amaneció sitiada por cerca de 200 ex empleados que integran el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Ciudad del Este (Sitramucde), quienes clausuraron calles, cerraron el tránsito e interrumpieron los servicios públicos, causando un perjuicio evaluado en 500 millones de guaraníes por la intendenta Sandra MacLeod. Exigían la reposición inmediata en los puestos de los cuales fueron despedidos hace siete años por otro intendente.
Los ex municipales son viejos conocidos por su accionar violento, porque en años anteriores ya habían mantenido a la ciudadanía en jaque con sus paros y barricadas, y en 1999 volvieron casi ingobernable la ciudad, al punto de forzar la renuncia del entonces intendente Juan Carlos Barreto.
Su sucesor Eduardo Morales, designado por la Junta, en una arriesgada acción política se amparó en que la última huelga fue declarada ilegal por la Justicia y se sacó el peso de encima: en el 2000 los despidió en forma masiva. Pero los del Sitramucde apelaron y lograron que la Corte revea el fallo. Desde entonces exigen su reposición y no aceptan negociar indemnización.
Visto de este modo, los ex empleados están luchando por un legítimo derecho. Pero quienes habitan Ciudad del Este saben que tras la ilegal acción de esta semana está la mano del oficialismo nicanorista, manejada a través de su principal caudillo en la zona, el todopoderoso director de Itaipú y candidato a senador, Víctor Bernal, con la intención de joderle la vida a su principal contrincante en la región, su otrora socio del alma, el ex intendente y también influyente caudillo regional Javier Zacarías Irún, hoy candidato a vicepresidente por la fórmula de Luis Castiglioni.
Los detalles del conflicto revelan cómo se mueven los hilos desde bambalinas. El lunes la policía de CDE cumplió una función puramente decorativa, viendo como los manifestantes cerraban calles y violaban el derecho a la libre circulación, sin intervenir. El fiscal Félix Rodríguez exhibió una orden del juez Cesar Centurión, que prohíbe manifestaciones a 200 metros de la Municipalidad, pero el jefe de policía Wenceslao Recalde, viejo zorro en estas cuestiones, dijo que él nunca se enteró.
El fiscal Rodríguez anunció que iba a ordenar la prisión del jefe policial por desacato, pero luego sufrió un súbito ataque de amnesia. Ya queríamos ver cómo iba a ser y quién iba a cumplir la presunta orden de prisión (“Arréstese a si mismo y métase en la cárcel”). La intendenta MacLeod acusó que la policía cumplía órdenes directas de Nicanor para no desalojar a los huelguistas.
Si la intención de Bernal y Nicanor era dañar la imagen de Zacarías Irún, en principio lograron un efecto contrario. La administración municipal apareció como víctima del ataque de vándalos y despertó la solidaridad ciudadana y de figuras como el obispo Rogelio Livieres Plano. Pero el miércoles 14, cerca de la medianoche, algún torpe estratega les cambió la política y la sangre casi llegó al río Paraná. Los empleados municipales, dirigidos por altos directivos de la institución, salieron con garrotes y honditas a cagar a golpes a los pocos manifestantes que se encontraban en el campamento, destrozando toldos, sillas y hasta faroles del alumbrado público, y mandando a más de uno al hospital, al mejor estilo de las célebres patotas parapoliciales de Ramón Aquino.
Como trofeo exhibieron bombas molotov, machetes, cuchillos y garrotes que capturaron en su singular cacería, como para demostrar que los violentos eran los manifestantes, y no ellos. La intendenta MacLeod desapareció del mapa y todavía no explicó si ella dio la orden, o si el patoterismo de su gente solo fue producto del excesivo entusiasmo de los muchachos. Los del Sitramucde, que ya tenían las fuerzas menguadas, encontraron el motivo que necesitaban para aparecer como víctimas, reagruparse y volver con todo al día siguiente, a cerrar otra vez calles, siempre ante la pasividad policial.
Así está Ciudad del Este: con una Municipalidad que no puede trabajar y recaudar normalmente, con una población harta de ver conflictos incontrolados y que impiden las labores cotidianas.
Es legítimo que Nicanor, Blanca y Bernal compitan electoralmente contra Castiglioni y Zacarías Irún. Lo ilegítimo es que conviertan a Ciudad del Este (y de alguna manera al resto del país) en un territorio del “todo vale”, y que para lograr sus objetivos instrumenten a la Policía, a la Justicia, y a todas las instituciones públicas, incluyendo a las de salud y educación, provocando caos y anarquía. Una lamentable muestra de cómo la política mal orientada destruye a una comunidad, en lugar de construir.
Lo que sucedió esta semana es un lamentable ejemplo. El lunes 12, la sede comunal amaneció sitiada por cerca de 200 ex empleados que integran el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Ciudad del Este (Sitramucde), quienes clausuraron calles, cerraron el tránsito e interrumpieron los servicios públicos, causando un perjuicio evaluado en 500 millones de guaraníes por la intendenta Sandra MacLeod. Exigían la reposición inmediata en los puestos de los cuales fueron despedidos hace siete años por otro intendente.
Los ex municipales son viejos conocidos por su accionar violento, porque en años anteriores ya habían mantenido a la ciudadanía en jaque con sus paros y barricadas, y en 1999 volvieron casi ingobernable la ciudad, al punto de forzar la renuncia del entonces intendente Juan Carlos Barreto.
Su sucesor Eduardo Morales, designado por la Junta, en una arriesgada acción política se amparó en que la última huelga fue declarada ilegal por la Justicia y se sacó el peso de encima: en el 2000 los despidió en forma masiva. Pero los del Sitramucde apelaron y lograron que la Corte revea el fallo. Desde entonces exigen su reposición y no aceptan negociar indemnización.
Visto de este modo, los ex empleados están luchando por un legítimo derecho. Pero quienes habitan Ciudad del Este saben que tras la ilegal acción de esta semana está la mano del oficialismo nicanorista, manejada a través de su principal caudillo en la zona, el todopoderoso director de Itaipú y candidato a senador, Víctor Bernal, con la intención de joderle la vida a su principal contrincante en la región, su otrora socio del alma, el ex intendente y también influyente caudillo regional Javier Zacarías Irún, hoy candidato a vicepresidente por la fórmula de Luis Castiglioni.
Los detalles del conflicto revelan cómo se mueven los hilos desde bambalinas. El lunes la policía de CDE cumplió una función puramente decorativa, viendo como los manifestantes cerraban calles y violaban el derecho a la libre circulación, sin intervenir. El fiscal Félix Rodríguez exhibió una orden del juez Cesar Centurión, que prohíbe manifestaciones a 200 metros de la Municipalidad, pero el jefe de policía Wenceslao Recalde, viejo zorro en estas cuestiones, dijo que él nunca se enteró.
El fiscal Rodríguez anunció que iba a ordenar la prisión del jefe policial por desacato, pero luego sufrió un súbito ataque de amnesia. Ya queríamos ver cómo iba a ser y quién iba a cumplir la presunta orden de prisión (“Arréstese a si mismo y métase en la cárcel”). La intendenta MacLeod acusó que la policía cumplía órdenes directas de Nicanor para no desalojar a los huelguistas.
Si la intención de Bernal y Nicanor era dañar la imagen de Zacarías Irún, en principio lograron un efecto contrario. La administración municipal apareció como víctima del ataque de vándalos y despertó la solidaridad ciudadana y de figuras como el obispo Rogelio Livieres Plano. Pero el miércoles 14, cerca de la medianoche, algún torpe estratega les cambió la política y la sangre casi llegó al río Paraná. Los empleados municipales, dirigidos por altos directivos de la institución, salieron con garrotes y honditas a cagar a golpes a los pocos manifestantes que se encontraban en el campamento, destrozando toldos, sillas y hasta faroles del alumbrado público, y mandando a más de uno al hospital, al mejor estilo de las célebres patotas parapoliciales de Ramón Aquino.
Como trofeo exhibieron bombas molotov, machetes, cuchillos y garrotes que capturaron en su singular cacería, como para demostrar que los violentos eran los manifestantes, y no ellos. La intendenta MacLeod desapareció del mapa y todavía no explicó si ella dio la orden, o si el patoterismo de su gente solo fue producto del excesivo entusiasmo de los muchachos. Los del Sitramucde, que ya tenían las fuerzas menguadas, encontraron el motivo que necesitaban para aparecer como víctimas, reagruparse y volver con todo al día siguiente, a cerrar otra vez calles, siempre ante la pasividad policial.
Así está Ciudad del Este: con una Municipalidad que no puede trabajar y recaudar normalmente, con una población harta de ver conflictos incontrolados y que impiden las labores cotidianas.
Es legítimo que Nicanor, Blanca y Bernal compitan electoralmente contra Castiglioni y Zacarías Irún. Lo ilegítimo es que conviertan a Ciudad del Este (y de alguna manera al resto del país) en un territorio del “todo vale”, y que para lograr sus objetivos instrumenten a la Policía, a la Justicia, y a todas las instituciones públicas, incluyendo a las de salud y educación, provocando caos y anarquía. Una lamentable muestra de cómo la política mal orientada destruye a una comunidad, en lugar de construir.
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