México en Paraguay

El senador Robert Acevedo mostrando el sitio por donde se sacan cargamentos de cocaínas, arrojados desde avionetas al aterrizar, en la cabecera del aeropuerto de Pedro Juan Caballero.

Sucedió en Colombia, sucede en México y está sucediendo cada vez más en el Norte del Paraguay: Mafias del narcotráfico que se instalan y controlan territorios enteros en zonas de frontera, ante un Estado ausente o con representantes que se dejan corromper, o no actúan por miedo.
Asesinatos y ajustes de cuentas a plena luz del día. Atentados a balazos contra periodistas o autoridades, como el caso del director propietario de radio Mburucuyá, Santiago Leguizamón (hace 19 años, crimen aún impune) o el del senador liberal Robert Acevedo, propietario de Radio Amambay, el pasado lunes, quien salvó su vida por milagro. Ambos ataques en una fecha más que simbólica: 26 de abril, Día del Periodista Paraguayo.
En el Norte de México, hace más de una década se declaró una guerra sin cuartel entre siete cárteles de la droga -Golfo, Tijuana, Sinaloa, Milenio, Oaxaca, Colima, Juárez- que en los últimos tres años provocó el asesinato de más de 15.000 personas, según informes de Amnistía Internacional.
En el Paraguay, desde los años 90, se viene registrando una guerra abierta entre organizaciones criminales brasileñas como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) por controlar la producción y la comercialización de la marihuana y el crack, en los departamentos de Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, San Pedro y Concepción, así como la recepción y la redistribución de la cocaína procedente de Bolivia, con agregado del tráfico de armas y el lavado de dinero, entre otros negocios ilícitos.
No hay datos sistematizados sobre la cantidad de asesinatos registrados en esta escalada de violencia criminal, pero ya ascienden a miles. Si le sumamos las acciones armadas del llamado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en la región, tenemos un caldo de cultivo más que preocupante. Lindo escenario para el encuentro entre el presidente paraguayo, Fernando Lugo, y su par brasileño, Lula da Silva, en la ciudad fronteriza de Ponta Porá, este lunes 3 de mayo.
Ninguno de los anteriores Gobiernos colorados que emergieron tras el derrocamiento de la dictadura stronista han querido enfrentar con firmeza a la mafia criminal del narcotráfico, quizás porque sus tentáculos llegaban (y siguen llegando) hasta la gran mayoría de las instituciones del Estado. La administración de Fernando Lugo es la primera que demuestra signos de dar una batalla más fuerte y decidida, con la aplicación del actual Estado de Excepción y el desplazamiento de fuerzas policiales y militares a la zona, pero no resultará fácil.
Hay que restablecer la presencia del Estado en ese vasto territorio sin Ley, barrer con policías, militares, aduaneros, fiscales y jueces corruptos, y desarrollar nuevos proyectos de desarrollo social para rescatar a las poblaciones de más de cien años de soledad. Desafío grande para el Gobierno, pero aun más para toda la sociedad paraguaya. ¡Hay que detener la escalada de muerte y violencia, antes de que sea muy tarde!

Traffic en la Triple Frontera

Al anochecer del miércoles 16 de setiembre, agentes del Departamento de Narcóticos de la Policía Nacional, en Ciudad del Este, habrían detenido a dos traficantes brasileños que estaban a bordo de un automóvil Renault verde, de cuyo interior decomisaron 22 kilos de cocaína y 1 kilo de crack.
Se podría considerar que fue un exitoso operativo antidroga, salvo que nunca fue reportado oficialmente. Según una denuncia a medios periodísticos locales, los traficantes fueron liberados tras pagar 30 mil dólares y la droga decomisada desapareció misteriosamente.
El irregular procedimiento provocó un escándalo interno en la Policía, causó la caída del jefe de Narcóticos, comisario José Dolores Amarilla, y el desmantelamiento de toda la oficina regional en Alto Paraná.
Amarilla comunicó públicamente su renuncia al cargo y acusó al subcomandante de la Policía Nacional, comisario César Carrillo, de haberle ordenado devolver a sus dueños la droga presuntamente incautada por sus agentes, “antes de que explote por la prensa”. Carrillo sostiene en cambio que Amarilla no renunció, sino que fue destituido por el ilegal operativo de sus subordinados.
No es el primer caso oscuro que envuelve a Narcóticos en Alto Paraná. En marzo de 2009, en ÚH publicamos otro procedimiento en que agentes detuvieron a un traficante y decomisaron de su poder un cargamento de drogas y dos ametralladoras antiaéreas robadas del Ejército, pero el caso tampoco fue reportado, las drogas y las armas desaparecieron, y una de ellas apareció vendida en Brasil.
Estos episodios, que parecen copiados del filme Traffic, de Steven Soderbergh, revelan que la corrupción caló hondo y sacan a luz la inexplicable superposición de funciones entre la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), dependiente de la Presidencia de la República, y el Departamento de Narcóticos de la Policía Nacional. Son dos organismos creados para la misma tarea, que no solamente no consiguen trabajar en forma conjunta, sino que sus integrantes se boicotean en forma permanente y se acusan unos a otros de ser cómplices de los narcos.
La mafia del narcotráfico es la que más dinero maneja y tiene un gran poder para corromper a policías, fiscales, jueces, políticos o periodistas. Los agentes, por su estilo de trabajo encubierto, son difíciles de controlar institucionalmente, lo que los vuelve altamente vulnerables a ser cooptados por los traficantes. El actual Gobierno, si de veras quiere cambiar la situación, debe asumir el gran desafío de depurar a los organismos de lucha antidrogas, poniendo fin a la absurda superposición de funciones entre la Senad y Narcóticos.