La foto desaparecida

Una imagen vale más que mil palabras. Es la trillada frase que usamos en el ambiente periodístico para explicar el inmenso poder informativo y documental que puede tener una fotografía.
Hay fotos que ayudan a derribar gobiernos dictatoriales, como la del reportero norteamericano que fotografió su propio asesinato en la Nicaragua de Somoza, y precipitó la victoria del Sandinismo. O fotos que desnudan crímenes horrendos, como la que muestra a personas tratando desesperadamente de romper las puertas cerradas del incendiado Supermercado Ycua Bolaños en el siniestro 1-A paraguayo.
Hay también fotos que provocan asesinatos. Como la que obtuvo el fotoperiodista argentino José Luis Cabezas, revelando cuál era el verdadero rostro del empresario mafioso Alfredo Yabrán en la portada de una revista, atrevimiento que hizo que Cabezas acabara quemado vivo en enero de 1997.
En Paraguay, a veinte años del asesinato del periodista Santiago Leguizamón, una sorprendente revelación sugiere que fue también una foto la que precipitó el crimen. El comunicador Vicente Brunetti asegura que, poco antes de ser asesinado, Leguizamón le mostró una foto en la que aparecen juntos el narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria, el empresario fronterizo pedrojuanino Fadh Yamil y el entonces presidente Andrés Rodríguez. Era parte de evidencias que estaba recolectando sobre los presuntos nexos del mandatario paraguayo con el narcotráfico internacional. El periodista no pudo publicar los resultados de su investigación. Fue acribillado el 26 de abril de 1991, en la frontera de Pedro Juan Caballero, y la foto nunca fue hallada.
Veinte años después, se reafirman las presunciones de que la Policía y la Justicia paraguayas, en lugar de esclarecer el crimen, se ocupó de ocultar y hacer desaparecer las pruebas.
Veinte años después, los lazos entre narcotráfico y política aparecen más visibles que nunca. Lo afirmaron la viuda y los hijos de Santiago, y lo reafirmaron los colegas Humberto Rubín y Alcibíades González Delvalle, en la noche del miércoles 27 de abril, en un panel debate en la Universidad Católica: uno de los más potenciales candidatos a presidente de la República para el 2013 fue socio comercial de los Yamil, principales sospechosos de ordenar el asesinato de Leguizamón. Y aunque ellos no dieron nombres, el empresario y candidato colorado Horacio Cartes se puso el sayo y negó las acusaciones en declaraciones al periódico digital Paraguay.com.
Veinte años después, la ciudadanía honesta del Paraguay tiene ante sí un tremendo desafío cívico: reivindicar la memoria de un valiente periodista que prefirió la muerte física a la muerte ética, y evitar electoralmente que la mafia llegue a la presidencia de la República.

Veinte años de impunidad

¿Quién diría que ya se van a cumplir veinte años, Santiago?
Veinte años desde aquella mañana en que te reías en el micrófono de la radio, en ese enlace con Ñandutí desde el Amambay, cuando Humberto pedía que te cuides ante las amenazas de muerte, y vos le respondías sin saber que tus palabras iban a quedar para siempre en el bronce: “Hay dos clases de muerte: una es la muerte material y otra es la muerte cuando uno abandonó la ética y la voluntad de trabajo. Prefiero la muerte física a la muerte ética".
Veinte años desde ese fatídico mediodía del 26 de abril de 1991, en que te despedías de los oyentes de tu programa Puertas Abiertas (sin saber que lo estabas haciendo para siempre) y subías al auto manejado por tu fiel Carapé Cabral, para dirigirte al restaurante El Pato donde los muchachos ya te estaban esperando con botellas de cerveza helada y una suculenta feijoada, sin sospechar que la muerte te aguardaba agazapada en el camino.
Veinte años desde que el siniestro Volkswagen Gol color negro, con vidrios polarizados y puerta derecha abollada, te cerró el paso en la esquina de Rodríguez de Francia y De Jesús Martínez, en plena línea internacional fronteriza entre Pedro Juan y Ponta Porá, y los tres oscuros pistoleros brasileños cegaron con 21 certeros disparos tanta pasión informativa, tanto coraje periodístico, tanta lucha democrática, tantos sueños por hacer posible un país diferente.
Veinte años de indignadas marchas de protesta y de estandartes con tu imagen. Veinte años de pronunciar discursos y depositar coronas de flores frente a tu rostro de metal. Veinte años de una niña y tres chicos que tuvieron que hacerse adultos a la fuerza con la dolorosa ausencia de papá. Veinte años de presidentes de la República y ministros de la Corte Suprema jurando en vano reabrir el caso y llevar a tus asesinos ante la Justicia, mientras dejaban que el voluminoso expediente número 70 se vaya cubriendo de polvareda y telarañas en algún neblinoso rincón de la memoria colectiva.
Veinte años desde que la mafia y el crimen organizado, junto a sus padrinos políticos, les demostraron al mundo qué fácil es asesinar a un inquisidor periodista en el Paraguay, y quedar impunes no solo durante veinte años, sino quizás para siempre. Aunque en la sangrienta y dolorosa huella de aquel crimen horrendo hayan surgido y sigan surgiendo muchos otros seguidores de aquel valiente y luminoso Santiago Leguizamón, que no aprendieron la criminal lección, e insisten tercamente en seguir cuestionando, investigando, informando, denunciando, publicando…

Aniversarios

Este 5 de enero se cumplieron diez años del asesinato del periodista Salvador Medina. El 26 de abril se cumplirán veinte años del asesinato del periodista Santiago Leguizamón. Crímenes similares pero a la vez distintos, que unen sus aniversarios en este año del Bicentenario. Una misma realidad de inseguridad para el ejercicio del periodismo en el Paraguay, pero diferentes maneras de sentir la justicia y la impunidad, el olvido y la memoria.
Salvador Medina tenía 27 años de edad y lideraba la emisora comunitaria Ñemity FM, en Capiibary, San Pedro. Con su hermano Pablo, corresponsal del diario ABC Color en la región, realizaba una insistente campaña de denuncia contra la mafia del tráfico de rollos de madera, que aniquilaban los últimos bosques vírgenes.
El 5 de enero de 2001, mientras regresaba en una motocicleta, un hombre enmascarado salió de la espesura y le disparó a quemarropa, matándolo en el acto. Empezó una enrevesada investigación, que -aún con varios puntos cuestionables- obtuvo resultados inusuales. Se logró identificar al asesino, Milciades Maylin, quien fue condenado a 25 años de prisión. Sin embargo, Pablo Medina descubrió en 2005 que Maylin caminaba libremente por las calles. Supo entonces que el asesino se había “fugado” meses atrás de la cárcel de Villarrica, pero nadie se había molestado en comunicarlo.
Recapturado Maylin, reveló a Pablo el nombre de quien le encargó el asesinato de su hermano, un conocido político colorado de la región, ligado a las mafias, pero el juicio está varado en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia desde hace más de cinco años, esperando se resuelva un pedido de revisión planteado por el defensor del detenido.
Esta semana, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó en Miami una colección de videos sobre periodistas en situación de riesgo en Paraguay. Allí, Pablo Medina cuenta que sigue recibiendo amenazas de muerte y debe movilizarse custodiado por policías, y que en el caso de Salvador solo hubo “una justicia a media”, congelada en el tiempo.El otro caso, el de Santiago Leguizamón, director de Radio Mburucuyá, asesinado el 26 de abril de 1991 en Pedro Juan Caballero, es aún más grave. Santiago denunció a una rosca mafiosa con conexiones políticas con el poder -uno de cuyos socios de entonces hoy aspira a la presidencia de la República-, y lo pagó muy caro. A veinte años del crimen, no hubo un solo detenido, y permanece en la más absoluta impunidad. Sobre el caso Leguizamón volveremos con más detalles en próximos artículos.

Kuwait en la Triple Frontera

Una batalla campal internacional se inició el pasado lunes 25 de octubre, cerca de las 9 de la mañana, en la frontera entre Paraguay y Brasil, a un kilómetro aguas abajo del Puente de la Amistad, cuando agentes de la Policía Federal brasileña empezaron a disparar desde la costa contra una embarcación que cruzaba mercaderías por el río Paraná, desde un puerto clandestino del barrio San Miguel de Ciudad del Este, en el sector ribereño popularmente conocido como Kuwait.

Ante la lluvia de disparos, la lancha de los contrabandistas retornó a la costa paraguaya, donde los tripulantes respondieron al fuego con armas automáticas, generándose un infernal tiroteo de costa a costa, de país a país, durante cerca de tres horas.
Desde el centro se escuchaba el eco sordo de los balazos, pero ni la Policía, ni las autoridades de la Fiscalía o del Poder Judicial, acudieron en el momento a verificar lo que estaba sucedieron. Un grupo de periodistas llegó hasta cierta distancia y pudo registrar escenas de mujeres y niños huyendo despavoridos, y alumnos de una escuela que rezaban con el miedo en sus rostros.
Cuando todo terminó, hubo varios relatos anónimos sobre lo sucedido, pero nadie quiso asumir una denuncia oficial y menos dar entrevistas. Se supo que dos de los tripulantes de la lancha resultaron heridos por los balazos, y recién al día siguiente la Policía obtuvo sus identidades: Padero Alderete Gaona y Roberto Ruda, brasileños que residían ilegalmente en el lugar, sin documentos de identidad. Para entonces, ambos ya habían desaparecido.
Las paredes de las humildes casas ribereñas exhiben sus mordeduras de balas, tanto por lo sucedido ese lunes, como de otros incidentes anteriores. Los moradores han aprendido a convivir con la existencia de los puertos clandestinos, que operan principalmente en la oscuridad de la noche, pero ahora están preocupados de que ya lo hagan a plena luz del día. Irónicamente llamaron Kuwait a su barrio, pero ahora temen que ese nombre que evoca a un lejano escenario bélico, se les vuelva una realidad cotidiana.
¿Puede la policía brasileña disparar impunemente desde la costa del vecino país hacía un sector marginal densamente poblado en territorio paraguayo, sin que eso signifique un incidente internacional, una violación de la soberanía, por más contrabando que lo justifique? Aquí, hasta ahora, nadie ha reclamado por eso. Los puertos clandestinos mueven mucho dinero y son parte fundamental del engranaje de la economía fronteriza.

Se venden niñas, tratar en Paraguay

Este jueves, 23 de setiembre, se “celebró” el Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Personas. No faltaron los discursos y mensajes oficiales sobre el “arduo e interesante trabajo” que presuntamente se realiza desde organismos del Estado paraguayo para erradicar este aberrante delito, considerado el tercer negocio criminal más lucrativo en el mundo, luego del tráfico de drogas y de armas.

Hay mucha mentira e hipocresía en este tema. Se gastan millones en realizar congresos, seminarios, conferencias, estudios, encuestas, investigaciones, confeccionar y distribuir publicaciones, carpetas, folletos, afiches, cedés y devedés promocionales… que repiten lo mismo de siempre, pero casi nada se hace para atacar los puntos críticos de la frontera por donde numerosas niñas y adolecentes mujeres paraguayas siguen siendo llevadas ilegalmente, para ser sometidas a una inhumana explotación sexual en los burdeles y prostíbulos de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, México, Estados Unidos y España, principalmente.
Me ha tocado acompañar a equipos de medios periodísticos internacionales, como Televisión Española (TVE) y el canal estadounidense Infinito, que vinieron en estos días al Paraguay, siguiendo la huella de una serie investigativa que hicimos en Última Hora sobre la trata en la Triple Frontera. Por la dura realidad de pobreza y de ignorancia en que viven miles de familias, nuestro país tiene hoy como un inmenso cartel internacional que dice: “Se venden niñas, tratar en Paraguay”.
Les pude mostrar a los colegas que aquella realidad que expusimos en ÚH, en enero del 2008, no ha variado absolutamente nada: por solo 8.000 guaraníes o 5 pesos es posible hacer pasar ilegalmente a una niña en canoa a través del río fronterizo, desde las costas paraguayas del Sur del Alto Paraná (Península, Cedrales, Puerto Irala, Bertoni, Paranambú), sin que funcionarios de Policía, Marina o Migraciones controlen documentos. Lo que si piden, apenas huelen que hay tráfico ilícito, es la correspondiente coima.
Hace pocas semanas, los miembros del Centro de Atención, Prevención y Acompañamiento a Niñas, Niños y Adolescentes (Ceapra), la única organización no gubernamental que mantiene un hogar para víctimas menores de la trata en todo el Paraguay, fueron desalojados del local que ocupaban en el barrio Boquerón de Ciudad del Este, porque ya no tenían para pagar el alquiler. La Organización Internacional de Migraciones (OIM) les cortó la única ayuda financiera que recibían. La Secretaría de la Mujer y la Itaipú Binacional les prometieron ayuda, pero hasta ahora… nada. Allí andan, en otra casa prestada, donde no saben hasta cuándo podrán permanecer.

Locos por las armas

Tras un trágico “accidente” que cobró la vida de un chico en el barrio San Miguel de Ciudad del Este, envolviendo en un horrible drama a la familia de una querida amiga, conocí con horror la última diversión de moda entre los jóvenes: El juego de la “ruleta rusa”, un revólver cargado con una sola bala, a la que hacen girar el tambor y luego aprietan el gatillo apuntando al jugador de enfrente, con apuestas en dinero a ver si se dispara o no.
El episodio no es aislado, sino la manifestación sintomática de un país que arrastra una larga tradición de culto al mbokapu, donde impera un impune tráfico ilícito que mueve millones, ligado al narcotráfico, especialmente en zonas fronterizas de Ciudad del Este, Salto del Guairá y Pedro Juan Caballero, donde las armas se venden como si fueran caramelos.Escribo este artículo desde Montevideo, Uruguay, en un seminario convocado por la Fundación del Premio Nobel de la Paz costarricense Oscar Arias, en donde me toca exponer resultados preliminares de una investigación sobre tráfico de armas en Paraguay, que realizamos con la abogada Yenny Villalba.
Sobre estadísticas de la Policía Federal brasileña, que en dos años decomisó 20.000 armas introducidas ilegalmente por Ciudad del Este, es posible cuantificar que se trafican 30.000 armas de fuego por año desde el Paraguay, especialmente con destino a organizaciones criminales brasileñas como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV).
En este seminario accedemos a nuevos y preocupantes datos oficiales. Diana Vargas, directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, revela que en el Paraguay hay 700.000 armas no registradas en poder de ciudadanos. El teniente coronel Oscar Villagra, de la Dirección de Material Bélico de las Fuerzas Armadas (Dimabel), indica que sólo 288.887 personas han registrados sus armas, y reconoce la dificultad de controlar la venta y el uso. El director de operaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Miguel Chaparro, muestra como los narcotraficantes adquieren con suma facilidad en el mercado negro poderosas armas de guerra, desde fusiles de asalto hasta ametralladores y cañones anti-aéreos.
Paraguay mantiene una tasa de homicidio de entre 12 y 13 por cada 100.000 habitantes, que según índices de la Organización Mundial de la Salud es calificada como epidémica, ya que lo normal es de 0 a 5. Otro factor alarmante es que hay 210 empresas privadas de seguridad registradas, que emplean a 24.000 guardias privados, más que el doble de los 10.000 policías operativos.Un punto muy positivo expuesto por los representantes del Gobierno es que existen acciones en marcha para ejercer un mayor control y reducir el tráfico y transferencia de armas.
Pero Paraguay aparece muy detrás de experiencias comunitarias de entrega y destrucción de armas que se llevan a cabo en países como la Argentina. Aquí, por el contrario: una donación de explosivos c-4 de Estados Unidos para destruir armamento obsoleto de las Fuerzas Armadas acabó siendo robado y ofertado en el mercado negro, junto a las armas que se debían destruir.

México en Paraguay

El senador Robert Acevedo mostrando el sitio por donde se sacan cargamentos de cocaínas, arrojados desde avionetas al aterrizar, en la cabecera del aeropuerto de Pedro Juan Caballero.

Sucedió en Colombia, sucede en México y está sucediendo cada vez más en el Norte del Paraguay: Mafias del narcotráfico que se instalan y controlan territorios enteros en zonas de frontera, ante un Estado ausente o con representantes que se dejan corromper, o no actúan por miedo.
Asesinatos y ajustes de cuentas a plena luz del día. Atentados a balazos contra periodistas o autoridades, como el caso del director propietario de radio Mburucuyá, Santiago Leguizamón (hace 19 años, crimen aún impune) o el del senador liberal Robert Acevedo, propietario de Radio Amambay, el pasado lunes, quien salvó su vida por milagro. Ambos ataques en una fecha más que simbólica: 26 de abril, Día del Periodista Paraguayo.
En el Norte de México, hace más de una década se declaró una guerra sin cuartel entre siete cárteles de la droga -Golfo, Tijuana, Sinaloa, Milenio, Oaxaca, Colima, Juárez- que en los últimos tres años provocó el asesinato de más de 15.000 personas, según informes de Amnistía Internacional.
En el Paraguay, desde los años 90, se viene registrando una guerra abierta entre organizaciones criminales brasileñas como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) por controlar la producción y la comercialización de la marihuana y el crack, en los departamentos de Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, San Pedro y Concepción, así como la recepción y la redistribución de la cocaína procedente de Bolivia, con agregado del tráfico de armas y el lavado de dinero, entre otros negocios ilícitos.
No hay datos sistematizados sobre la cantidad de asesinatos registrados en esta escalada de violencia criminal, pero ya ascienden a miles. Si le sumamos las acciones armadas del llamado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en la región, tenemos un caldo de cultivo más que preocupante. Lindo escenario para el encuentro entre el presidente paraguayo, Fernando Lugo, y su par brasileño, Lula da Silva, en la ciudad fronteriza de Ponta Porá, este lunes 3 de mayo.
Ninguno de los anteriores Gobiernos colorados que emergieron tras el derrocamiento de la dictadura stronista han querido enfrentar con firmeza a la mafia criminal del narcotráfico, quizás porque sus tentáculos llegaban (y siguen llegando) hasta la gran mayoría de las instituciones del Estado. La administración de Fernando Lugo es la primera que demuestra signos de dar una batalla más fuerte y decidida, con la aplicación del actual Estado de Excepción y el desplazamiento de fuerzas policiales y militares a la zona, pero no resultará fácil.
Hay que restablecer la presencia del Estado en ese vasto territorio sin Ley, barrer con policías, militares, aduaneros, fiscales y jueces corruptos, y desarrollar nuevos proyectos de desarrollo social para rescatar a las poblaciones de más de cien años de soledad. Desafío grande para el Gobierno, pero aun más para toda la sociedad paraguaya. ¡Hay que detener la escalada de muerte y violencia, antes de que sea muy tarde!

Al fin un secuestro tratado con seriedad

Se puede aprender positivamente de los errores. Las autoridades policiales, fiscales y judiciales, que esta vez manejaron con mayor seriedad, prudencia y profesionalismo, el caso del secuestro del joven Rubén Dario Vargas en Presidente Franco, así lo han demostrado.
A diferencia del caso anterior, en que otro joven alto paranaense, Juan Alberto Ortiz, resultó secuestrado y acabó trágicamente asesinado, como consecuencia de la descoordinación, imprudencia, irresponsabilidad y peleas internas entre miembros de las fuerzas de seguridad, en esta ocasión se reveló que los diversos organismos pueden trabajar juntos, manteniendo las debidas reservas para no poner en peligro la vida de la víctima.
La presencia del viceministro de Seguridad Interna, Carmelo Caballero, resultó clave para contener los característicos desbordes de algunos policías. El ex fiscal electoral es uno de los hombres más brillantes y capacitados en el esquema de seguridad del Gobierno Lugo, y tuvo ocasión de demostrarlo. La fiscala antisecuestro, María Graciela Vera Colmán, también actuó con mucha solvencia, revelando su experiencia en la lucha contra este delito. Y hasta los jefes policiales se mostraron correctos, cautelosos, medidos, casi irreconocibles.
La gran mayoría de los periodistas alto paranaenses también se mantuvo a la altura de la situación. Tras las muchas críticas y autocríticas por la manera en que se manejó la información en el caso anterior, esta vez se guardaron primicias sin publicar, se respetaron pactos de silencio, se trazó una prudente distancia para no acosar ni a los investigadores, ni a los familiares. Los informadores no dejaron de hacer su trabajo, solo que lo hicieron con más ética y responsabilidad.
Todo esto no quiere decir que la oleada de crimen y violencia en la frontera Este se acabe fácilmente. Hay una peligrosa sensación de inseguridad, abonada por sectores políticos retardatarios, que reclaman a gritos la militarización del Alto Paraná, como si ella pudiera ser la solución.
Esta vez se demostró que la actuación profesional de las fuerzas de seguridad es posible. Es el camino democrático institucional más correcto en un pretendido Estado de derecho.

Traffic en la Triple Frontera

Al anochecer del miércoles 16 de setiembre, agentes del Departamento de Narcóticos de la Policía Nacional, en Ciudad del Este, habrían detenido a dos traficantes brasileños que estaban a bordo de un automóvil Renault verde, de cuyo interior decomisaron 22 kilos de cocaína y 1 kilo de crack.
Se podría considerar que fue un exitoso operativo antidroga, salvo que nunca fue reportado oficialmente. Según una denuncia a medios periodísticos locales, los traficantes fueron liberados tras pagar 30 mil dólares y la droga decomisada desapareció misteriosamente.
El irregular procedimiento provocó un escándalo interno en la Policía, causó la caída del jefe de Narcóticos, comisario José Dolores Amarilla, y el desmantelamiento de toda la oficina regional en Alto Paraná.
Amarilla comunicó públicamente su renuncia al cargo y acusó al subcomandante de la Policía Nacional, comisario César Carrillo, de haberle ordenado devolver a sus dueños la droga presuntamente incautada por sus agentes, “antes de que explote por la prensa”. Carrillo sostiene en cambio que Amarilla no renunció, sino que fue destituido por el ilegal operativo de sus subordinados.
No es el primer caso oscuro que envuelve a Narcóticos en Alto Paraná. En marzo de 2009, en ÚH publicamos otro procedimiento en que agentes detuvieron a un traficante y decomisaron de su poder un cargamento de drogas y dos ametralladoras antiaéreas robadas del Ejército, pero el caso tampoco fue reportado, las drogas y las armas desaparecieron, y una de ellas apareció vendida en Brasil.
Estos episodios, que parecen copiados del filme Traffic, de Steven Soderbergh, revelan que la corrupción caló hondo y sacan a luz la inexplicable superposición de funciones entre la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), dependiente de la Presidencia de la República, y el Departamento de Narcóticos de la Policía Nacional. Son dos organismos creados para la misma tarea, que no solamente no consiguen trabajar en forma conjunta, sino que sus integrantes se boicotean en forma permanente y se acusan unos a otros de ser cómplices de los narcos.
La mafia del narcotráfico es la que más dinero maneja y tiene un gran poder para corromper a policías, fiscales, jueces, políticos o periodistas. Los agentes, por su estilo de trabajo encubierto, son difíciles de controlar institucionalmente, lo que los vuelve altamente vulnerables a ser cooptados por los traficantes. El actual Gobierno, si de veras quiere cambiar la situación, debe asumir el gran desafío de depurar a los organismos de lucha antidrogas, poniendo fin a la absurda superposición de funciones entre la Senad y Narcóticos.

Madrugada en la tierra de nadie

¿Cómo es despertarse súbitamente en el frío cortante de la madrugada, con una lluvia de balas martillando las paredes de tu casa?
Al periodista Santiago Benítez todavía se le quiebra la voz cuando relata las horas de horror que le tocó padecer con su familia, el pasado domingo 21 de junio, cerca de las 5:00 a.m., cuando manos anónimas dispararon desde las sombras contra su vivienda, en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Nueve balazos quedaron incrustados en las paredes, huellas lacerantes de la violencia criminal y la estructural impunidad.
En el subconsciente colectivo volvieron, inevitables, los trágicos recuerdos de lo sucedido con otro periodista, también llamado Santiago, hace 18 años, entonces director propietario de ZP 31 Radio Mburucuyá, la misma emisora en la que hoy su tocayo y discípulo desarrolla su labor profesional.
Aquel 26 de abril de 1991, al mediodía, en la exacta línea fronteriza entre Pedro Juan (Paraguay) y Ponta Porá (Brasil), la llamada “tierra de nadie”, tres sicarios dispararon 21 certeros balazos contra el vehículo de Santiago Leguizamón, apagando una voz valiente que se atrevió a soñar con un Amambay distinto, de trabajo y desarrollo, libre de oscuros amos del narcotráfico. La Justicia paraguaya nunca pudo (o nunca quiso) aclarar el crimen, que continúa alevosamente impune.
El ataque de esta semana, contra el otro Santiago, fue un aviso, una amenaza, un “estate quieto”. Cuando la mafia dispara a matar, nunca yerra el blanco. El colega Benítez estaba divulgando demasiadas noticias molestas, mientras se preguntaba por qué las autoridades nacionales, y sobre todo policiales, permiten que Pedro Juan sea escenario de una sangrienta batalla entre el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), las dos organizaciones criminales brasileñas que han plantado su bandera en territorio paraguayo.
“La Policía Nacional, con personal corrupto en sus filas, no tiene las más mínimas condiciones de brindar seguridad a nadie. Muy por el contrario, la tan añorada seguridad la tienen los delincuentes, que a cambio de sumas semanales de dinero, están enterados de todos los movimientos que realiza la Policía Nacional” dice un pronunciamiento de los comunicadores pedrojuaninos, nucleados en la filial Amambay del Sindicato de Periodistas del Paraguay.
Santiago Benítez hoy quiere abandonar Amambay, por su propia seguridad y la de su familia. Sería un grave retroceso, una victoria de la mafia. Santiago y los demás periodistas de la región cumplen un importante rol social al mantener viva la voz de la población, y deben recibir el más fuerte respaldo de todas las instituciones democráticas para seguir desarrollando su valiosa labor, con las máximas condiciones de seguridad y protección.

Contrabando y política

“Yo soy comerciante, no soy contrabandista”, me aclaró Evaristo Ríos, luego de relatar cómo realizó varios vuelos en su avioneta, ingresando ilegalmente partidas de cigarrillos a la Argentina, cargas presuntamente pertenecientes al actual director de Yacyretá, ingeniero Carlos Cardozo.

Quise saber cómo se llama entonces al hecho de introducir cigarrillos a un país vecino, sin pagar impuestos, y él me explicó: “El contrabando se cometió en otro país, no en Paraguay. Nosotros llevamos una carga con factura legal, de una manufactura que expedía todo en regla”.

Años atrás había escuchado la misma explicación por parte del caudillo colorado Reinerio Santacruz, dueño de varias tabacaleras en el Este, cuando le pregunté cómo se sentía al ser acusado de contrabandista. “Yo no hago contrabando. Yo fabrico cigarrillos y los vendo legalmente en el Paraguay, pagando todos mis impuestos. Ahora, si mis productos aparecen al otro lado de la frontera… ¡yo no tengo la culpa!”, me dijo.

Cuando el colega Roberto Sosa entrevistó a Evaristo Ríos el jueves a la mañana, en radio Cardinal, para preguntarle si el avión Cesna 180, que cayó detenido el 13 de julio de 2005 en Corrientes, Argentina, con 1.659 cajas de cigarrillos, pilotado por el coronel Lorenzo Benítez Liseras (el mismo al que el presidente Lugo visitó subrepticiamente el miércoles y lo reincorporó a la milicia, a pesar de estar condenado por contrabando), era de su propiedad, Ríos contestó que sí.

Cuando Roberto le preguntó de quién era la carga aprehendida, Ríos largó la bomba: “Nosotros trabajábamos con el ingeniero Cardozo, por decirlo así, hacíamos contrabando de cigarrillos”.

Tras una afanosa búsqueda, llegué a su casa, en el Área 5 de Presidente Franco, el jueves a la tarde. La misma residencia en la que estuvo el entonces candidato presidencial Fernando Lugo en el 2007, cuando se formó la primera directiva de Tekojoja Alto Paraná. Allí Carlos Cardozo fue elegido secretario general, y Evaristo Ríos secretario de finanzas. Es decir: Ríos manejaba las finanzas del movimiento político referente del actual presidente de la República.

Me concedió la entrevista con amabilidad, aunque luego ya no quiso hablar con otros medios. No tengo pruebas de que las acusaciones de Ríos contra Cardozo sean verdad, pero sus palabras están allí, registradas en el grabador. Dirigentes de Tekojoja Alto Paraná confirman que estas mismas denuncias las hizo hace un año, en Asunción, ante los máximos directivos de la organización política, aunque ahora estos aseguren desconocer a Ríos.

Encontrar vínculos entre contrabando y política en los Gobiernos colorados resultaba algo casi natural. Pero comprobarlo en el entorno de un Gobierno que se embandera con las mejores esperanzas del cambio, resulta decepcionante. ¿A usted no?