Tras un trágico “accidente” que cobró la vida de un chico en el barrio San Miguel de Ciudad del Este, envolviendo en un horrible drama a la familia de una querida amiga, conocí con horror la última diversión de moda entre los jóvenes: El juego de la “ruleta rusa”, un revólver cargado con una sola bala, a la que hacen girar el tambor y luego aprietan el gatillo apuntando al jugador de enfrente, con apuestas en dinero a ver si se dispara o no.
El episodio no es aislado, sino la manifestación sintomática de un país que arrastra una larga tradición de culto al mbokapu, donde impera un impune tráfico ilícito que mueve millones, ligado al narcotráfico, especialmente en zonas fronterizas de Ciudad del Este, Salto del Guairá y Pedro Juan Caballero, donde las armas se venden como si fueran caramelos.Escribo este artículo desde Montevideo, Uruguay, en un seminario convocado por la Fundación del Premio Nobel de la Paz costarricense Oscar Arias, en donde me toca exponer resultados preliminares de una investigación sobre tráfico de armas en Paraguay, que realizamos con la abogada Yenny Villalba.
Sobre estadísticas de la Policía Federal brasileña, que en dos años decomisó 20.000 armas introducidas ilegalmente por Ciudad del Este, es posible cuantificar que se trafican 30.000 armas de fuego por año desde el Paraguay, especialmente con destino a organizaciones criminales brasileñas como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV).
En este seminario accedemos a nuevos y preocupantes datos oficiales. Diana Vargas, directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, revela que en el Paraguay hay 700.000 armas no registradas en poder de ciudadanos. El teniente coronel Oscar Villagra, de la Dirección de Material Bélico de las Fuerzas Armadas (Dimabel), indica que sólo 288.887 personas han registrados sus armas, y reconoce la dificultad de controlar la venta y el uso. El director de operaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Miguel Chaparro, muestra como los narcotraficantes adquieren con suma facilidad en el mercado negro poderosas armas de guerra, desde fusiles de asalto hasta ametralladores y cañones anti-aéreos.
Paraguay mantiene una tasa de homicidio de entre 12 y 13 por cada 100.000 habitantes, que según índices de la Organización Mundial de la Salud es calificada como epidémica, ya que lo normal es de 0 a 5. Otro factor alarmante es que hay 210 empresas privadas de seguridad registradas, que emplean a 24.000 guardias privados, más que el doble de los 10.000 policías operativos.Un punto muy positivo expuesto por los representantes del Gobierno es que existen acciones en marcha para ejercer un mayor control y reducir el tráfico y transferencia de armas.
Pero Paraguay aparece muy detrás de experiencias comunitarias de entrega y destrucción de armas que se llevan a cabo en países como la Argentina. Aquí, por el contrario: una donación de explosivos c-4 de Estados Unidos para destruir armamento obsoleto de las Fuerzas Armadas acabó siendo robado y ofertado en el mercado negro, junto a las armas que se debían destruir.
El episodio no es aislado, sino la manifestación sintomática de un país que arrastra una larga tradición de culto al mbokapu, donde impera un impune tráfico ilícito que mueve millones, ligado al narcotráfico, especialmente en zonas fronterizas de Ciudad del Este, Salto del Guairá y Pedro Juan Caballero, donde las armas se venden como si fueran caramelos.Escribo este artículo desde Montevideo, Uruguay, en un seminario convocado por la Fundación del Premio Nobel de la Paz costarricense Oscar Arias, en donde me toca exponer resultados preliminares de una investigación sobre tráfico de armas en Paraguay, que realizamos con la abogada Yenny Villalba.
Sobre estadísticas de la Policía Federal brasileña, que en dos años decomisó 20.000 armas introducidas ilegalmente por Ciudad del Este, es posible cuantificar que se trafican 30.000 armas de fuego por año desde el Paraguay, especialmente con destino a organizaciones criminales brasileñas como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV).
En este seminario accedemos a nuevos y preocupantes datos oficiales. Diana Vargas, directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, revela que en el Paraguay hay 700.000 armas no registradas en poder de ciudadanos. El teniente coronel Oscar Villagra, de la Dirección de Material Bélico de las Fuerzas Armadas (Dimabel), indica que sólo 288.887 personas han registrados sus armas, y reconoce la dificultad de controlar la venta y el uso. El director de operaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Miguel Chaparro, muestra como los narcotraficantes adquieren con suma facilidad en el mercado negro poderosas armas de guerra, desde fusiles de asalto hasta ametralladores y cañones anti-aéreos.
Paraguay mantiene una tasa de homicidio de entre 12 y 13 por cada 100.000 habitantes, que según índices de la Organización Mundial de la Salud es calificada como epidémica, ya que lo normal es de 0 a 5. Otro factor alarmante es que hay 210 empresas privadas de seguridad registradas, que emplean a 24.000 guardias privados, más que el doble de los 10.000 policías operativos.Un punto muy positivo expuesto por los representantes del Gobierno es que existen acciones en marcha para ejercer un mayor control y reducir el tráfico y transferencia de armas.
Pero Paraguay aparece muy detrás de experiencias comunitarias de entrega y destrucción de armas que se llevan a cabo en países como la Argentina. Aquí, por el contrario: una donación de explosivos c-4 de Estados Unidos para destruir armamento obsoleto de las Fuerzas Armadas acabó siendo robado y ofertado en el mercado negro, junto a las armas que se debían destruir.
