No se metan con el guaraní

La caudalosa polémica provocada por los desafortunados tuiteos (mensajes en la red social Twitter) de la locutora de Radio Venus, Carmiña Masi, alabando a una presunta prohibición del idioma guaraní por parte de los directivos del Sistema Nacional de Televisión (SNT), sirvió para algo bueno: ayudó a alejar cualquier amenaza de proscripción de nuestro lenguaje nativo en los medios masivos de comunicación, y reflotó un sentimiento colectivo de defensa y revalorización de un elemento cultural que permanece tan vivo, pero sigue siendo objeto de discriminación, desvalorización y prejuicios por parte de algunos sectores.
No quedó claro si realmente hubo una orden del responsable de prensa del medio televisivo, el argentino Jorge Pizarro, prohibiendo que los periodistas hagan reportajes en idioma guaraní, pues la primera información que divulgó el diario Popular no tenía fuentes responsables identificadas. Ante el desmentido de Pizarro, ningún trabajador del canal avaló públicamente la denuncia, aunque en un reportaje del periódico digital E’a se afirma que periodistas del SNT confirmaron “of the record” que hubo una reunión el 9 de abril, entre Pizarro y el plantel periodístico, en la que el argentino “dio instrucciones de que se evitarán las notas periodísticas habladas en guaraní, y que en último caso, si es inevitable el uso de este idioma, se procediera a su traducción y sub titulación para su publicación en el noticiero y en los programas”.
Tras la repulsa mediática, fue positivo ver como varios animadores televisivos se esforzaban por intentar demostrar que sabían hablar guaraní. También es destacable el pedido público de disculpas de la locutora Masi. Es cierto que uno tiene todo el derecho a expresar su opinión (como los demás tienen de responderle), pero hay cuestiones que tienen que ver con el sentimiento cultural de un pueblo, que exigen una mínima actitud de respeto de quien pretende ejercer el rol de comunicador social. Ojalá realmente haya aprendido una importante lección.
En medio de la hojarasca de opiniones, han resurgido viejos prejuicios, como de que el uso del guaraní entorpece y atrasa nuestro desarrollo como pueblo. Japoina. Lo que nos atrasa no es el guaraní. Lo que nos atrasa es la corrupción, es la pobreza y la ignorancia que corrupción genera, es la mediocridad y la ineficiencia de la mayoría de nuestros políticos y de nuestras autoridades. Por el contrario: el guaraní nos mantiene culturalmente unidos y en resistencia contra este atraso.

Los indígenas sojeros

Después de haber leído tantos libros e investigaciones que aseguran que el cultivo de la soja produce riqueza solo para unos pocos empresarios rurales, en su mayoría extranjeros, mientras condena a una gran masa de campesinos e indígenas a sobrevivir en la miseria, cuesta entender una experiencia como la de los Aché de Puerto Barra Tapyi, Alto Paraná, que han encontrado justamente en la producción agrícola mecanizada de la oleaginosa el medio para construir su prosperidad y salir del atraso, sin renunciar a la esencia de su cultura y su identidad como pueblo originario.
Este miércoles 9 de marzo nos tocó participar del ritual de celebración de la cosecha en los campos de la comunidad, a 130 kilómetros al Sur de Ciudad del Este, y fue llamativo verlos con los rostros cubiertos por sus tradicionales pinturas de fiesta, cantando un himno primordial en lengua Aché, mientras tres potentes y modernas máquinas cosechadoras recolectaban hasta 4.200 kilos por hectárea de las 100 cultivadas de soja, en un rendimiento que les permitirá obtener cerca de 300 mil dólares para las 38 familias asentadas.
Han tenido que pasar más de 35 años desde que sus antepasados eran perseguidos y cazados como animales en los montes del Alto Paraná, cuando los patrones de obrajes ofrecían sumas de dinero por cada cabeza de “indio guayakí” muerto. El anciano José Kuategi, guardián de la memoria de su pueblo, todavía tiembla cuando recuerda los horrores de los últimos 28 indígenas Aché que salieron del monte, desnudos y atados con sogas, temidos como enemigos peligrosos.
Pero la solidaridad de una familia misionera les ayudó a encontrar un refugio a orillas del río Ñacunday, donde hoy mantienen una comunidad modelo en unas 850 hectáreas de tierra recuperada y asegurada, en donde guardan reservas de bosques para enseñarles a sus hijos como era vivir en el monte, pero a la vez aprenden a manejar la computadora conectada a internet, y a desarrollar 240 hectáreas de agricultura de renta, combinada con rubros de consumo, manejando sus propios tractores y sembradoras mecánicas.
Hay varios interesantes aspectos a ser estudiados en esta rica experiencia que rompe esquemas y teorías. Indígenas que no tienen niños mendigando en las calles, y mantienen con orgullo la esencia de su cultura originaria. ¿Acaso haberse convertido en sojeros incorpora a los Aché al sistema capitalista, cuando el dinero que obtienen con su laboriosidad productiva es re-distribuido comunitariamente, y una gran parte se destina a mejorar los servicios sociales: salud, educación, comedor colectivo...?

La dignidad de los Aché

La caja de cartón estaba allí, en el despacho de la fiscala María del Carmen Meza, en Iruña, a 115 kilómetros al Sur de Ciudad del Este. En su interior había varios paquetes de medicamentos, antiparasitarios, antigripales, antibióticos y expectorantes. Era la mañana del miércoles 12 de enero. Un tibio rayo de sol se colaba entre las persianas. José Onegi, Lorenzo Puapirangi, Felipe Brevigi Kajapukuji y Hugo Airaji, representantes de la comunidad indígena Aché de Puerto Barra, Alto Paraná, escuchaban atentamente lo que les relataba la agente fiscal.
El diputado liberal por Alto Paraná, Nelson Segovia Duarte, había estado en esa misma oficina el día anterior y dejado para ellos la caja de medicamentos, en concepto de donación, buscando “un arreglo amistoso” tras el incidente en que el legislador fue descubierto por los indígenas, cuando se hallaba cazando ilegalmente en sus tierras, en la madrugada del 31 de diciembre.
Los Aché se miraron. Esos medicamentos iban a ser muy útiles para la humilde farmacia de la comunidad. Pero no. Con un simple gesto se pusieron de acuerdo. Entonces José Onegi comunicó que no iban a retirar la donación. “Nuestra dignidad no se compra con una caja de medicamentos”, explicó.

Los Aché de Puerto Barra tienen una larga historia de superar adversidades. Hasta hace poco, sus padres y abuelos eran cazados como animales en los montes del Alto Paraná. Tras larga lucha, conquistaron las 850 hectáreas de tierra en que están asentados, donde hoy muestran cómo son capaces de conciliar su cultura ancestral con los desafíos de la modernidad, al haberse convertido en exitosos productores de soja y maíz, sin alterar su modo de vida ni destruir el medio ambiente.

El 30 de diciembre fueron premiados como Destacados 2010 por el diario Última Hora. Esa misma noche, el eco de disparos los despertó. Se dirigieron presurosos al río Ñacunday, donde hallaron al diputado Segovia y a dos acompañantes, con escopetas de caza y ejemplares muerto de coati y pato silvestre, a bordo de una lancha.

Hicieron la denuncia a la Comisaria de Naranjal. Los policías liberaron a los cazadores furtivos y olvidaron comunicar el procedimiento. Cuando la prensa requirió sobre el caso, lo negaron. Pero los indígenas habían registrado lo sucedido en una serie de 42 fotografías, que entregaron a los medios. Cuatro días después se tuvo que abrir una carpeta fiscal por presuntos delitos contra el Medio Ambiente y el acta de la intervención policial apareció milagrosamente, aunque fechado en diciembre 2011, y negando que había animales silvestres cazados.
Habrá que ver qué decide la Justicia en este caso. Pero los indígenas Aché ya nos han dado una gran lección: La dignidad no se compra con una caja de medicamentos.

Los indeseables

Sobreviven desde hace tres o cuatro años en míseras chozas de hule y cartón levantadas en las veredas, arrinconadas contra la alambrada de un gran terreno baldío, en los costados de la Terminal de Ómnibus de Ciudad del Este, y otro grupo junto a la valla del Centro Regional de Educación.
Son cerca de 170 personas, principalmente mujeres, niños y adolescentes, pertenecientes a las etnias Mbya Guaraní y Ava Guaraní, que han ido llegando desde dispersas comunidades de Caaguazú y Caazapá, huyendo de la miseria y del olvido en sus antiguas tierras arrasadas, hasta recalar y constituir sus precarias “tolderías urbanas” en el paisaje esteño. De allí han sido desalojados con la fuerza policial y llevados en camiones hasta sus lugares de origen, más de una vez, pero siempre acaban volviendo, porque alegan que en el campo morirán de hambre. En la ciudad al menos pueden mendigar, o robar, o prostituirse.
Son mirados como “enemigos públicos”, indeseables invasores del espacio público urbano. Este jueves 18, más de 500 personas, entre taxistas, productores de la Feria de Hortigranjeros, educadores y alumnos, marcharon por las calles para exigir a las autoridades que los indígenas “sean echados de la ciudad y nunca más se les permita regresar”.
Se los ve como un grave peligro cotidiano. Niños y jóvenes siempre drogados, ojos vidriosos por el crack o el pegamento, mendigan junto a los semáforos, exigiendo dinero con actitud agresiva. Adultos en estado de borrachera casi permanente ofrecen a sus niñas de apenas 11 años como precoces prostitutas a los infaltables degenerados. Hay innumerables denuncias de robos y asaltos a traseúnntes, especialmente a turistas y viajeros que llegan a la Terminal.
La gota que colmó el vaso de la indignación fue el asesinato de Críspulo Porra Arévalos, un humilde cuidador de autos de más de 70 años, que hace un par de semanas fue apuñalado mortalmente por Juan Ramírez, joven indígena de 18 años, solo porque el hombre le exigió que no molestara a los visitantes a la Feria.
Triste cuadro de lucha social de ciudadanos humildes contra sus propios hermanos aún más pobres y degradados. Es entendible el reclamo de los manifestantes, pero… ¿no están errando en el blanco? La marcha de protesta, en lugar de ser contra los indígenas, ¿no debería ser contra las autoridades del Gobierno central, departamental y municipal, por desentenderse tan irresponsablemente de la suerte de los más desposeídos de todo?
Y pensar que atender la cuestión indígena fue una de las principales banderas del Gobierno Lugo. ¿Qué se ha hecho desde el Indi, aparte de haber utilizado políticamente y luego descartado a una digna y querida líder nativa como Margarita Mbywangi?

Mentiras verdaderas

¿Hubo o no un avión que sobrevoló y fumigó con productos agrotóxicos a las comunidades indígenas Ava Guaraní de Itakyry, Alto Paraná, el viernes 6 de noviembre?

Si dejáramos de lado los prejuicios ideológicos y las manipulaciones interesadas de los hechos, no sería muy difícil precisar lo que realmente sucedió, y descubrir que así como hay verdades falsas, también hay mentiras verdaderas.

Ese día se iba a intentar nuevamente desalojar a las 150 familias indígenas, con una orden judicial a favor de los colonos brasileños que desde hace tiempo reclama la propiedad de unas 2.800 hectáreas en conflicto, ya que desde el Instituto Nacional del Indígena (INDI) también se exhiben títulos sobre las mismas tierras, a nombre de los nativos.

Había decenas de productores movilizados para presionar que se cumpla el desalojo. Había un cerco de indígenas armados con primitivos arcos y flechas, dispuestos a resistir. Había policías y fiscales dubitativos para entrar en acción. Había periodistas a la espera de registrar la noticia. Un capítulo más en la repetida historia de tierras vendidas dos o más veces, de órdenes judiciales de desalojo que desde un lado se obtiene con generosas sumas de dinero, y del otro se vuelve a parar con una simple orden política de algún funcionario influyente.

Como a las 10 de la mañana, todos se sorprendieron al percibir que una avioneta Cessna 210, matrícula ZPBAQ, empezó a realizar vuelos rasantes sobre el sitio, con evidente propósito intimidatorio. Reporteros del Canal 11 TV Cable Paraná filmaron el sobrevuelo, y fotógrafos de varios diarios lo registraron.

Ninguno vio fumigación aérea. Por el contrario, las pruebas fílmicas y fotográficas muestran que la aeronave, perteneciente al colono Elio Kunner, no estaba equipada con sistema pulverizador. Aún así, con la dosis de drama y realismo mágico que caracteriza al mundo indígena, al poco rato los líderes relataban telefónicamente a emisoras de la capital que estaban siendo víctimas de nubes tóxicas caídas del cielo.

Como pocas veces, las autoridades del Gobierno respondieron con vertiginosa rapidez. En pocas horas, un mini-batallón de ministros desembarcó en el lugar. Aparentemente conmovida por el cuadro de miseria que encontró, la ministra de Salud, Esperanza Martínez, hizo suya la historia del avión fumigador fantasma. El ministro del Ambiente, Oscar Rivas, la secundó luego con un comunicado oficial.

Quizás hubo oportunismo político y mucha irresponsabilidad gubernativa al replicar una denuncia fabuladora y recursiva de los líderes nativos, sin comprobarla debidamente. Pero la mentira del avión fumigador no oculta la dura realidad que pretenden negar los productores sojeros: las sistemáticas violaciones a la Legislación ambiental, el acoso constante y encarnizado contra un pueblo originario y sobreviviente, que lucha desde el olvido por defender lo poco que les queda de sus tierras de selvas devastadas, convertidas en mar de oleaginosas transgénicas.

El veneno tóxico no habrá caído del cielo, pero no significa que no esté allí, cumpliendo su rol criminal, al igual que la miseria, la marginación y el olvido

Crónica desde el corazón del frío

Hace frío. Mucho frío. El termómetro marca 4 grados centígrados en la helada soledad de la noche. El viento del Sur hiere como mil alfileres en la piel. Dentro de la precaria choza de hule amarrada a un árbol del Parque Alejo García de Ciudad del Este, la pequeña M.E., de 6 añitos, llora y tiembla convulsivamente. Ni las ajadas mantas, ni el calor de la hoguera cercana, ni el angustiado abrazo de su mamá, consiguen sacarle ese temblor.
Una fogata de leños raquíticos arde sobre las baldosas de la plaza, frente a la sede de la Gobernación del Alto Paraná. Medio centenar de indígenas Ava Guaraní se apretujan alrededor, buscando el calor que no llega. ¿Por qué será que esta hoguera no calienta como el tatapyi de los ancestros, en los tekoha del monte? Ya no hay monte, ya no hay tekoha, y la ciudad es fría como el cemento, como el corazón de los blancos.
La gente está encerrada en sus casas, calentita con sus estufas y sus frazadas. Los autos pasan raudamente por la avenida Bernardino Caballero con los vidrios cerrados y la calefacción prendida. Nadie se detiene. Nadie se entera de que ellos están allí, tiritando de frío. Duele el viento del Sur que hiere en la piel, pero más duele el frío que se mete en el alma.
Son diez familias, poco más de 50 personas. Hay 37 niños y adolecentes menores. Vivían en la selva protectora, a orillas del río Paraná, pero hace varias lunas los blancos construyeron una represa, entonces el río se enojó e inundó sus tierras, y ellos tuvieron que marcharse, cuenta el líder Benito Martínez. Tras un largo peregrinar se asentaron en la comunidad Tekoha Pyahu, en el kilómetro 12 Monday, entre las basuras del vertedero municipal de Ciudad del Este.
Cansados de ser invisibles, ignorados y olvidados, hace tres semanas se instalaron en el Parque Alejo García, no muy lejos de donde están sus hermanos Mbya Guaraní, en otras precarias “tolderías urbanas”. Piden un ómnibus para llegar a Asunción y armar un campamento frente al Instituto Nacional del Indígena (INDI), a ver si no les dan tierra y asistencia.
Luego de las publicaciones de Última Hora, llegó gente del Gobierno y la Municipalidad a traerles algunas ropas y cestas básicas de alimentos, pero ninguna solución de fondo.
En su discurso de asunción al mando, el 15 de agosto de 2008, el presidente Fernando Lugo anunció que el delito contra los indígenas dejará de “navegar en las aguas de la impunidad”.
Los Ava Guaraní siguen allí, en la plaza desnuda… y el frío continúa.