¿Ahora sí son guerrilleros?

El principal logro del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en su última incursión armada en Capitán Giménez, Concepción, con el asesinato de dos policías, no fue militar ni mediático, sino político: que el ministro del Interior, Carlos Filizzola, y el propio vicepresidente de la República y presidente en ejercicio, Federico Franco, les otorguen por fin el estatus que siempre han buscado, al caracterizarlos públicamente como guerrilleros.
Filizzola hizo declaraciones aparentemente poco analizadas e incluso contradictorias. "El EPP, con sus actuaciones, se está convirtiendo en una guerrilla. En este momento, incluso, estamos viendo que está incursionando en zonas urbanas", dijo textualmente.
La acción armada del miércoles no ha sido diferente a otras anteriormente realizadas por miembros del EPP, desde que en agosto de 2004 atacaron e incendiaron la comisaría de Kurusu de Hierro, y siguieron con ataques similares a la comisaría de Jhuguá Ñandú (abril 2006), al destacamento militar de Tacuatí, (diciembre 2008), asaltos y quemas de maquinarias en estancias, cuatro secuestros (Debernardi, Cubas, Lindstron y Zavala) y un trágico saldo de 13 víctimas fatales. ¿Qué es lo nuevo, para que Filizzola diga que ahora sí "se están convirtiendo en una guerrilla"?
¿En qué basa el ministro su afirmación de que ahora están "incursionando en zonas urbanas"? Nada parece más rural que el desolado paisaje de Capitán Giménez. Además, desde sus inicios, el EPP actuó en zonas urbanas: sus primeros sonados secuestros (Debernardi, 2001 y Cubas, 2004) fueron en Asunción. En abril de 2009 colocaron una bomba en el baño del Palacio de Justicia, en la capital. Pero su base de operaciones sigue siendo rural.
El vicepresidente Federico Franco apoyó el razonamiento del ministro: "La única manera (de enfrentarlos) es hacer de esto una guerra de guerrillas", declaró.
Los integrantes del EPP obtienen así lo que el anterior ministro del Interior, Rafael Filizzola, siempre les negó, al insistir en calificarlos como "delincuentes comunes". A partir de ahora, el EPP podrá reclamar internacionalmente -como la mayoría de los grupos guerrilleros en la historia- su reconocimiento como fuerza beligerante insurgente, y acogerse a las Leyes sobre la Guerra de la Convención de Ginebra, exigiendo la intervención de la Cruz Roja Internacional, entre otros beneficios. Si lo consiguen, será gracias al generoso reconocimiento político otorgado por el vicepresidente y el ministro del Interior.

Vivo o muerto

Es lo que decían los polvorientos carteles del Viejo Oeste: Wanted dead or alive (Buscado vivo o muerto). Fotos borrosas, rostros dibujados a carbón, cabezas humanas puestas a precio. Cazadores de recompensas que disparaban primero y preguntaban después. Era más seguro cobrar por cadáveres y nadie reclamaba en ese territorio sin Ley. Muerto el perro, se acabó la rabia.
El Paraguay del 2010 no es el Far West del siglo XIX, por más que a veces se le parezca. Aquí existe un Estado de Derecho y significativos avances en la legislación y la acción institucional. Aunque algún sector importante de la población aplauda con entusiasmo, no es correcto que un presidente de la República declare que la muerte del ex integrante del Ejército del Pueblo Paraguayo, Severiano Martínez, era “una noticia largamente esperada”. Ninguna muerte de un ser humano, por más peligroso criminal que se considere, debe ser noticia esperada para gobernantes de un país democrático.
Hallar y matar al prófugo fue un punto positivo para las fuerzas de seguridad, en la misión de acabar con la banda armada de secuestradores con entrenamiento guerrillero. Pero, en un país con tradición de policías de gatillo fácil, hay un error conceptual en la orden de capturarlos “vivos o muertos”.
Un instructor de Swat dijo que el mejor Grupo Comando es el que consigue atrapar vivo al más peligroso criminal y entregarlo a la Justicia. Aunque decida "no entregarse vivo", un combatiente profesional sabe “anular a un objetivo hostil sin usar fuerza letal”, disparando a puntos no vitales del cuerpo. ¿No podía ser el caso, con siete tiradores entrenados, con fusiles de asalto, chalecos anti-balas, contra un hombre con una sola pistola, mal alimentado y varios días de sobrevivir en el monte? Nadie puede ponerse en la piel de hombres en una situación límite con armas, pero el acribillamiento abre pie a teorías de ajusticiamiento, presuntas “quemas de archivos”, y pérdida de oportunidad de obtener informaciones valiosas.
Lo más preocupante es la perversa lógica instaurada del “si ellos matan… nosotros también matamos”. O la cuantificación de números de víctimas y policías asesinados contra el de delincuentes abatidos, como si se tratara de una mortal competencia. Un Estado de Derecho no puede responder con la misma técnica de los criminales, porque el respeto a la vida humana y la aplicación de la Ley es lo que lo diferencia de quienes se ponen al margen. La pérdida de nuestros familiares, amigos y conciudadanos, no dejará de dolernos. Pero en su memoria debemos exigir Justicia y no venganza.