El expulsado administrador del EPP, atrapado entre dos fuegos

Manejó las finanzas del grupo armado, que lo echó de sus filas, acusándolo de aportar 100 mil dólares a la campaña de Lugo. Prófugo de la Justicia, Óscar Luis Benítez está oculto y teme que lo ejecuten.


Por Andrés Colmán Gutiérrez

En algún lugar, escondido entre cuatro paredes, está un hombre con identidad falsa, que duerme con un ojo cerrado y el otro abierto; mira constantemente de reojo a sus espaldas, y no se despega ni un instante del arma de fuego que lleva siempre consigo.
Se llama Óscar Luis Benítez, aunque usa otros nombres. Arrastra la oscura leyenda de haber sido administrador de las finanzas del grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en donde ganó el apodo de guerra Ramón, además del suyo, Male′i.
Su foto está multiplicada en los carteles de "buscados", que distribuyen la Fiscalía y el Ministerio del Interior, ofreciendo recompensa por su captura, acusado de haber participado, junto a otros miembros del EPP, en el secuestro de María Edith de Debernardi (2000 y 2001) y en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas (2004 y 2005).

LA SENTENCIA. Un correo electrónico que llegó el pasado lunes 21 de noviembre a radio Ñandutí, selló la suerte de Male′i.
Desde la cuenta aguayo.german@yahoo.com, el texto decía: "Comunicado del Ejército del Pueblo Paraguayo. Comunicamos a nuestro querido pueblo que: Luis Ramón Benítez fue expulsado de nuestras filas por haber pasado 100.000 dólares para la campaña luguista, prevalecido de su condición de administrador".
Aunque mezcla uno de sus nombres reales con el de combate (Ramón), organismos de seguridad admiten la posibilidad de que sea un comunicado auténtico del EPP.ç"Estamos analizando el documento. Tenemos versiones de que Benítez habría quedado fuera de la estructura organizativa del EPP", señala la fiscala Antisecuestro Sandra Quiñónez.
Un poblador del asentamiento Sidepar 3000, en Canindeyú, lugar de residencia y base de operaciones de Benítez durante muchos años, admite: "Aquí sabemos que Male′i fue expulsado del EPP hace un tiempo y actualmente está escondido, con miedo a que la Policía lo agarre, pero también a que le maten sus propios excompañeros".
El morador –quien reclama anonimato por seguridad–, revela que Benítez "estuvo trabajando hasta hace poco como peón en el establecimiento de Eduardo Núñez, en Sidepar, pero después se escapó de allí y permanece oculto. Tiene mucho miedo de que le conviertan en otro Severiano Martínez" (en alusión a otro exmiembro del EPP, quien desertó y se ocultó trabajando como peón en una estancia del Chaco, con identidad cambiada, hasta ser descubierto y caer abatido en un enfrentamiento con la Policía, el 27 de julio de 2011).

HISTORIA OSCURA. Nacido en Yhú, Caaguazú, Óscar Luis Benítez es uno de los muchos campesinos que en los 90 ocuparon tierras en la expropiedad de la empresa Siderúrgica del Paraguay (Sidepar), expropiada por el Estado paraguayo para 740 familias.
A principios de 2000, Juan Arrom y Osmar Martínez, líderes del partido Patria Libre (PL), realizaron las primeras visitas para formar bases políticas en la zona, y Óscar Luis Benítez se convirtió en uno de los principales dirigentes.
Las condiciones de aislamiento y de difícil acceso en que se encuentra, a unos 280 kilómetros al noreste de Asunción, convirtieron Sidepar 3000 en uno de los bastiones privilegiados del EPP.
Hasta ese lugar asegura haber sido llevado el joven Rubén Darío Bernal, a fines de 2004, para recibir adiestramiento en técnicas de guerrilla, en la columna que lideran Osvaldo Villalba (comandante Alexander) y Manuel Cristaldo Mieres (subcomandante Santiago).
Bernal, más conocido como "el guerrillero arrepentido" tras entregarse a las autoridades en 2006 en Huguá Ñandú, asegura que el entrenamiento en los montes de Sidepar duró varias semanas, y contó con el asesoramiento de dos expertos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Óscar Luis Benítez, o Ramón, entró a formar parte del grupo armado y su habilidad en el manejo de las finanzas lo ubicaron en el rol de administrar los fondos provenientes de secuestros o de aportes cobrados a ganaderos, que en la jerga del EPP se denominan "retención a oligarcas" o "impuesto revolucionario".

AGENTE INMOBILIARIO. El 28 de marzo de 2005, como parte de las investigaciones tras el secuestro de Cecilia Cubas, la Fiscalía allanó dos viviendas: una en Villa Cerro Corá, Lambaré, y otra en el barrio Palma Loma, de Luque.
En ambas casas, pero sobre todo en la de Luque, se encontró una compleja infraestructura de muñecos con figuras humanas y habitaciones con paredes a prueba de sonido, entre otras evidencias, que hicieron suponer que eran bases de adiestramiento para miembros del EPP.
Las indagaciones demostraron que la vivienda de Luque fue comprada por Óscar Luis Benítez, a nombre de Lidia Samudio, y es una de varias otras que fueron adquiridas o alquiladas por el "agente inmobiliario" del grupo armado, utilizadas tanto para el secuestro de María Edith, como el de Cecilia Cubas.
Varios cuadernos incautados durante el procedimiento muestran el detalle con que Benítez anotaba los ingresos y egresos del dinero que manejaba, incluyendo gastos de compra de equipos de comunicación, movilidad, víveres, medicamentos y los costos inmobiliarios.
Juan Domingo Martínez, uno de los detenidos, relató que Óscar Luis Benítez, y su novia, Marlene Ortiz Meza, habitaban en la casa de Palma Loma, hasta que desaparecieron del lugar poco antes de la Semana Santa de 2005.
Marlene, la novia de Ramón, era hija de Hugo Julián Ortiz Villalba, docente de Sidepar 3000, quien sería asesinado diez años después, en setiembre de 2010, por miembros del EPP, cerrando un círculo de pólvora y sangre.
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Desencanto del EPP con Lugo

"Aquí todos trabajamos por la candidatura de Fernando Lugo, con fuerza, con rabia, todos los sectores. Pero no hubo cambios. La lucha de clases continúa igual", declaró José Villalba, hermano de Carmen Villalba, y uno de los voceros extraoficiales del grupo, durante una entrevista con ÚH, en enero de 2009.
Aunque no habló de aportes en dinero, admitió un respaldo inicial a la candidatura, de parte de referentes del grupo.
El jueves último, el presidente Lugo negó haber recibido cualquier tipo de financiación del EPP a su campaña.
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Marcado por el crimen de su suegro

La sangre por el crimen de su exsuegro y abuelo de su hija, el educador Hugo Julián Ortiz Villalba, es la marca más fuerte que los pobladores del asentamiento de Sidepar 3000 le reprochan al ex administrador del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), Óscar Luis Benítez.
El docente, quien ejercía el cargo de director del Área Educativa Número 8, residía en una casa vecina a la de Óscar Luis, en el núcleo urbano de Sidepar 3000, y aunque en principio habían sido amigos y familiares, se distanciaron cuando Ortiz Villalba le recriminó por sus andanzas con el grupo armado y le pidió que se aleje de su hija Marlene, y de la pequeña hija de ambos (de Óscar Luis y Marlene), una niña actualmente con 10 años de edad.
Se tejen muchas versiones sobre las causas del asesinato. En Sidepar 3000 todos hablan en voz baja y con miedo, y nadie quiere asumir ser identificado en una entrevista. Pero en voz baja narran que el profesor Hugo Julián fue quien brindó algunos informes a las autoridades acerca de las andanzas del EPP en la zona, y por ello pagó con su vida. Y que uno de sus ejecutores, o cómplices, fue su propio exyerno, Óscar Luis Benítez.

EL CRIMEN. Sucedió cerca de las 9.30 del 1 de setiembre de 2010. El profesor Hugo Julián regresaba de la chacra con su esposa, Clotilde Meza, por un desolado camino rural, cuando les salieron al paso dos hombres con ropa militar tipo camuflaje y quepis cubriéndole los rostros, con armas de fuego, presumiblemente escopetas calibre 12.
La mujer cuenta que gritó y pidió clemencia, pero uno de los hombres disparó a quemarropa contra su marido. El primer tiro fue en el estómago, otro en la cabeza y el tercero directo al corazón. Tras cerciorarse de que Ortiz Villalba estaba muerto, se alejaron sin hacer caso a la mujer.
El crimen provocó la reacción de las autoridades, quienes ordenaron rastrillaje de la región, derivando en un enfrentamiento entre efectivos policiales y miembros del EPP, el 3 de setiembre, circunstancias en que cayó abatido Gabriel Zárate Cardozo, alias Simón, considerado el número 3 en el mando jerárquico del grupo armado.
El otro que estaba con él logró escapar, sin precisarse su identidad, aunque los pobladores sostienen que era el propio Óscar Luis Benítez.

ADIESTRADOR. Llamativamente, Gabriel Zárate Cardozo fue uno de los jóvenes campesinos que habría sido captado y que recibió adiestramiento de parte de Oscar Luis Benítez.
En la lista se menciona además a Nimio y Vidalina Cardozo Cáceres, primos de Gabriel, y a Alcides Mereles Ruiz, alias Presi.
Hoy, en la soledad de su escondite, el ex administrador del EPP se debate entre el dilema de entregarse a la Justicia o seguir expuesto a que lo encuentren sus excompañeros.

(Reportaje publicado en el diario Última Hora, páginas 66 y 67 del domingo 27 de noviembre de 2011).

¿Ahora sí son guerrilleros?

El principal logro del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en su última incursión armada en Capitán Giménez, Concepción, con el asesinato de dos policías, no fue militar ni mediático, sino político: que el ministro del Interior, Carlos Filizzola, y el propio vicepresidente de la República y presidente en ejercicio, Federico Franco, les otorguen por fin el estatus que siempre han buscado, al caracterizarlos públicamente como guerrilleros.
Filizzola hizo declaraciones aparentemente poco analizadas e incluso contradictorias. "El EPP, con sus actuaciones, se está convirtiendo en una guerrilla. En este momento, incluso, estamos viendo que está incursionando en zonas urbanas", dijo textualmente.
La acción armada del miércoles no ha sido diferente a otras anteriormente realizadas por miembros del EPP, desde que en agosto de 2004 atacaron e incendiaron la comisaría de Kurusu de Hierro, y siguieron con ataques similares a la comisaría de Jhuguá Ñandú (abril 2006), al destacamento militar de Tacuatí, (diciembre 2008), asaltos y quemas de maquinarias en estancias, cuatro secuestros (Debernardi, Cubas, Lindstron y Zavala) y un trágico saldo de 13 víctimas fatales. ¿Qué es lo nuevo, para que Filizzola diga que ahora sí "se están convirtiendo en una guerrilla"?
¿En qué basa el ministro su afirmación de que ahora están "incursionando en zonas urbanas"? Nada parece más rural que el desolado paisaje de Capitán Giménez. Además, desde sus inicios, el EPP actuó en zonas urbanas: sus primeros sonados secuestros (Debernardi, 2001 y Cubas, 2004) fueron en Asunción. En abril de 2009 colocaron una bomba en el baño del Palacio de Justicia, en la capital. Pero su base de operaciones sigue siendo rural.
El vicepresidente Federico Franco apoyó el razonamiento del ministro: "La única manera (de enfrentarlos) es hacer de esto una guerra de guerrillas", declaró.
Los integrantes del EPP obtienen así lo que el anterior ministro del Interior, Rafael Filizzola, siempre les negó, al insistir en calificarlos como "delincuentes comunes". A partir de ahora, el EPP podrá reclamar internacionalmente -como la mayoría de los grupos guerrilleros en la historia- su reconocimiento como fuerza beligerante insurgente, y acogerse a las Leyes sobre la Guerra de la Convención de Ginebra, exigiendo la intervención de la Cruz Roja Internacional, entre otros beneficios. Si lo consiguen, será gracias al generoso reconocimiento político otorgado por el vicepresidente y el ministro del Interior.

El sitio al Estado

La declaración del Estado de Excepción en cinco departamentos del país revela la incapacidad del Gobierno de enfrentar a los integrantes del llamado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) con los recursos ordinarios del Estado de Derecho.
Aunque los constituyentes de 1992 le hayan puesto un nombre más moderno, la aplicación del artículo 288 de la carta magna evoca inevitablemente al viejo y odioso Estado de Sitio que la dictadura del general Alfredo Stroessner aplicó arbitrariamente durante 35 años para perseguir, encarcelar, torturar y asesinar a miles de paraguayos.
Puede sonar a un simple juego de palabras, pero la instauración del Estado de Sitio implica también reconocer que una pequeña pero violenta banda armada de secuestradores con entrenamiento guerrillero ha logrado poner en sitio al Estado, al punto de obligarle a aplicar su recurso constitucional más extremo.
Visto de este modo, los miembros del EPP han logrado su objetivo mediático, ya que con esta declaración el Gobierno les otorga de hecho, aunque no oficialmente, el carácter de guerrilleros, sediciosos o contrainsurgentes que tanto estaban reclamando, contradiciendo a la estrategia originaria del ministro del Interior, Rafael Filizzola, de tratarlos simplemente como delincuentes comunes.
No hay dudas de que la gran mayoría de la población apoya la declaración del Estado de Excepción, tras la criminal y despiadada violencia con que los presuntos miembro del EPP asesinaron a cuatro personas en la zona de Arroyito, Concepción, el pasado miércoles 21 de abril, pero ello no impide que surjan temores y fantasmas ante el retorno de esta extrema figura constitucional.
El Estado de Excepción implica inevitablemente un retroceso democrático, porque recorta las libertades civiles en los lugares donde estará en vigencia. Siempre existe el riesgo de que se cometan abusos durante su implementación, por tanto la prensa y las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las de derechos humanos, deberán estar muy vigilantes. Y ojalá sirva realmente para terminar de una vez con la amenaza del EPP, y devolver la paz y la tranquilidad que tanto necesita el Paraguay
Por último, no deja de ser estimulante ver a los dirigentes de los principales partidos políticos presentándose unidos para apoyar el Estado de Excepción. ¿No podrían unirse también para avanzar juntos en otras cosas más positivas para el país?

Combatir al EPP también en lo polìtico

El ministro del interior, Rafael Filizzola, sostuvo desde el principio que el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) es solo una banda de delincuentes comunes, y no un grupo con pretensiones guerrilleras, pero en su búsqueda ha desplegado las más gigantesca movilización de tropas policiales y militares de combate, que –aunque no se llame así- tiene todas las características de un operativo de contrainsurgencia. Es decir, lo que se niega en teoría, se asume en la práctica.
En nuestras series de reportajes sobre el origen y la composición del EPP, hemos demostrado que desde su nacimiento en 1992, como proyecto de un supuesto ejército revolucionario y brazo armado clandestino de un partido político de izquierda (Patria Libre), encerraba un componente ideológico.
En estos 20 años, ni PL llegó a ser el gran partido de izquierda que pretendían sus fundadores, ni el EPP pudo convertirse en la guerrilla a destiempo, pero sí se transformó en la más temible y eficaz banda de secuestradores, la única que en el mapa del crimen organizado en Paraguay recibió adiestramiento y asesoramiento de un histórico grupo guerrillero latinoamericano que también devino en banda criminal: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Es comprensible que el Gobierno no quiera otorgarles ningún cartel de fuerza combatiente, pero tratarlos solamente como delincuentes comunes significaría ignorar que tras de sus actos criminales enarbolan un discurso político anti-sistema, que ha permeado en estrados de pobladores y de organizaciones sociales y políticas de Concepción y San Pedro, especialmente en aquellos sectores humildes que más han sentido el abandono del Estado en todos estos años.
Hoy se recorre más rápido los 414 kilómetros desde Asunción hasta la ciudad de Concepción, que los 170 kilómetros desde esta localidad hasta la colonia José Félix López (Puentesiño), o los 190 hasta Vallemí, en donde la cinta de tierra roja abierta entre la vegetación no merece llamarse camino, en donde los pobladores deben recorrer lejanas distancias en moto, a pie o a caballo, para llegar a algún derrumbado puesto de salud donde solo hay dispensarios vacíos y médicos ausentes. Es en ese territorio de cien años de soledad donde el EPP logró crecer y hasta ganar la adhesión de reconocidos dirigentes campesinos.
Ocupar la región con ejércitos de policías y militares hoy puede traer una sensación de seguridad (aunque hay que estar muy atentos a los posibles abusos, o al efecto de “caza de brujas”, como ya sucedió durante el Operativo Jerovia, en 2008), y es posible que se logren importantes capturas de miembros o simpatizantes del grupo armado. Pero si además el Gobierno no se hace presente con caminos, hospitales, escuelas, programas de producción y desarrollo rural… el combate al EPP será solo parcial e insuficiente.

De carne somos

El escándalo ocasionado con el reparto de carne de 30 reses vacunas por parte de la familia Zavala a poblaciones humildes de Asunción y el departamento de Concepción, por “cortesía del EPP” fue una noticia –si se quiere- positiva: la comprobación de que el ganadero secuestrado Fidel Zavala está vivo, y de que la familia negocia su liberación.
El anuncio de la distribución como un regalo populista del llamado Ejército del Pueblo Paraguayo y el nuevo dramático pedido para que las tropas policiales se retiren de Concepción, fueron claras evidencias de que los familiares estaban cumpliendo exigencias impuestas por los secuestradores en un proceso de negociación.
También fue una comprobación dramática y lamentable para el Estado de Derecho: la facilidad e impunidad con que un grupo armado al margen de la Ley puede chantajear e imponer de manera pública su agenda, no solo al Gobierno, sino a los demás poderes de la República, a los medios de comunicación, a la clase política y a toda la sociedad paraguaya, a costa de mantener secuestrado a un ciudadano. Fue sin dudas un logro mediático del EPP en su pulseada político-criminal, pero las cosas no le salieron del todo bien.
No debería habernos extrañado que cientos de humildes compatriotas se atropellen en una larga fila para recibir un pedazo de carne, sin importarles que sea producto del secuestro y del chantaje. Hay una gran porción del Paraguay que, además del hambre y la miseria, sufre la consecuencia de largos años de ignorancia impuesta, de ciudadanía vaciada.
Pero entre el patético cuadro de los carnívoros sin conciencia, hubo fulgurantes destellos de valentía cívica, como la de los indígenas Mbya Guaraní de Boquerón, que nos dieron la hermosa lección de que se puede ser digno en la pobreza y rechazar la supuesta dádiva guerrillera, aunque ello signifique condenarse a más hambre. O como la de la aguerrida Ña Sara Servián, que nuevamente demostró que sus acciones solidarias están fundadas en una ética imbatible. La carne devuelta frente al portón de la Agrupación Especializada fue un certero boomerang contra el “operativo Robin Hood” del EPP.
Más condenable fue el oportunismo de muchos políticos de la oposición y de un sector de la prensa, que buscaron responsabilizar al Gobierno por permitir la repartija de carne, como si hubiera habido otra opción posible. Hay que reconocerlo: Rafael Filizzola es el primer ministro del Interior que está enfrentando de modo firme y decidido la aventura armada del EPP, que los anteriores gobiernos colorados dejaron crecer libremente con irresponsabilidad cómplice. Y lo hace caminando sobre el filo de la navaja, sabiendo muy bien que un eventual desenlace negativo en el caso Zavala tendría un elevadísimo costo político.

Los rostros del miedo

En Paso Barreto, en Hugua Ñandú, en Yvyraty... se respira miedo.
Los pobladores agachan la cabeza ante la llegada de cualquier extraño, huyen de la presencia de cámaras y micrófonos como si fueran signos de una peste terrorífica, y mandan a las mujeres y a los niños a encerrarse en el interior de las humildes viviendas, cerrando sus puertas y ventanas.
He recorrido en muchas ocasiones anteriores estos desolados y olvidados territorios del norte del país, y nunca antes había sentido esta especie de angustia colectiva, este no entender qué es lo que está pasando, esta forma de percibir las horas siguientes como una gran incógnita.
Veo miedo en los ojos de Sotero Jara, el laborioso poblador cuya casa está al lado de la del hoy prófugo dirigente campesino Alejandro Ramos, el que ocultó el campamento de los presuntos guerrilleros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en un pequeño bosque de su patio trasero, en Yvaroty, a solo 12 kilómetros del centro urbano de Horqueta. A Sotero se le quiebra la voz y le tiemblan las manos, no quiere dejar de ser amable con el visitante, pero no sabe cuál de sus palabras podría costarle un alto precio, solo por haber sido vecino de una realidad que todos veían, pero nadie quería ver.
Veo miedo en la mirada de Asunción Duarte, presidente de la Organización Campesina del Norte (OCN), mientras compartimos un almuerzo en un céntrico bar de Horqueta. "Ijetu'u ko asunto, ndaikatúi ha'epa la ha'eséva (es serio este asunto, no puedo decir todo lo que quiero decir)", admite, en un momento de franqueza. El gremio que dirige pasa por un delicado momento, al revelarse que algunos miembros históricos tienen fuertes relaciones con el EPP, y a él le duele que la historia de valiosas luchas del campesinado norteño sea descalificada por la acción radicalizada de unos pocos.
Hay miedo en los silencios de Cecilio Ledesma, el ganadero que accidentalmente descubrió el campamento del EPP en Horqueta, cuando seguía las huellas de su vaca robada, y la encontró convertida en charque y asado por los presuntos guerrilleros. Dijo al principio que podía reconocer a los abigeos, pero ahora cambió su versión testifical en la Fiscalía y asegura que nunca les vio los rostros.
Hay miedo en los rostros de los peones de las estancias Mabel y Rancho Z, desde que su patrón fue llevado por hombres con armas y uniforme de combate, y todos los días nos preguntan a los periodistas qué sabemos sobre el secuestro de Fidel Zavala.
Hay miedo en los rostros del escuelero Miguelito, de la lavandera Ña Jacinta, del almacenero don Mario, que se preguntan cómo pudimos llegar a esto, quien dejó que las cosas llegaran a este punto, por qué las autoridades y los políticos hablan tanto allá en Asunción, pero nadie viene aquí y hace algo para hacerles sentir menos solos y asustados, para curar esta enfermedad colectiva que se llama miedo.

Los guerrilleros secuestradores

Hace doce años que juegan a la banda guerrillera. Desde que fueron descubiertos cavando un túnel para intentar robar la sucursal del Banco Nacional de Fomento en Choré, San Pedro, en diciembre de 1997, se han adiestrado sin parar en prácticas de asaltos, secuestros y muerte, en nombre de la revolución.
Tienen en su haber 4 secuestros extorsivos (Nika Debernardi, Cecilia Cubas, Luis Lindstron y ahora Fidel Zavala Serrati); 3 asesinatos comprobados (Cecilia Cubas y los policías Andrés Brítez y Óscar Noceda); más de 6 casos de asaltos y quemas de comisarías, destacamentos y estancias (Hugua Ñandú, Kurusu de Hierro, Tacuatí, Santa Adelia, Santa Herminia) y hasta la colocación de una bomba en el baño del Palacio de Justicia, en Asunción.
Varios de sus fundadores, especialmente su "comandante en jefe", Alcides Oviedo, y su principal vocera, Carmen Villalba, están en la cárcel. Pero eso no impide que sigan dirigiendo a un furtivo grupo de hombres y mujeres que se mueven libremente por los montes de Concepción y San Pedro, sin ser detectados, y a cada tanto perpetran sus espectaculares golpes, con uniformes de combate y armas de gran poder, para disolverse otra vez en la espesura.
Hay claras evidencias de que fueron adiestrados por expertos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a quienes pagan comisiones por los rescates cobrados en cada secuestro. Se hacen llamar Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), se definen como una guerrilla "comunista, marxista leninista". Hablan de su objetivo de "tomar el poder", pero sus acciones, más que de subversión armada, hasta ahora han sido puramente delincuenciales.
Mantienen un discurso radical de violencia revolucionaria que seduce a sectores de izquierda, y está demostrado que cuentan con apoyo y simpatía de algunas organizaciones sociales y campesinas en el Norte del país.
Ni los gobiernos anteriores, ni el actual, han demostrado contar con la voluntad o la preparación suficiente para poner fin a sus acciones violentas. En el caso del Gobierno Lugo, el fracaso ha sido más estruendoso, cuando en enero de 2009, tras la quema del destacamento de Tacuatí, desplegó un costoso y gigantesco operativo policial y militar en San Pedro y Concepción, sin lograr capturar a un solo miembro del EPP, aunque obtuvo graves acusaciones de maltratos y torturas de parte de las fuerzas públicas.
Hoy el grupo se atribuye la autoría de un nuevo caso de secuestro, que conmociona al país. El Gobierno insiste en considerarlos delincuentes comunes, cuando son mucho más que eso. El enfrentamiento no se debe dar solamente en el terreno represivo, sino principalmente en el político. Y mientras se haga muy poco por combatir la dura realidad de marginación y pobreza en que sobreviven las vastas regiones que sirven de base al EPP, no será tan fácil derrotarlos.