El expulsado administrador del EPP, atrapado entre dos fuegos

Manejó las finanzas del grupo armado, que lo echó de sus filas, acusándolo de aportar 100 mil dólares a la campaña de Lugo. Prófugo de la Justicia, Óscar Luis Benítez está oculto y teme que lo ejecuten.


Por Andrés Colmán Gutiérrez

En algún lugar, escondido entre cuatro paredes, está un hombre con identidad falsa, que duerme con un ojo cerrado y el otro abierto; mira constantemente de reojo a sus espaldas, y no se despega ni un instante del arma de fuego que lleva siempre consigo.
Se llama Óscar Luis Benítez, aunque usa otros nombres. Arrastra la oscura leyenda de haber sido administrador de las finanzas del grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en donde ganó el apodo de guerra Ramón, además del suyo, Male′i.
Su foto está multiplicada en los carteles de "buscados", que distribuyen la Fiscalía y el Ministerio del Interior, ofreciendo recompensa por su captura, acusado de haber participado, junto a otros miembros del EPP, en el secuestro de María Edith de Debernardi (2000 y 2001) y en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas (2004 y 2005).

LA SENTENCIA. Un correo electrónico que llegó el pasado lunes 21 de noviembre a radio Ñandutí, selló la suerte de Male′i.
Desde la cuenta aguayo.german@yahoo.com, el texto decía: "Comunicado del Ejército del Pueblo Paraguayo. Comunicamos a nuestro querido pueblo que: Luis Ramón Benítez fue expulsado de nuestras filas por haber pasado 100.000 dólares para la campaña luguista, prevalecido de su condición de administrador".
Aunque mezcla uno de sus nombres reales con el de combate (Ramón), organismos de seguridad admiten la posibilidad de que sea un comunicado auténtico del EPP.ç"Estamos analizando el documento. Tenemos versiones de que Benítez habría quedado fuera de la estructura organizativa del EPP", señala la fiscala Antisecuestro Sandra Quiñónez.
Un poblador del asentamiento Sidepar 3000, en Canindeyú, lugar de residencia y base de operaciones de Benítez durante muchos años, admite: "Aquí sabemos que Male′i fue expulsado del EPP hace un tiempo y actualmente está escondido, con miedo a que la Policía lo agarre, pero también a que le maten sus propios excompañeros".
El morador –quien reclama anonimato por seguridad–, revela que Benítez "estuvo trabajando hasta hace poco como peón en el establecimiento de Eduardo Núñez, en Sidepar, pero después se escapó de allí y permanece oculto. Tiene mucho miedo de que le conviertan en otro Severiano Martínez" (en alusión a otro exmiembro del EPP, quien desertó y se ocultó trabajando como peón en una estancia del Chaco, con identidad cambiada, hasta ser descubierto y caer abatido en un enfrentamiento con la Policía, el 27 de julio de 2011).

HISTORIA OSCURA. Nacido en Yhú, Caaguazú, Óscar Luis Benítez es uno de los muchos campesinos que en los 90 ocuparon tierras en la expropiedad de la empresa Siderúrgica del Paraguay (Sidepar), expropiada por el Estado paraguayo para 740 familias.
A principios de 2000, Juan Arrom y Osmar Martínez, líderes del partido Patria Libre (PL), realizaron las primeras visitas para formar bases políticas en la zona, y Óscar Luis Benítez se convirtió en uno de los principales dirigentes.
Las condiciones de aislamiento y de difícil acceso en que se encuentra, a unos 280 kilómetros al noreste de Asunción, convirtieron Sidepar 3000 en uno de los bastiones privilegiados del EPP.
Hasta ese lugar asegura haber sido llevado el joven Rubén Darío Bernal, a fines de 2004, para recibir adiestramiento en técnicas de guerrilla, en la columna que lideran Osvaldo Villalba (comandante Alexander) y Manuel Cristaldo Mieres (subcomandante Santiago).
Bernal, más conocido como "el guerrillero arrepentido" tras entregarse a las autoridades en 2006 en Huguá Ñandú, asegura que el entrenamiento en los montes de Sidepar duró varias semanas, y contó con el asesoramiento de dos expertos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Óscar Luis Benítez, o Ramón, entró a formar parte del grupo armado y su habilidad en el manejo de las finanzas lo ubicaron en el rol de administrar los fondos provenientes de secuestros o de aportes cobrados a ganaderos, que en la jerga del EPP se denominan "retención a oligarcas" o "impuesto revolucionario".

AGENTE INMOBILIARIO. El 28 de marzo de 2005, como parte de las investigaciones tras el secuestro de Cecilia Cubas, la Fiscalía allanó dos viviendas: una en Villa Cerro Corá, Lambaré, y otra en el barrio Palma Loma, de Luque.
En ambas casas, pero sobre todo en la de Luque, se encontró una compleja infraestructura de muñecos con figuras humanas y habitaciones con paredes a prueba de sonido, entre otras evidencias, que hicieron suponer que eran bases de adiestramiento para miembros del EPP.
Las indagaciones demostraron que la vivienda de Luque fue comprada por Óscar Luis Benítez, a nombre de Lidia Samudio, y es una de varias otras que fueron adquiridas o alquiladas por el "agente inmobiliario" del grupo armado, utilizadas tanto para el secuestro de María Edith, como el de Cecilia Cubas.
Varios cuadernos incautados durante el procedimiento muestran el detalle con que Benítez anotaba los ingresos y egresos del dinero que manejaba, incluyendo gastos de compra de equipos de comunicación, movilidad, víveres, medicamentos y los costos inmobiliarios.
Juan Domingo Martínez, uno de los detenidos, relató que Óscar Luis Benítez, y su novia, Marlene Ortiz Meza, habitaban en la casa de Palma Loma, hasta que desaparecieron del lugar poco antes de la Semana Santa de 2005.
Marlene, la novia de Ramón, era hija de Hugo Julián Ortiz Villalba, docente de Sidepar 3000, quien sería asesinado diez años después, en setiembre de 2010, por miembros del EPP, cerrando un círculo de pólvora y sangre.
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Desencanto del EPP con Lugo

"Aquí todos trabajamos por la candidatura de Fernando Lugo, con fuerza, con rabia, todos los sectores. Pero no hubo cambios. La lucha de clases continúa igual", declaró José Villalba, hermano de Carmen Villalba, y uno de los voceros extraoficiales del grupo, durante una entrevista con ÚH, en enero de 2009.
Aunque no habló de aportes en dinero, admitió un respaldo inicial a la candidatura, de parte de referentes del grupo.
El jueves último, el presidente Lugo negó haber recibido cualquier tipo de financiación del EPP a su campaña.
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Marcado por el crimen de su suegro

La sangre por el crimen de su exsuegro y abuelo de su hija, el educador Hugo Julián Ortiz Villalba, es la marca más fuerte que los pobladores del asentamiento de Sidepar 3000 le reprochan al ex administrador del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), Óscar Luis Benítez.
El docente, quien ejercía el cargo de director del Área Educativa Número 8, residía en una casa vecina a la de Óscar Luis, en el núcleo urbano de Sidepar 3000, y aunque en principio habían sido amigos y familiares, se distanciaron cuando Ortiz Villalba le recriminó por sus andanzas con el grupo armado y le pidió que se aleje de su hija Marlene, y de la pequeña hija de ambos (de Óscar Luis y Marlene), una niña actualmente con 10 años de edad.
Se tejen muchas versiones sobre las causas del asesinato. En Sidepar 3000 todos hablan en voz baja y con miedo, y nadie quiere asumir ser identificado en una entrevista. Pero en voz baja narran que el profesor Hugo Julián fue quien brindó algunos informes a las autoridades acerca de las andanzas del EPP en la zona, y por ello pagó con su vida. Y que uno de sus ejecutores, o cómplices, fue su propio exyerno, Óscar Luis Benítez.

EL CRIMEN. Sucedió cerca de las 9.30 del 1 de setiembre de 2010. El profesor Hugo Julián regresaba de la chacra con su esposa, Clotilde Meza, por un desolado camino rural, cuando les salieron al paso dos hombres con ropa militar tipo camuflaje y quepis cubriéndole los rostros, con armas de fuego, presumiblemente escopetas calibre 12.
La mujer cuenta que gritó y pidió clemencia, pero uno de los hombres disparó a quemarropa contra su marido. El primer tiro fue en el estómago, otro en la cabeza y el tercero directo al corazón. Tras cerciorarse de que Ortiz Villalba estaba muerto, se alejaron sin hacer caso a la mujer.
El crimen provocó la reacción de las autoridades, quienes ordenaron rastrillaje de la región, derivando en un enfrentamiento entre efectivos policiales y miembros del EPP, el 3 de setiembre, circunstancias en que cayó abatido Gabriel Zárate Cardozo, alias Simón, considerado el número 3 en el mando jerárquico del grupo armado.
El otro que estaba con él logró escapar, sin precisarse su identidad, aunque los pobladores sostienen que era el propio Óscar Luis Benítez.

ADIESTRADOR. Llamativamente, Gabriel Zárate Cardozo fue uno de los jóvenes campesinos que habría sido captado y que recibió adiestramiento de parte de Oscar Luis Benítez.
En la lista se menciona además a Nimio y Vidalina Cardozo Cáceres, primos de Gabriel, y a Alcides Mereles Ruiz, alias Presi.
Hoy, en la soledad de su escondite, el ex administrador del EPP se debate entre el dilema de entregarse a la Justicia o seguir expuesto a que lo encuentren sus excompañeros.

(Reportaje publicado en el diario Última Hora, páginas 66 y 67 del domingo 27 de noviembre de 2011).

¿Ahora sí son guerrilleros?

El principal logro del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en su última incursión armada en Capitán Giménez, Concepción, con el asesinato de dos policías, no fue militar ni mediático, sino político: que el ministro del Interior, Carlos Filizzola, y el propio vicepresidente de la República y presidente en ejercicio, Federico Franco, les otorguen por fin el estatus que siempre han buscado, al caracterizarlos públicamente como guerrilleros.
Filizzola hizo declaraciones aparentemente poco analizadas e incluso contradictorias. "El EPP, con sus actuaciones, se está convirtiendo en una guerrilla. En este momento, incluso, estamos viendo que está incursionando en zonas urbanas", dijo textualmente.
La acción armada del miércoles no ha sido diferente a otras anteriormente realizadas por miembros del EPP, desde que en agosto de 2004 atacaron e incendiaron la comisaría de Kurusu de Hierro, y siguieron con ataques similares a la comisaría de Jhuguá Ñandú (abril 2006), al destacamento militar de Tacuatí, (diciembre 2008), asaltos y quemas de maquinarias en estancias, cuatro secuestros (Debernardi, Cubas, Lindstron y Zavala) y un trágico saldo de 13 víctimas fatales. ¿Qué es lo nuevo, para que Filizzola diga que ahora sí "se están convirtiendo en una guerrilla"?
¿En qué basa el ministro su afirmación de que ahora están "incursionando en zonas urbanas"? Nada parece más rural que el desolado paisaje de Capitán Giménez. Además, desde sus inicios, el EPP actuó en zonas urbanas: sus primeros sonados secuestros (Debernardi, 2001 y Cubas, 2004) fueron en Asunción. En abril de 2009 colocaron una bomba en el baño del Palacio de Justicia, en la capital. Pero su base de operaciones sigue siendo rural.
El vicepresidente Federico Franco apoyó el razonamiento del ministro: "La única manera (de enfrentarlos) es hacer de esto una guerra de guerrillas", declaró.
Los integrantes del EPP obtienen así lo que el anterior ministro del Interior, Rafael Filizzola, siempre les negó, al insistir en calificarlos como "delincuentes comunes". A partir de ahora, el EPP podrá reclamar internacionalmente -como la mayoría de los grupos guerrilleros en la historia- su reconocimiento como fuerza beligerante insurgente, y acogerse a las Leyes sobre la Guerra de la Convención de Ginebra, exigiendo la intervención de la Cruz Roja Internacional, entre otros beneficios. Si lo consiguen, será gracias al generoso reconocimiento político otorgado por el vicepresidente y el ministro del Interior.

La foto desaparecida

Una imagen vale más que mil palabras. Es la trillada frase que usamos en el ambiente periodístico para explicar el inmenso poder informativo y documental que puede tener una fotografía.
Hay fotos que ayudan a derribar gobiernos dictatoriales, como la del reportero norteamericano que fotografió su propio asesinato en la Nicaragua de Somoza, y precipitó la victoria del Sandinismo. O fotos que desnudan crímenes horrendos, como la que muestra a personas tratando desesperadamente de romper las puertas cerradas del incendiado Supermercado Ycua Bolaños en el siniestro 1-A paraguayo.
Hay también fotos que provocan asesinatos. Como la que obtuvo el fotoperiodista argentino José Luis Cabezas, revelando cuál era el verdadero rostro del empresario mafioso Alfredo Yabrán en la portada de una revista, atrevimiento que hizo que Cabezas acabara quemado vivo en enero de 1997.
En Paraguay, a veinte años del asesinato del periodista Santiago Leguizamón, una sorprendente revelación sugiere que fue también una foto la que precipitó el crimen. El comunicador Vicente Brunetti asegura que, poco antes de ser asesinado, Leguizamón le mostró una foto en la que aparecen juntos el narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria, el empresario fronterizo pedrojuanino Fadh Yamil y el entonces presidente Andrés Rodríguez. Era parte de evidencias que estaba recolectando sobre los presuntos nexos del mandatario paraguayo con el narcotráfico internacional. El periodista no pudo publicar los resultados de su investigación. Fue acribillado el 26 de abril de 1991, en la frontera de Pedro Juan Caballero, y la foto nunca fue hallada.
Veinte años después, se reafirman las presunciones de que la Policía y la Justicia paraguayas, en lugar de esclarecer el crimen, se ocupó de ocultar y hacer desaparecer las pruebas.
Veinte años después, los lazos entre narcotráfico y política aparecen más visibles que nunca. Lo afirmaron la viuda y los hijos de Santiago, y lo reafirmaron los colegas Humberto Rubín y Alcibíades González Delvalle, en la noche del miércoles 27 de abril, en un panel debate en la Universidad Católica: uno de los más potenciales candidatos a presidente de la República para el 2013 fue socio comercial de los Yamil, principales sospechosos de ordenar el asesinato de Leguizamón. Y aunque ellos no dieron nombres, el empresario y candidato colorado Horacio Cartes se puso el sayo y negó las acusaciones en declaraciones al periódico digital Paraguay.com.
Veinte años después, la ciudadanía honesta del Paraguay tiene ante sí un tremendo desafío cívico: reivindicar la memoria de un valiente periodista que prefirió la muerte física a la muerte ética, y evitar electoralmente que la mafia llegue a la presidencia de la República.

Réquiem por un paragua

Te decían “El Gallo”.
Un “marcante” que te ganaste por ser “guapo” en tu humilde oficio de albañil en Buenos Aires, por el orgullo con que ostentabas tu condición de paraguayo en esta gran ciudad donde te dicen “paragua” con una marca de desprecio, al igual que llamaban “bolita” a la chica boliviana, Rosemary Churapuña, a la que asesinaron igual que a vos en la noche de ese trágico martes 7 de diciembre, cuando el sueño de una vida digna en tierra ajena y lejos de la patria se les cambió en repentina pesadilla.
Tu nombre era Bernardo Salgueiro y tenías 22 años de edad. Habías llegado hace un año desde las verdes campiñas del Paraguay, como tantos miles de compatriotas, huyendo de la pobreza rural, de la injusticia y el abandono en tu propia tierra, convencido de que en la gran capital argentina es más fácil pelearle a la miseria, hacerte un sitio en alguna villa, conchabarte en obras de construcción, juntar dinero para regresar cuanto antes y adquirir el ranchito propio bajo el cielo de ñandutíes, en donde ver crecer libres a tus hijos.
Quiso el azar, o el destino, o el juego de los poderes políticos y mafiosos en este conurbano bonaerense, que esa noche de martes estuvieras allí, en la entrada de la Villa 20, cuando empezó el violento operativo policial de desalojo contra los ocupantes del Parque Indoamericano, y te vieras envuelto en un confuso torbellino de gritos, corridas, humo, gas lacrimógeno, pedradas, disparos, hasta sentir ese golpe seco en el abdomen que te hizo doblarte, gritar por ayuda mientras sentías que el aire se te iba, que era la vida misma y todos tus sueños los que se te escapaban.
Escuché a tu hermana Griselda, con esa voz tan paragua y tan dolida como música de lamento guaraní, contar que esa pelea ni siquiera era la tuya, que solo estabas allí para buscar a tus dos sobrinos pequeños y llevarlos a casa del abuelo, en Barracas, pero ese disparo que hasta ahora nadie sabe quien lo hizo, aunque todos lo sospechan, te convirtió en mártir de la lucha social, en un nombre de bandera, en una consigna heroica, en un rol que nunca pediste y nunca quisiste. Solo querías la vida distinta que tu propia patria te negaba.
Te decían “El Gallo”.
Caíste al atardecer de un martes 7 de diciembre, lejos de tu tierra. Quiso el destino que me encontrara también justamente aquí, en esta Buenos Aires convulsionada por tu muerte, para escribirte este réquiem apurado, dolido, conmovido. Bernardo Salgueiro, compatriota, hermano: que descanses en paz.

Kuwait en la Triple Frontera

Una batalla campal internacional se inició el pasado lunes 25 de octubre, cerca de las 9 de la mañana, en la frontera entre Paraguay y Brasil, a un kilómetro aguas abajo del Puente de la Amistad, cuando agentes de la Policía Federal brasileña empezaron a disparar desde la costa contra una embarcación que cruzaba mercaderías por el río Paraná, desde un puerto clandestino del barrio San Miguel de Ciudad del Este, en el sector ribereño popularmente conocido como Kuwait.

Ante la lluvia de disparos, la lancha de los contrabandistas retornó a la costa paraguaya, donde los tripulantes respondieron al fuego con armas automáticas, generándose un infernal tiroteo de costa a costa, de país a país, durante cerca de tres horas.
Desde el centro se escuchaba el eco sordo de los balazos, pero ni la Policía, ni las autoridades de la Fiscalía o del Poder Judicial, acudieron en el momento a verificar lo que estaba sucedieron. Un grupo de periodistas llegó hasta cierta distancia y pudo registrar escenas de mujeres y niños huyendo despavoridos, y alumnos de una escuela que rezaban con el miedo en sus rostros.
Cuando todo terminó, hubo varios relatos anónimos sobre lo sucedido, pero nadie quiso asumir una denuncia oficial y menos dar entrevistas. Se supo que dos de los tripulantes de la lancha resultaron heridos por los balazos, y recién al día siguiente la Policía obtuvo sus identidades: Padero Alderete Gaona y Roberto Ruda, brasileños que residían ilegalmente en el lugar, sin documentos de identidad. Para entonces, ambos ya habían desaparecido.
Las paredes de las humildes casas ribereñas exhiben sus mordeduras de balas, tanto por lo sucedido ese lunes, como de otros incidentes anteriores. Los moradores han aprendido a convivir con la existencia de los puertos clandestinos, que operan principalmente en la oscuridad de la noche, pero ahora están preocupados de que ya lo hagan a plena luz del día. Irónicamente llamaron Kuwait a su barrio, pero ahora temen que ese nombre que evoca a un lejano escenario bélico, se les vuelva una realidad cotidiana.
¿Puede la policía brasileña disparar impunemente desde la costa del vecino país hacía un sector marginal densamente poblado en territorio paraguayo, sin que eso signifique un incidente internacional, una violación de la soberanía, por más contrabando que lo justifique? Aquí, hasta ahora, nadie ha reclamado por eso. Los puertos clandestinos mueven mucho dinero y son parte fundamental del engranaje de la economía fronteriza.

Vivo o muerto

Es lo que decían los polvorientos carteles del Viejo Oeste: Wanted dead or alive (Buscado vivo o muerto). Fotos borrosas, rostros dibujados a carbón, cabezas humanas puestas a precio. Cazadores de recompensas que disparaban primero y preguntaban después. Era más seguro cobrar por cadáveres y nadie reclamaba en ese territorio sin Ley. Muerto el perro, se acabó la rabia.
El Paraguay del 2010 no es el Far West del siglo XIX, por más que a veces se le parezca. Aquí existe un Estado de Derecho y significativos avances en la legislación y la acción institucional. Aunque algún sector importante de la población aplauda con entusiasmo, no es correcto que un presidente de la República declare que la muerte del ex integrante del Ejército del Pueblo Paraguayo, Severiano Martínez, era “una noticia largamente esperada”. Ninguna muerte de un ser humano, por más peligroso criminal que se considere, debe ser noticia esperada para gobernantes de un país democrático.
Hallar y matar al prófugo fue un punto positivo para las fuerzas de seguridad, en la misión de acabar con la banda armada de secuestradores con entrenamiento guerrillero. Pero, en un país con tradición de policías de gatillo fácil, hay un error conceptual en la orden de capturarlos “vivos o muertos”.
Un instructor de Swat dijo que el mejor Grupo Comando es el que consigue atrapar vivo al más peligroso criminal y entregarlo a la Justicia. Aunque decida "no entregarse vivo", un combatiente profesional sabe “anular a un objetivo hostil sin usar fuerza letal”, disparando a puntos no vitales del cuerpo. ¿No podía ser el caso, con siete tiradores entrenados, con fusiles de asalto, chalecos anti-balas, contra un hombre con una sola pistola, mal alimentado y varios días de sobrevivir en el monte? Nadie puede ponerse en la piel de hombres en una situación límite con armas, pero el acribillamiento abre pie a teorías de ajusticiamiento, presuntas “quemas de archivos”, y pérdida de oportunidad de obtener informaciones valiosas.
Lo más preocupante es la perversa lógica instaurada del “si ellos matan… nosotros también matamos”. O la cuantificación de números de víctimas y policías asesinados contra el de delincuentes abatidos, como si se tratara de una mortal competencia. Un Estado de Derecho no puede responder con la misma técnica de los criminales, porque el respeto a la vida humana y la aplicación de la Ley es lo que lo diferencia de quienes se ponen al margen. La pérdida de nuestros familiares, amigos y conciudadanos, no dejará de dolernos. Pero en su memoria debemos exigir Justicia y no venganza.

El rostro joven del miedo

Cerca de las 04.00 de la madrugada salieron de una de las más renombradas discotecas de Ciudad del Este, frente al Lago de la República. El muchacho pidió a su novia que la espere en la vereda mientras retiraba el auto. Cuando volvió, ella ya no estaba. Bajó a buscarla. Oyó un grito y acudió desesperado, pero dos desconocidos surgieron de entre las sombras y lo encañonaron con sus pistolas, llevándolo a empujones hasta un sitio desolado, donde presenció cómo otros hombres tenían sujeta a su pareja y la estaban violando sexualmente.
Fue un amanecer interminable y siniestro. Tras saciar sus instintos, los desconocidos les despojaron de todas las pertenencias de valor y les obligaron a recorrer cajeros automáticos para vaciar sus cuentas bancarias y entregarles el dinero. El muchacho y la chica, ambos muy jóvenes, miembros de familias de buena posición económica en la sociedad esteña, fueron finalmente abandonados en una zona baldía, en las afueras de la ciudad.
Ocurrió hace dos semanas. El caso no fue denunciado a las autoridades, por temor o vergüenza. Varias otras historias similares circulan de boca en boca en estos días por Ciudad del Este, mencionando a una presunta banda de violadores y asaltantes que andaría suelta por las calles, acechando principalmente a la salida de pubs y discotecas.
En la madrugada del domingo último se produjeron dos atentados con armas de fuego contra jóvenes. En uno de ellos fue asesinado Rubén “Lato” Cácerez. Su acompañante, R. D., pudo sobrevivir y escapar por milagro. En el otro ataque, Victor Manuel Pintos resultó herido en la cabeza. A los pocos días, anónimos mensajes de textos empezaron a circular vía celular, con una lista de cerca de 20 amigos de las víctimas: “Cuídense. Principales blancos. Este sábado no salgan”.
Una sensación colectiva de miedo e inseguridad se ha instaló en la población, al punto en que las autoridades han debido adoptar medidas urgentes, prohibiendo fiestas estudiantiles, controlando severamente el ingreso de menores a locales nocturnos e instalando barreras policiales en las calles. El jueves, en medio del festejo por la clasificación de la Albirroja, los jóvenes esteños realizaron una marcha para reclamar seguridad y el combate a la delincuencia.
La criminalidad no es algo nuevo en esta región fronteriza, pero hoy repercute con mayor fuerza al afectar directamente a jóvenes de clase media y alta. La mayoría de los padres de familia viven una cotidiana carrera de lucro y ambición, con muy poco tiempo para ocuparse de sus hijos, y de pronto descubren haberles otorgado demasiada permisividad en un ambiente donde abundan los excesos de fiestas nocturnas, con un trasfondo de tráfico de drogas, peleas entre pandillas y culto a la violencia… y no saben qué hacer. Hoy claman que el Estado o la Policía salgan a ocupar el rol de vigilantes que ellos no supieron cumplir.

Huevadas violentas

Se hacen llamar dirigentes sindicales, líderes que en teoría luchan por un modelo de sociedad alternativa con mayor justicia y equidad, pero el comportamiento demostrado el miércoles a la tarde, al rodear y atacar a la sede de la Redacción del diario Última Hora, en Asunción, arrojando huevos y petardos, además de proferir insultos verbales de todo tipo, contradictoriamente los asocia a exaltados integrantes de turbas o patotas, o de violentas barras bravas futboleras.
La Mesa Coordinadora Sindical quiso justificar que la manifestación fue dirigida solo contra el empresario Antonio J. Vierci, presidente del grupo empresarial al que pertenece este diario, en protesta por “la línea editorial que responde a intereses fácticos”, pero quienes se hallaban en el interior del edificio atacado eran periodistas y funcionarios, obreros de talleres y de transporte, y asustados clientes atrapados por la violencia.
A los comunicadores nos resultó aun más inexplicable identificar entre los dirigentes al propio secretario de organización del Sindicato de Periodistas del Paraguay, el colega Eduardo “Coco” Arce. Un medio periodístico atacado por una turba, y el directivo del gremio que debería defendernos, ubicado del lado de los agresores.
La línea editorial de un diario es la opinión oficial de sus editores, con la cual se puede discordar libremente, y existen mecanismos democráticos para contestar y expresar el disenso: el derecho a réplica, los espacios informativos, las secciones de opinión pública, o las variadas opciones de libre acceso y contestación que permite también la edición digital en internet. Un acto de agresión como el que protagonizaron los funcionarios públicos no solo cae en la práctica ilegal de la violencia, sino además configura un atentado contra la libertad de prensa y de expresión.
Quienes conocen mi manera de pensar y mi postura personal, saben que siempre apoyé las conquistas laborales, y en este caso estoy a favor de la Ley que reduce las horas de trabajo de los funcionarios públicos, por más que crea que en este conflicto se juegan intereses políticos extra-gremiales, en la pulseada de poder entre el Gobierno y sus adversarios en el Parlamento. Dentro del pluralismo que caracteriza a Última Hora, nunca he sentido restricciones para expresar mis opiniones en mis columnas semanales, aunque resulten discordantes con la línea editorial del diario.
Es lo que muchos periodistas venimos haciendo desde hace décadas: informar responsablemente y expresar con libertad nuestra opinión, y leer y escuchar con respeto a quienes disienten, sin salir a patotear y a arrojar huevos a la cara de todos los que piensan distinto.

El sitio al Estado

La declaración del Estado de Excepción en cinco departamentos del país revela la incapacidad del Gobierno de enfrentar a los integrantes del llamado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) con los recursos ordinarios del Estado de Derecho.
Aunque los constituyentes de 1992 le hayan puesto un nombre más moderno, la aplicación del artículo 288 de la carta magna evoca inevitablemente al viejo y odioso Estado de Sitio que la dictadura del general Alfredo Stroessner aplicó arbitrariamente durante 35 años para perseguir, encarcelar, torturar y asesinar a miles de paraguayos.
Puede sonar a un simple juego de palabras, pero la instauración del Estado de Sitio implica también reconocer que una pequeña pero violenta banda armada de secuestradores con entrenamiento guerrillero ha logrado poner en sitio al Estado, al punto de obligarle a aplicar su recurso constitucional más extremo.
Visto de este modo, los miembros del EPP han logrado su objetivo mediático, ya que con esta declaración el Gobierno les otorga de hecho, aunque no oficialmente, el carácter de guerrilleros, sediciosos o contrainsurgentes que tanto estaban reclamando, contradiciendo a la estrategia originaria del ministro del Interior, Rafael Filizzola, de tratarlos simplemente como delincuentes comunes.
No hay dudas de que la gran mayoría de la población apoya la declaración del Estado de Excepción, tras la criminal y despiadada violencia con que los presuntos miembro del EPP asesinaron a cuatro personas en la zona de Arroyito, Concepción, el pasado miércoles 21 de abril, pero ello no impide que surjan temores y fantasmas ante el retorno de esta extrema figura constitucional.
El Estado de Excepción implica inevitablemente un retroceso democrático, porque recorta las libertades civiles en los lugares donde estará en vigencia. Siempre existe el riesgo de que se cometan abusos durante su implementación, por tanto la prensa y las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las de derechos humanos, deberán estar muy vigilantes. Y ojalá sirva realmente para terminar de una vez con la amenaza del EPP, y devolver la paz y la tranquilidad que tanto necesita el Paraguay
Por último, no deja de ser estimulante ver a los dirigentes de los principales partidos políticos presentándose unidos para apoyar el Estado de Excepción. ¿No podrían unirse también para avanzar juntos en otras cosas más positivas para el país?

Combatir al EPP también en lo polìtico

El ministro del interior, Rafael Filizzola, sostuvo desde el principio que el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) es solo una banda de delincuentes comunes, y no un grupo con pretensiones guerrilleras, pero en su búsqueda ha desplegado las más gigantesca movilización de tropas policiales y militares de combate, que –aunque no se llame así- tiene todas las características de un operativo de contrainsurgencia. Es decir, lo que se niega en teoría, se asume en la práctica.
En nuestras series de reportajes sobre el origen y la composición del EPP, hemos demostrado que desde su nacimiento en 1992, como proyecto de un supuesto ejército revolucionario y brazo armado clandestino de un partido político de izquierda (Patria Libre), encerraba un componente ideológico.
En estos 20 años, ni PL llegó a ser el gran partido de izquierda que pretendían sus fundadores, ni el EPP pudo convertirse en la guerrilla a destiempo, pero sí se transformó en la más temible y eficaz banda de secuestradores, la única que en el mapa del crimen organizado en Paraguay recibió adiestramiento y asesoramiento de un histórico grupo guerrillero latinoamericano que también devino en banda criminal: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Es comprensible que el Gobierno no quiera otorgarles ningún cartel de fuerza combatiente, pero tratarlos solamente como delincuentes comunes significaría ignorar que tras de sus actos criminales enarbolan un discurso político anti-sistema, que ha permeado en estrados de pobladores y de organizaciones sociales y políticas de Concepción y San Pedro, especialmente en aquellos sectores humildes que más han sentido el abandono del Estado en todos estos años.
Hoy se recorre más rápido los 414 kilómetros desde Asunción hasta la ciudad de Concepción, que los 170 kilómetros desde esta localidad hasta la colonia José Félix López (Puentesiño), o los 190 hasta Vallemí, en donde la cinta de tierra roja abierta entre la vegetación no merece llamarse camino, en donde los pobladores deben recorrer lejanas distancias en moto, a pie o a caballo, para llegar a algún derrumbado puesto de salud donde solo hay dispensarios vacíos y médicos ausentes. Es en ese territorio de cien años de soledad donde el EPP logró crecer y hasta ganar la adhesión de reconocidos dirigentes campesinos.
Ocupar la región con ejércitos de policías y militares hoy puede traer una sensación de seguridad (aunque hay que estar muy atentos a los posibles abusos, o al efecto de “caza de brujas”, como ya sucedió durante el Operativo Jerovia, en 2008), y es posible que se logren importantes capturas de miembros o simpatizantes del grupo armado. Pero si además el Gobierno no se hace presente con caminos, hospitales, escuelas, programas de producción y desarrollo rural… el combate al EPP será solo parcial e insuficiente.

La vida de Fidel

Fidel Zavala (tercero, desde la derecha), junto con trabajadores de su estancia, en Concepción.

En un diálogo con el maestro colombiano Javier Darío Restrepo -el mayor gurú de la ética periodística de la Fundación Nuevo Periodismo de García Márquez-, un reportero paraguayo le preguntó qué debía hacer si él llegaba a obtener una primicia exclusiva sobre el secuestro de Fidel Zavala, pero la publicación podía poner en riesgo la vida del secuestrado.
La respuesta de Restrepo fue clara y contundente: “Te guardas tu primicia. Ninguna noticia es más importante que preservar la vida de la persona que está secuestrada, hasta que pueda ser liberada y vuelva a reunirse con su familia”.
Cuando secuestraron a Zavala, el 15 de octubre de 2009, los miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) pusieron exigencias para negociar la liberación: 1) Que los familiares no hagan declaraciones a la prensa, ni se publiquen informaciones sobre las tratativas; 2) Que las autoridades policiales, fiscales y judiciales se mantengan al margen.
En todo este tiempo, la prensa cumplió con responsabilidad. Valiosos datos sobre plazos y montos de la negociación entre la familia Zavala y el EPP quedaron guardados bajo llave en las gavetas de los editores. Se sacrificaron las primicias de alto impacto, para promover una amplia campaña de solidaridad: marchas ciudadanas en reclamo de paz y seguridad, cintas blancas y banderas tricolores ondeando al viento, junto a un mismo grito colectivo: ¡Liberen a Fidel!
Desde el Gobierno, en las primeras semanas también se mantuvo una prudente distancia, pero en los primeros días de noviembre, en vivo y en directo ante las cámaras de televisión, el ministro de interior, Rafael Filizzola, comunicó el envío de tropas de combate a Concepción, dando inicio a la cacería de los miembros del EPP.
Lo dijimos en su momento, en esta columna: “La aparatosidad mediática de la incursión armada de nuestros rambos, en momentos en que Zavala continúa secuestrado, implica jugar con fuego. Más allá de las razones secretas que motivaron a teñirse el rostro con pinturas de guerra, habrá que ver cómo reacciona el EPP ante la nueva coyuntura. El sentido común de cualquier experto en acción ofensiva hubiera aconsejado esperar que el ganadero sea liberado, antes de iniciar la cacería. O al menos hacerlo con la máxima discreción y silencio”.
El 25 de diciembre, al mediodía de la Navidad, la familia Zavala rompió el silencio para pedir con desesperación el cese de los allanamientos y el retiro de las tropas de Concepción. “No queremos que eso pueda ocasionar algún desenlace que nadie quiere”, dijo Diego Zavala, hermano de Fidel. Es evidente que tras sus palabras hay una advertencia de los secuestradores.
El ministro Filizzola respondió que no retirará las tropas, ni tampoco detendrá los procedimientos. El Gobierno sigue dispuesto a jugar con mano dura, por más que Fidel siga secuestrado, en manos de un grupo armado que ya ha demostrado no darle mucho valor a la vida.
Dios quiera que el 2010 no nos traiga otra grave crisis, como trágica consecuencia de otro grave error político.

Los justicieros de Ciudad del Este

La familia de William Bernal, jefe comercial de Última Hora en Ciudad del Este, sufrió el sábado anterior una noche de verdadera pesadilla.

Cerca de las 22:00, su esposa Fanny transportaba en auto a sus tres pequeños hijos, a su hermana y a la niñera, cuando un taxi les cerró el paso. Descendieron dos jóvenes con el torso desnudo, con armas cortas, que les apuntaron y ordenaron que bajen, para llevarse el vehículo y todas las pertenencias.

Ante la demora, los asaltantes dispararon contra el fuselaje del automóvil, sin importar quienes pudieran estar adentro. Solo un milagro evitó que las balas no hirieran a los niños y a las otras dos mujeres.

El violento atraco ocurrió sobre la muy transitada avenida San José, a dos cuadras de la rotonda Área Uno. Los demás automovilistas desviaban a gran velocidad, ignorando los desesperados pedidos de auxilio de las mujeres y los niños. Pero hubo un joven, a bordo de una motocicleta, quien al darse cuenta de lo que sucedía, se acercó socorrer a las víctimas. Tras percatarse de que no estaban heridos, el anónimo motociclista, con una pistola en la mano, se lanzó en carrera tras los asaltantes, realizando disparos contra el vehículo en el que huían.

Fue una larga noche de vigilia, en que los miembros de UH CDE acudimos a acompañar al compañero William en las gestiones ante las autoridades y en socorrer a los miembros de la familia aún en estado de shock. Luego, junto a patrullas policiales, desplegamos una intensa búsqueda por los barrios más sórdidos, tratando de ubicar al auto robado.

Cerca de las 04 de la madrugada del domingo, una llamada telefónica del mismo anónimo motociclista que había perseguido a los ladrones, informó que el auto estaba abandonado en las inmediaciones del mercado municipal. Hallamos el vehículo intacto, aunque vaciado de las pertenencias de valor y con el fuselaje cribado de balas. El misterioso héroe civil no quiso revelar su nombre.

El caso del “justiciero de la moto” no es el único. Ante la impune escalada de crímenes violentos, en noviembre ocurrieron otros cinco episodios en que vecinos de varios barrios de Ciudad del Este intervinieron para frustrar asaltos, perseguir y atrapar a delincuentes, y en dos casos incluso mataron a tiros a los asaltantes. Como en la clásica obra teatral “Fuenteovejuna” del escritor español Lope de Vega, los testigos se niegan a revelar los nombres de quienes hicieron justicia por mano propia.

Uno sabe, desde sus más profundas convicciones democráticas, que todo esto no es lo correcto, que la Ley prohíbe que los ciudadanos hagan justicia por mano propia. Pero tras haber vivido en carne propia la trágica odisea de la familia Bernal, resulta difícil ponerse en contra de los justicieros de Ciudad del Este.

Los otros secuestros

He recibido varias cartas de lectores que cuestionan por qué los periodistas gastamos ríos de tinta sobre el secuestro de “alguien con mucho poder económico como el ganadero Fidel Zavala”, y no decimos nada acerca de “los muchos otros secuestros, robos y asesinatos, contra humildes y anónimas personas del pueblo” que ocurren en el país.
Hago “copy paste” de algunos de los muchos artículos que escribí en esta misma columna, hace ya algún tiempo:

“La corrupción es asesina. La corrupción hoy mata con las balas de asaltantes y secuestradores, pero hace mucho que también mata sin ruido porque el dinero que podía ser destinado a hospitales, escuelas, caminos y fuentes de trabajo, va a parar a los bolsillos de autoridades, legisladores, jueces, fiscales, funcionarios, políticos y empresarios corruptos”.
“¿Ha crecido la inseguridad? En todo caso, es otra forma de inseguridad la que ha llegado y hoy golpea la puerta de viviendas residenciales, oficinas lujosas y colegios caros. Pero empecemos por admitir que la inseguridad no es solo vivir con la angustia de que una banda te pueda secuestrar a la salida de la casa, el negocio o la escuela, o que un marginal te pueda clavar un puñal para robarte la billetera en cualquier esquina”.
“La inseguridad es también no saber qué les vas a dar de comer hoy a tus hijos, no tener un médico que los atienda cuando están enfermos, no poder darles una casa digna o una buena escuela, no poder ofrecerles la posibilidad de vivir en un país donde puedan crecer con oportunidades de convertirse en personas dignas. Hace años o siglos que amplios sectores de nuestro pueblo vienen padeciendo esta otra forma de inseguridad, pero eso no es noticia en las páginas de policiales de los diarios, ni merece marcha de repudio por las calles”. (“Qué hacer”, ÚH 16 de octubre de 2004, tras el secuestro y asesinato del niño Amín Riquelme).

“Sí… hay un país que está secuestrado, y al que hasta ahora no conseguimos liberar. Un país en el que deseamos vivir sin tener que escondernos tras las rejas de nuestro hogar convertido en cárcel. Un país en el que podamos dejar a nuestros ir a la escuela o a divertirse sanamente con sus amigos, sin la angustia de creer que no regresarán. Un país en el que no tengamos que rodearnos de garitas y armas, ni caminar por las calles mirando de reojo a cada rato. Un país en donde no seamos prisioneros de nuestro propio miedo. ¿Dónde está ese país? ¿Quién lo tiene cautivo? ¿Cuál será el rescate que debemos pagar por él?”. (“El país secuestrado”, ÚH 3 de julio de 2004).

¡Liberen a Fidel Zavala!
¡Liberemos al Paraguay!

Los rostros del miedo

En Paso Barreto, en Hugua Ñandú, en Yvyraty... se respira miedo.
Los pobladores agachan la cabeza ante la llegada de cualquier extraño, huyen de la presencia de cámaras y micrófonos como si fueran signos de una peste terrorífica, y mandan a las mujeres y a los niños a encerrarse en el interior de las humildes viviendas, cerrando sus puertas y ventanas.
He recorrido en muchas ocasiones anteriores estos desolados y olvidados territorios del norte del país, y nunca antes había sentido esta especie de angustia colectiva, este no entender qué es lo que está pasando, esta forma de percibir las horas siguientes como una gran incógnita.
Veo miedo en los ojos de Sotero Jara, el laborioso poblador cuya casa está al lado de la del hoy prófugo dirigente campesino Alejandro Ramos, el que ocultó el campamento de los presuntos guerrilleros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en un pequeño bosque de su patio trasero, en Yvaroty, a solo 12 kilómetros del centro urbano de Horqueta. A Sotero se le quiebra la voz y le tiemblan las manos, no quiere dejar de ser amable con el visitante, pero no sabe cuál de sus palabras podría costarle un alto precio, solo por haber sido vecino de una realidad que todos veían, pero nadie quería ver.
Veo miedo en la mirada de Asunción Duarte, presidente de la Organización Campesina del Norte (OCN), mientras compartimos un almuerzo en un céntrico bar de Horqueta. "Ijetu'u ko asunto, ndaikatúi ha'epa la ha'eséva (es serio este asunto, no puedo decir todo lo que quiero decir)", admite, en un momento de franqueza. El gremio que dirige pasa por un delicado momento, al revelarse que algunos miembros históricos tienen fuertes relaciones con el EPP, y a él le duele que la historia de valiosas luchas del campesinado norteño sea descalificada por la acción radicalizada de unos pocos.
Hay miedo en los silencios de Cecilio Ledesma, el ganadero que accidentalmente descubrió el campamento del EPP en Horqueta, cuando seguía las huellas de su vaca robada, y la encontró convertida en charque y asado por los presuntos guerrilleros. Dijo al principio que podía reconocer a los abigeos, pero ahora cambió su versión testifical en la Fiscalía y asegura que nunca les vio los rostros.
Hay miedo en los rostros de los peones de las estancias Mabel y Rancho Z, desde que su patrón fue llevado por hombres con armas y uniforme de combate, y todos los días nos preguntan a los periodistas qué sabemos sobre el secuestro de Fidel Zavala.
Hay miedo en los rostros del escuelero Miguelito, de la lavandera Ña Jacinta, del almacenero don Mario, que se preguntan cómo pudimos llegar a esto, quien dejó que las cosas llegaran a este punto, por qué las autoridades y los políticos hablan tanto allá en Asunción, pero nadie viene aquí y hace algo para hacerles sentir menos solos y asustados, para curar esta enfermedad colectiva que se llama miedo.

Los guerrilleros secuestradores

Hace doce años que juegan a la banda guerrillera. Desde que fueron descubiertos cavando un túnel para intentar robar la sucursal del Banco Nacional de Fomento en Choré, San Pedro, en diciembre de 1997, se han adiestrado sin parar en prácticas de asaltos, secuestros y muerte, en nombre de la revolución.
Tienen en su haber 4 secuestros extorsivos (Nika Debernardi, Cecilia Cubas, Luis Lindstron y ahora Fidel Zavala Serrati); 3 asesinatos comprobados (Cecilia Cubas y los policías Andrés Brítez y Óscar Noceda); más de 6 casos de asaltos y quemas de comisarías, destacamentos y estancias (Hugua Ñandú, Kurusu de Hierro, Tacuatí, Santa Adelia, Santa Herminia) y hasta la colocación de una bomba en el baño del Palacio de Justicia, en Asunción.
Varios de sus fundadores, especialmente su "comandante en jefe", Alcides Oviedo, y su principal vocera, Carmen Villalba, están en la cárcel. Pero eso no impide que sigan dirigiendo a un furtivo grupo de hombres y mujeres que se mueven libremente por los montes de Concepción y San Pedro, sin ser detectados, y a cada tanto perpetran sus espectaculares golpes, con uniformes de combate y armas de gran poder, para disolverse otra vez en la espesura.
Hay claras evidencias de que fueron adiestrados por expertos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a quienes pagan comisiones por los rescates cobrados en cada secuestro. Se hacen llamar Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), se definen como una guerrilla "comunista, marxista leninista". Hablan de su objetivo de "tomar el poder", pero sus acciones, más que de subversión armada, hasta ahora han sido puramente delincuenciales.
Mantienen un discurso radical de violencia revolucionaria que seduce a sectores de izquierda, y está demostrado que cuentan con apoyo y simpatía de algunas organizaciones sociales y campesinas en el Norte del país.
Ni los gobiernos anteriores, ni el actual, han demostrado contar con la voluntad o la preparación suficiente para poner fin a sus acciones violentas. En el caso del Gobierno Lugo, el fracaso ha sido más estruendoso, cuando en enero de 2009, tras la quema del destacamento de Tacuatí, desplegó un costoso y gigantesco operativo policial y militar en San Pedro y Concepción, sin lograr capturar a un solo miembro del EPP, aunque obtuvo graves acusaciones de maltratos y torturas de parte de las fuerzas públicas.
Hoy el grupo se atribuye la autoría de un nuevo caso de secuestro, que conmociona al país. El Gobierno insiste en considerarlos delincuentes comunes, cuando son mucho más que eso. El enfrentamiento no se debe dar solamente en el terreno represivo, sino principalmente en el político. Y mientras se haga muy poco por combatir la dura realidad de marginación y pobreza en que sobreviven las vastas regiones que sirven de base al EPP, no será tan fácil derrotarlos.

Morir por un celular

Javier Augusto Brítez, 17 años, era un chico lleno de vida y de sueños. En la noche del lunes 12 de noviembre estaba con un amigo en la vereda de su casa, en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, haciéndole escuchar los últimos hits musicales que había bajado de Internet en el dispositivo mp4 de su teléfono celular, cuando la muerte le salió al paso.
Dos jóvenes se acercaron raudamente a bordo de una moto. El que venía detrás, identificado como Fernando Enmanuel Monges, de 19 años, se bajó y les apuntó con un revólver, exigiéndole a Javier que entregue el celular. Todo pasó muy rápido. El chico intentó resistirse. El agresor le disparó seis balazos. Murió poco después en el hospital.
Este caso es apenas uno más entre cientos que sucedieron en los últimos meses. En Ciudad del Este, según estimaciones de la propia Fiscalía, se roban unos 100 teléfonos celulares al día, y muchas de las víctimas son heridas, acuchilladas, baleadas, o asesinadas.
El caso más reciente es el de Denis Augusto Brítez, de 14 años. Su agresor fue otro niño, de apenas 13 años, quien le clavó un puñal entre las costillas y le cortó en la nariz, porque no le entregó rápido el Motorola L7 tan codiciado. Ocurrió en la escuela Primer Intendente Municipal de Ciudad del Este. El pequeño ladrón siempre iba armado a clases, pero como es menor de edad resulta inimputable y ahora está libre.
Antes, un hecho trágico como este era una gran noticia.
Ahora ya no.
El 13 de junio de 2001, el adolescente Diego Báez Mellid, de 15 años, alumno del Colegio Salesianito de Asunción, fue asesinado a puñaladas por otros dos jóvenes solo por robarle la mochila. Entonces fue un escándalo que motivó grandes titulares en los diarios, debates en las radios, largos informes en los noticieros de televisión, durante semanas enteras, y provocó una movilización juvenil sin precedentes. Miles de estudiantes salieron a las calles a exigir justicia y seguridad, con el grito de batalla “¡Basta Ya!”.
Ahora ya no.
Ahora un hecho así merece dos columnas perdidas con un título repetido y esquemático: “Otro joven es asesinado para robarle su celular”. Un flash rápido en la radio. Un informe breve en la tevé. Y rápidamente vamos a un corte comercial o pasamos a otro tema: las próximas elecciones coloradas, el insulto del día del político de turno, el próximo partido de fútbol de la selección paraguaya, la modelo atrevida que se desviste y muestra la cola… Ahora ya nadie sale a la calle, a reclama o a gritar “¡Basta ya!”.
¿Qué nos pasa…?
¿Ya nadie se conmueve ante el dolor sin consuelo de los familiares de las víctimas?
Duele, sí. Duele mucho que te arranquen la vida de un ser querido, así, tan de golpe, tan de sorpresa. Duele el dolor, duele la ausencia, duele la impotencia. Duele que una vida humana, sagrada e invalorable, valga tan poco en estos días: una ajada mochila llena de útiles escolares y sueños juveniles; un teléfono celular, unos billetes mugrientos para financiar un toco de marihuana o una bolsita de crack.
"Duele estar vivo aquí/ donde no hay más que hacer/ que esperar que un loco te acribille a la salida /el país entero se parece a una guarida…", dice Víctor Heredia en una desgarradora canción de su disco "Fénix".
Duele, sí. Duele despertarse frente a la dura, absurda, incomprensible realidad. Duele tratar de entender que lo que siempre parecía lejano, o que siempre le sucedía a otros, de pronto se te haya metido entre las paredes de tu casa, bajo la piel de tu alma. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi hija? ¿Por qué a nuestro hermano, hermana, compañero, compañera...?
Desde el dolor se pueden entender muchas cosas. La rabia, la indignación, la condena sin discriminación a los políticos, las cruzadas fundamentalistas en favor de leyes más duras y de un Estado aún más represivo.
Duele, sí. Pero no hay que dejar que el dolor nos haga perder de vista el trasfondo de las cosas.
Por ejemplo, que las causas de la violencia criminal no están solamente en la supuesta permisividad de las leyes, sino también en la endémica corrupción que nos agobia, y en las infrahumanas condiciones de miseria en que sobrevive casi la mitad de nuestra población.
Por ejemplo, que la imposición de penas más severas contra los delincuentes no significará tampoco solución alguna, desde el momento en que nuestras cárceles tampoco sirven para rehabilitar a nadie. Por el contrario, son usadas como escuela de criminalidad y como base de operaciones para las mafias organizadas. ¿De qué sirve hacinarlas aún más? ¿Estaremos acaso más seguros con eso?
Los paraguayos y las paraguayas hemos vivido siempre en una sociedad violenta, víctimas de una fuerte cultura represiva, pero que no se ha caracterizado precisamente por reprimir al crimen, sino más bien a los que quieren cambiar este sistema injusto, corrupto y criminal.
Lo preocupante de este caso es que en los últimos años, desde la caída de la dictadura, los ciudadanos hemos logrado pequeños avances hacia una sociedad un poco más democrática, humana y generosa en su legislación. Solo que hemos sido incapaces de erradicar la corrupción, y muchos de esos avances, como las penas sustitutivas, las condenas alternativas o las libertades condicionales, han sido perversamente utilizadas por jueces y fiscales corruptos, incapaces o irresponsables. Sería lamentable que hoy, movidos por el dolor, perdamos esos importantes avances, porque eso significaría que nuestra sociedad seguirá siendo corrupta, pero además se volverá aún mucho más represiva.
Que el dolor sirva de algo bueno. En memoria de nuestros seres queridos exijamos no solamente justicia contra los criminales que nos asaltan en las esquinas, sino también contra los grandes criminales disfrazados de grandes señores que han condenado a este país a convertirse en una inmensa guarida.