Los grafitis de Ñacunday

El ejercicio de matemáticas estaba allí, anotado en el pizarrón de una de las escuelas móviles instaladas bajo carpa, en el campamento de los sintierras de Ñacunday. Decía, textualmente: “Favero tiene 162.000 hectáreas de tierra, que quiere repartir a los carperos en partes iguales. Hay 1.500 carperos. ¿A cuántas hectáreas iguales de tierra le toca a cada uno?”.

Tras la indignación de algunos sectores, ante las publicaciones periodística que mostraban la peculiar lección escolar –y que muchos interpretaron como un “adoctrinamiento ideológico” -, el ministro de la Secretaría de Información y Comunicación (Sicom), Augusto Dos Santos, rescató en su cuenta de la red social Facebook un singular grafiti que manos anónimas escribieron en una pared:

“Mi-mama-me-mima

Favero-me-fumiga.

(Escuela carpa)”.

Comenta Dos Santos en su mensaje postal: “Un grafitti que acabo de ver, genial y con un toque de humor contra los amargos fascistas que nos rodean”.

El propio ministro de Educación, Víctor Ríos, salió a defender la manera de enseñar en las escuelas-carpas. "Los maestros enseñan de acuerdo a su realidad. No estoy justificando, pero estamos razonando juntos", declaró en una entrevista radial.

En una charla con colegas de ÚH, acabamos coincidiendo con el ministro Ríos: los ejercicios de matemáticas sobre las hectáreas de Favero y el número de carperos están mucho más cerca de la realidad de los niños y niñas de Ñacunday, que las enunciaciones sobre cubos, tetraedros, teoremas de Tales o Pitágoras. Los manuales escolares que describen hogares con “livings” o “terrazas”, para un niño o una niña que habita una mísera choza con piso de tierra, deben resultar como las Crónicas Marcianas del escritor Ray Bradbury.

Pero también coincidimos en que el humorístico grafiti rescatado por el ministro Dos Santos resulta parcial y no enuncia toda la compleja realidad actual que envuelve a los niños y niñas del campamento carpero en Ñacunday.

Así que -siguiendo el juego irónico del anónimo grafitero-, agregamos otras lecciones posibles para las escuelas-carpas:

“Mi-mamá-me-mima

Favero-me-fumiga

Victoriano-me-acosa

La-prensa-me-estigmatiza

El-Gobierno-me-promete-tierras (pero-no-sabe-donde-están)”.

¿Ahora sí son guerrilleros?

El principal logro del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en su última incursión armada en Capitán Giménez, Concepción, con el asesinato de dos policías, no fue militar ni mediático, sino político: que el ministro del Interior, Carlos Filizzola, y el propio vicepresidente de la República y presidente en ejercicio, Federico Franco, les otorguen por fin el estatus que siempre han buscado, al caracterizarlos públicamente como guerrilleros.
Filizzola hizo declaraciones aparentemente poco analizadas e incluso contradictorias. "El EPP, con sus actuaciones, se está convirtiendo en una guerrilla. En este momento, incluso, estamos viendo que está incursionando en zonas urbanas", dijo textualmente.
La acción armada del miércoles no ha sido diferente a otras anteriormente realizadas por miembros del EPP, desde que en agosto de 2004 atacaron e incendiaron la comisaría de Kurusu de Hierro, y siguieron con ataques similares a la comisaría de Jhuguá Ñandú (abril 2006), al destacamento militar de Tacuatí, (diciembre 2008), asaltos y quemas de maquinarias en estancias, cuatro secuestros (Debernardi, Cubas, Lindstron y Zavala) y un trágico saldo de 13 víctimas fatales. ¿Qué es lo nuevo, para que Filizzola diga que ahora sí "se están convirtiendo en una guerrilla"?
¿En qué basa el ministro su afirmación de que ahora están "incursionando en zonas urbanas"? Nada parece más rural que el desolado paisaje de Capitán Giménez. Además, desde sus inicios, el EPP actuó en zonas urbanas: sus primeros sonados secuestros (Debernardi, 2001 y Cubas, 2004) fueron en Asunción. En abril de 2009 colocaron una bomba en el baño del Palacio de Justicia, en la capital. Pero su base de operaciones sigue siendo rural.
El vicepresidente Federico Franco apoyó el razonamiento del ministro: "La única manera (de enfrentarlos) es hacer de esto una guerra de guerrillas", declaró.
Los integrantes del EPP obtienen así lo que el anterior ministro del Interior, Rafael Filizzola, siempre les negó, al insistir en calificarlos como "delincuentes comunes". A partir de ahora, el EPP podrá reclamar internacionalmente -como la mayoría de los grupos guerrilleros en la historia- su reconocimiento como fuerza beligerante insurgente, y acogerse a las Leyes sobre la Guerra de la Convención de Ginebra, exigiendo la intervención de la Cruz Roja Internacional, entre otros beneficios. Si lo consiguen, será gracias al generoso reconocimiento político otorgado por el vicepresidente y el ministro del Interior.

Los sobrevivientes de la Isla de la Utopía

Están allí, acampados frente a la sede del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), en Asunción, casi desapercibidos para los medios de comunicación. Tienen el pelo canoso, la piel marcada por los años y los golpes recibidos, pero en sus miradas se percibe intacto el brillo de aquella antigua rebeldía. Siguen siendo los mismos hombres y mujeres que hace tres décadas se internaron en los montes de San Pedro para fundar la colonia San Isidro de Jejuí, con la utopía de "vivir como hermanos”.
Eran tiempos sombríos de la dictadura stronista, pero en algunos sectores del campesinado, bajo el influjo de aires renovadores en la Iglesia Católica, surgían las Ligas Agrarias Cristianas, en busca de una sociedad más justa y solidaria.
La Fenalac (Federación Nacional de Ligas Agrarias Cristianas) obtuvo del IBR la adjudicación de tierras junto al río Jejuí. En mayo de 1969, en un área de 230 hectáreas, se establecieron 31 familias (unas 150 personas), dispuestas a construir un modelo autosustentable de tenencia asociativa de la tierra y de producción comunitaria.
Se convirtió en "mal ejemplo". La dictadura no podía permitirlo. El diario Patria, vocero del Partido Colorado, acusó que San Isidro era un "koljós" soviético en medio de la selva. En la madrugada del 8 de febrero de 1975, un pelotón al mando del teniente coronel José Félix Grau asaltó la colonia y apresó a los moradores. El pa'i Braulio Maciel, párroco local, fue baleado en la pierna.
Los ranchos fueron destruidos, las chacras arrasadas. Las tierras, por las que ya habían pagado hasta el último guaraní, fueron confiscadas y revendidas. La Isla de la Utopía se convirtió en estancia. San Isidro fue borrada a sangre y fuego. Pero sus pobladores —presos, torturados, perseguidos y dispersos, con la absoluta prohibición de regresar al lugar— mantuvieron vivo el sueño.
Con la caída de la dictadura, empezaron la lucha por recuperar sus derechos. Dos veces fueron desalojados con violencia por la Policía, acusados de invadir sus propias tierras. En 2005, treinta años después de haber sido expulsados, el juez Silvino Delvalle, dictaminó que 150 hectáreas les sean devueltas.
Desde entonces, la burocracia estatal ha impedido el cumplimiento de la reparadora sentencia. El Indert del Gobierno de Fernando Lugo, abanderado con la reforma agraria, pone aún más escollos que los gobiernos colorados. Cansados de esperar, los sobrevivientes de la Isla de la Utopía están allí, acampados en la jungla de cemento, reclamando un sueño más antiguo que sus propias vidas.
No habría que dejarlos tan solos.