El expulsado administrador del EPP, atrapado entre dos fuegos

Manejó las finanzas del grupo armado, que lo echó de sus filas, acusándolo de aportar 100 mil dólares a la campaña de Lugo. Prófugo de la Justicia, Óscar Luis Benítez está oculto y teme que lo ejecuten.


Por Andrés Colmán Gutiérrez

En algún lugar, escondido entre cuatro paredes, está un hombre con identidad falsa, que duerme con un ojo cerrado y el otro abierto; mira constantemente de reojo a sus espaldas, y no se despega ni un instante del arma de fuego que lleva siempre consigo.
Se llama Óscar Luis Benítez, aunque usa otros nombres. Arrastra la oscura leyenda de haber sido administrador de las finanzas del grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en donde ganó el apodo de guerra Ramón, además del suyo, Male′i.
Su foto está multiplicada en los carteles de "buscados", que distribuyen la Fiscalía y el Ministerio del Interior, ofreciendo recompensa por su captura, acusado de haber participado, junto a otros miembros del EPP, en el secuestro de María Edith de Debernardi (2000 y 2001) y en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas (2004 y 2005).

LA SENTENCIA. Un correo electrónico que llegó el pasado lunes 21 de noviembre a radio Ñandutí, selló la suerte de Male′i.
Desde la cuenta aguayo.german@yahoo.com, el texto decía: "Comunicado del Ejército del Pueblo Paraguayo. Comunicamos a nuestro querido pueblo que: Luis Ramón Benítez fue expulsado de nuestras filas por haber pasado 100.000 dólares para la campaña luguista, prevalecido de su condición de administrador".
Aunque mezcla uno de sus nombres reales con el de combate (Ramón), organismos de seguridad admiten la posibilidad de que sea un comunicado auténtico del EPP.ç"Estamos analizando el documento. Tenemos versiones de que Benítez habría quedado fuera de la estructura organizativa del EPP", señala la fiscala Antisecuestro Sandra Quiñónez.
Un poblador del asentamiento Sidepar 3000, en Canindeyú, lugar de residencia y base de operaciones de Benítez durante muchos años, admite: "Aquí sabemos que Male′i fue expulsado del EPP hace un tiempo y actualmente está escondido, con miedo a que la Policía lo agarre, pero también a que le maten sus propios excompañeros".
El morador –quien reclama anonimato por seguridad–, revela que Benítez "estuvo trabajando hasta hace poco como peón en el establecimiento de Eduardo Núñez, en Sidepar, pero después se escapó de allí y permanece oculto. Tiene mucho miedo de que le conviertan en otro Severiano Martínez" (en alusión a otro exmiembro del EPP, quien desertó y se ocultó trabajando como peón en una estancia del Chaco, con identidad cambiada, hasta ser descubierto y caer abatido en un enfrentamiento con la Policía, el 27 de julio de 2011).

HISTORIA OSCURA. Nacido en Yhú, Caaguazú, Óscar Luis Benítez es uno de los muchos campesinos que en los 90 ocuparon tierras en la expropiedad de la empresa Siderúrgica del Paraguay (Sidepar), expropiada por el Estado paraguayo para 740 familias.
A principios de 2000, Juan Arrom y Osmar Martínez, líderes del partido Patria Libre (PL), realizaron las primeras visitas para formar bases políticas en la zona, y Óscar Luis Benítez se convirtió en uno de los principales dirigentes.
Las condiciones de aislamiento y de difícil acceso en que se encuentra, a unos 280 kilómetros al noreste de Asunción, convirtieron Sidepar 3000 en uno de los bastiones privilegiados del EPP.
Hasta ese lugar asegura haber sido llevado el joven Rubén Darío Bernal, a fines de 2004, para recibir adiestramiento en técnicas de guerrilla, en la columna que lideran Osvaldo Villalba (comandante Alexander) y Manuel Cristaldo Mieres (subcomandante Santiago).
Bernal, más conocido como "el guerrillero arrepentido" tras entregarse a las autoridades en 2006 en Huguá Ñandú, asegura que el entrenamiento en los montes de Sidepar duró varias semanas, y contó con el asesoramiento de dos expertos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Óscar Luis Benítez, o Ramón, entró a formar parte del grupo armado y su habilidad en el manejo de las finanzas lo ubicaron en el rol de administrar los fondos provenientes de secuestros o de aportes cobrados a ganaderos, que en la jerga del EPP se denominan "retención a oligarcas" o "impuesto revolucionario".

AGENTE INMOBILIARIO. El 28 de marzo de 2005, como parte de las investigaciones tras el secuestro de Cecilia Cubas, la Fiscalía allanó dos viviendas: una en Villa Cerro Corá, Lambaré, y otra en el barrio Palma Loma, de Luque.
En ambas casas, pero sobre todo en la de Luque, se encontró una compleja infraestructura de muñecos con figuras humanas y habitaciones con paredes a prueba de sonido, entre otras evidencias, que hicieron suponer que eran bases de adiestramiento para miembros del EPP.
Las indagaciones demostraron que la vivienda de Luque fue comprada por Óscar Luis Benítez, a nombre de Lidia Samudio, y es una de varias otras que fueron adquiridas o alquiladas por el "agente inmobiliario" del grupo armado, utilizadas tanto para el secuestro de María Edith, como el de Cecilia Cubas.
Varios cuadernos incautados durante el procedimiento muestran el detalle con que Benítez anotaba los ingresos y egresos del dinero que manejaba, incluyendo gastos de compra de equipos de comunicación, movilidad, víveres, medicamentos y los costos inmobiliarios.
Juan Domingo Martínez, uno de los detenidos, relató que Óscar Luis Benítez, y su novia, Marlene Ortiz Meza, habitaban en la casa de Palma Loma, hasta que desaparecieron del lugar poco antes de la Semana Santa de 2005.
Marlene, la novia de Ramón, era hija de Hugo Julián Ortiz Villalba, docente de Sidepar 3000, quien sería asesinado diez años después, en setiembre de 2010, por miembros del EPP, cerrando un círculo de pólvora y sangre.
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Desencanto del EPP con Lugo

"Aquí todos trabajamos por la candidatura de Fernando Lugo, con fuerza, con rabia, todos los sectores. Pero no hubo cambios. La lucha de clases continúa igual", declaró José Villalba, hermano de Carmen Villalba, y uno de los voceros extraoficiales del grupo, durante una entrevista con ÚH, en enero de 2009.
Aunque no habló de aportes en dinero, admitió un respaldo inicial a la candidatura, de parte de referentes del grupo.
El jueves último, el presidente Lugo negó haber recibido cualquier tipo de financiación del EPP a su campaña.
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Marcado por el crimen de su suegro

La sangre por el crimen de su exsuegro y abuelo de su hija, el educador Hugo Julián Ortiz Villalba, es la marca más fuerte que los pobladores del asentamiento de Sidepar 3000 le reprochan al ex administrador del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), Óscar Luis Benítez.
El docente, quien ejercía el cargo de director del Área Educativa Número 8, residía en una casa vecina a la de Óscar Luis, en el núcleo urbano de Sidepar 3000, y aunque en principio habían sido amigos y familiares, se distanciaron cuando Ortiz Villalba le recriminó por sus andanzas con el grupo armado y le pidió que se aleje de su hija Marlene, y de la pequeña hija de ambos (de Óscar Luis y Marlene), una niña actualmente con 10 años de edad.
Se tejen muchas versiones sobre las causas del asesinato. En Sidepar 3000 todos hablan en voz baja y con miedo, y nadie quiere asumir ser identificado en una entrevista. Pero en voz baja narran que el profesor Hugo Julián fue quien brindó algunos informes a las autoridades acerca de las andanzas del EPP en la zona, y por ello pagó con su vida. Y que uno de sus ejecutores, o cómplices, fue su propio exyerno, Óscar Luis Benítez.

EL CRIMEN. Sucedió cerca de las 9.30 del 1 de setiembre de 2010. El profesor Hugo Julián regresaba de la chacra con su esposa, Clotilde Meza, por un desolado camino rural, cuando les salieron al paso dos hombres con ropa militar tipo camuflaje y quepis cubriéndole los rostros, con armas de fuego, presumiblemente escopetas calibre 12.
La mujer cuenta que gritó y pidió clemencia, pero uno de los hombres disparó a quemarropa contra su marido. El primer tiro fue en el estómago, otro en la cabeza y el tercero directo al corazón. Tras cerciorarse de que Ortiz Villalba estaba muerto, se alejaron sin hacer caso a la mujer.
El crimen provocó la reacción de las autoridades, quienes ordenaron rastrillaje de la región, derivando en un enfrentamiento entre efectivos policiales y miembros del EPP, el 3 de setiembre, circunstancias en que cayó abatido Gabriel Zárate Cardozo, alias Simón, considerado el número 3 en el mando jerárquico del grupo armado.
El otro que estaba con él logró escapar, sin precisarse su identidad, aunque los pobladores sostienen que era el propio Óscar Luis Benítez.

ADIESTRADOR. Llamativamente, Gabriel Zárate Cardozo fue uno de los jóvenes campesinos que habría sido captado y que recibió adiestramiento de parte de Oscar Luis Benítez.
En la lista se menciona además a Nimio y Vidalina Cardozo Cáceres, primos de Gabriel, y a Alcides Mereles Ruiz, alias Presi.
Hoy, en la soledad de su escondite, el ex administrador del EPP se debate entre el dilema de entregarse a la Justicia o seguir expuesto a que lo encuentren sus excompañeros.

(Reportaje publicado en el diario Última Hora, páginas 66 y 67 del domingo 27 de noviembre de 2011).

El rostro joven del miedo

Cerca de las 04.00 de la madrugada salieron de una de las más renombradas discotecas de Ciudad del Este, frente al Lago de la República. El muchacho pidió a su novia que la espere en la vereda mientras retiraba el auto. Cuando volvió, ella ya no estaba. Bajó a buscarla. Oyó un grito y acudió desesperado, pero dos desconocidos surgieron de entre las sombras y lo encañonaron con sus pistolas, llevándolo a empujones hasta un sitio desolado, donde presenció cómo otros hombres tenían sujeta a su pareja y la estaban violando sexualmente.
Fue un amanecer interminable y siniestro. Tras saciar sus instintos, los desconocidos les despojaron de todas las pertenencias de valor y les obligaron a recorrer cajeros automáticos para vaciar sus cuentas bancarias y entregarles el dinero. El muchacho y la chica, ambos muy jóvenes, miembros de familias de buena posición económica en la sociedad esteña, fueron finalmente abandonados en una zona baldía, en las afueras de la ciudad.
Ocurrió hace dos semanas. El caso no fue denunciado a las autoridades, por temor o vergüenza. Varias otras historias similares circulan de boca en boca en estos días por Ciudad del Este, mencionando a una presunta banda de violadores y asaltantes que andaría suelta por las calles, acechando principalmente a la salida de pubs y discotecas.
En la madrugada del domingo último se produjeron dos atentados con armas de fuego contra jóvenes. En uno de ellos fue asesinado Rubén “Lato” Cácerez. Su acompañante, R. D., pudo sobrevivir y escapar por milagro. En el otro ataque, Victor Manuel Pintos resultó herido en la cabeza. A los pocos días, anónimos mensajes de textos empezaron a circular vía celular, con una lista de cerca de 20 amigos de las víctimas: “Cuídense. Principales blancos. Este sábado no salgan”.
Una sensación colectiva de miedo e inseguridad se ha instaló en la población, al punto en que las autoridades han debido adoptar medidas urgentes, prohibiendo fiestas estudiantiles, controlando severamente el ingreso de menores a locales nocturnos e instalando barreras policiales en las calles. El jueves, en medio del festejo por la clasificación de la Albirroja, los jóvenes esteños realizaron una marcha para reclamar seguridad y el combate a la delincuencia.
La criminalidad no es algo nuevo en esta región fronteriza, pero hoy repercute con mayor fuerza al afectar directamente a jóvenes de clase media y alta. La mayoría de los padres de familia viven una cotidiana carrera de lucro y ambición, con muy poco tiempo para ocuparse de sus hijos, y de pronto descubren haberles otorgado demasiada permisividad en un ambiente donde abundan los excesos de fiestas nocturnas, con un trasfondo de tráfico de drogas, peleas entre pandillas y culto a la violencia… y no saben qué hacer. Hoy claman que el Estado o la Policía salgan a ocupar el rol de vigilantes que ellos no supieron cumplir.

Los justicieros de Ciudad del Este

La familia de William Bernal, jefe comercial de Última Hora en Ciudad del Este, sufrió el sábado anterior una noche de verdadera pesadilla.

Cerca de las 22:00, su esposa Fanny transportaba en auto a sus tres pequeños hijos, a su hermana y a la niñera, cuando un taxi les cerró el paso. Descendieron dos jóvenes con el torso desnudo, con armas cortas, que les apuntaron y ordenaron que bajen, para llevarse el vehículo y todas las pertenencias.

Ante la demora, los asaltantes dispararon contra el fuselaje del automóvil, sin importar quienes pudieran estar adentro. Solo un milagro evitó que las balas no hirieran a los niños y a las otras dos mujeres.

El violento atraco ocurrió sobre la muy transitada avenida San José, a dos cuadras de la rotonda Área Uno. Los demás automovilistas desviaban a gran velocidad, ignorando los desesperados pedidos de auxilio de las mujeres y los niños. Pero hubo un joven, a bordo de una motocicleta, quien al darse cuenta de lo que sucedía, se acercó socorrer a las víctimas. Tras percatarse de que no estaban heridos, el anónimo motociclista, con una pistola en la mano, se lanzó en carrera tras los asaltantes, realizando disparos contra el vehículo en el que huían.

Fue una larga noche de vigilia, en que los miembros de UH CDE acudimos a acompañar al compañero William en las gestiones ante las autoridades y en socorrer a los miembros de la familia aún en estado de shock. Luego, junto a patrullas policiales, desplegamos una intensa búsqueda por los barrios más sórdidos, tratando de ubicar al auto robado.

Cerca de las 04 de la madrugada del domingo, una llamada telefónica del mismo anónimo motociclista que había perseguido a los ladrones, informó que el auto estaba abandonado en las inmediaciones del mercado municipal. Hallamos el vehículo intacto, aunque vaciado de las pertenencias de valor y con el fuselaje cribado de balas. El misterioso héroe civil no quiso revelar su nombre.

El caso del “justiciero de la moto” no es el único. Ante la impune escalada de crímenes violentos, en noviembre ocurrieron otros cinco episodios en que vecinos de varios barrios de Ciudad del Este intervinieron para frustrar asaltos, perseguir y atrapar a delincuentes, y en dos casos incluso mataron a tiros a los asaltantes. Como en la clásica obra teatral “Fuenteovejuna” del escritor español Lope de Vega, los testigos se niegan a revelar los nombres de quienes hicieron justicia por mano propia.

Uno sabe, desde sus más profundas convicciones democráticas, que todo esto no es lo correcto, que la Ley prohíbe que los ciudadanos hagan justicia por mano propia. Pero tras haber vivido en carne propia la trágica odisea de la familia Bernal, resulta difícil ponerse en contra de los justicieros de Ciudad del Este.

Lecciones de un trágico secuestro

Lo que menos importa es si fue un secuestro o un autosecuestro. Ya nada va a devolver a una joven vida tan trágicamente interrumpida. Ya nada va a aliviar el dolor de una familia, destrozada por la pérdida de un hijo, en circunstancias tan horrorosas. Ya nada va a lavar la pena de una colectividad nuevamente alcanzada por el golpe ciego de la violencia criminal y la muerte.
A esta altura, lo que menos importa es si el estudiante Juan Alberto Ortíz Gómez planeó él mismo su propio plagio, casi como una travesura juvenil que acabó terriblemente mal, o si fue vilmente engañado por algunos de sus habituales amigos y compañeros.
En cualquiera de los casos que logre confirmar la investigación, Chispa ha sido la víctima propiciatoria de una sociedad enferma y violenta, con valores profundamente alterados por la corrupción y la impunidad, donde se estimula entre los jóvenes el peligroso juego del hedonismo exacerbado, el lucro fácil y la ambición desmedida al margen de la Ley.
La trágica y aun inacabada historia que conmueve al Alto Paraná y al resto del país parece salida de una novela policial negra de Bret Easton Ellis (autor de “Psicópata Americano”) o de las películas de ficción de Quentin Tarantino, pero lamentablemente pertenece a la cruda vida real. Más allá del asombro, la pena, el dolor o el temor colectivo, debe dejarnos abrumadoras lecciones, que permitan corregir lo mucho que está mal, y evitar que casos como este vuelvan a repetirse.
Lecciones para los organismos de seguridad del Estado, especialmente los de la Policía Antisecuestro, que han revelado una vez más su deficiente preparación para enfrentar y combatir el crimen, su vulnerabilidad a la corrupción, su peligrosa opción por actuar al margen de la institucionalidad, poniendo en riesgo la vida de la víctima.
Lecciones para los periodistas y conductores de medios de comunicación, que en la riesgosa competencia por la primicia, violamos elementales normas de seguridad y de responsabilidad en el chequeo de las versiones, el derecho a la intimidad de las familias afectadas.
Lecciones para el conjunto de una sociedad que convive cotidianamente con formas de ilegalidad y acepta fácilmente el accionar de las mafias. Pero ha sido reconfortante, esta vez, ver como un amplio sector de esta misma colectividad altoparanaense, especialmente joven, se ponía de pie y salía a la calle, con el indignado grito de “¡Basta ya!”. Ha sido el signo más lúcido y esperanzador en estos días de dolor, luto, indignación y asombro.

Morir por un celular

Javier Augusto Brítez, 17 años, era un chico lleno de vida y de sueños. En la noche del lunes 12 de noviembre estaba con un amigo en la vereda de su casa, en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, haciéndole escuchar los últimos hits musicales que había bajado de Internet en el dispositivo mp4 de su teléfono celular, cuando la muerte le salió al paso.
Dos jóvenes se acercaron raudamente a bordo de una moto. El que venía detrás, identificado como Fernando Enmanuel Monges, de 19 años, se bajó y les apuntó con un revólver, exigiéndole a Javier que entregue el celular. Todo pasó muy rápido. El chico intentó resistirse. El agresor le disparó seis balazos. Murió poco después en el hospital.
Este caso es apenas uno más entre cientos que sucedieron en los últimos meses. En Ciudad del Este, según estimaciones de la propia Fiscalía, se roban unos 100 teléfonos celulares al día, y muchas de las víctimas son heridas, acuchilladas, baleadas, o asesinadas.
El caso más reciente es el de Denis Augusto Brítez, de 14 años. Su agresor fue otro niño, de apenas 13 años, quien le clavó un puñal entre las costillas y le cortó en la nariz, porque no le entregó rápido el Motorola L7 tan codiciado. Ocurrió en la escuela Primer Intendente Municipal de Ciudad del Este. El pequeño ladrón siempre iba armado a clases, pero como es menor de edad resulta inimputable y ahora está libre.
Antes, un hecho trágico como este era una gran noticia.
Ahora ya no.
El 13 de junio de 2001, el adolescente Diego Báez Mellid, de 15 años, alumno del Colegio Salesianito de Asunción, fue asesinado a puñaladas por otros dos jóvenes solo por robarle la mochila. Entonces fue un escándalo que motivó grandes titulares en los diarios, debates en las radios, largos informes en los noticieros de televisión, durante semanas enteras, y provocó una movilización juvenil sin precedentes. Miles de estudiantes salieron a las calles a exigir justicia y seguridad, con el grito de batalla “¡Basta Ya!”.
Ahora ya no.
Ahora un hecho así merece dos columnas perdidas con un título repetido y esquemático: “Otro joven es asesinado para robarle su celular”. Un flash rápido en la radio. Un informe breve en la tevé. Y rápidamente vamos a un corte comercial o pasamos a otro tema: las próximas elecciones coloradas, el insulto del día del político de turno, el próximo partido de fútbol de la selección paraguaya, la modelo atrevida que se desviste y muestra la cola… Ahora ya nadie sale a la calle, a reclama o a gritar “¡Basta ya!”.
¿Qué nos pasa…?
¿Ya nadie se conmueve ante el dolor sin consuelo de los familiares de las víctimas?
Duele, sí. Duele mucho que te arranquen la vida de un ser querido, así, tan de golpe, tan de sorpresa. Duele el dolor, duele la ausencia, duele la impotencia. Duele que una vida humana, sagrada e invalorable, valga tan poco en estos días: una ajada mochila llena de útiles escolares y sueños juveniles; un teléfono celular, unos billetes mugrientos para financiar un toco de marihuana o una bolsita de crack.
"Duele estar vivo aquí/ donde no hay más que hacer/ que esperar que un loco te acribille a la salida /el país entero se parece a una guarida…", dice Víctor Heredia en una desgarradora canción de su disco "Fénix".
Duele, sí. Duele despertarse frente a la dura, absurda, incomprensible realidad. Duele tratar de entender que lo que siempre parecía lejano, o que siempre le sucedía a otros, de pronto se te haya metido entre las paredes de tu casa, bajo la piel de tu alma. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi hija? ¿Por qué a nuestro hermano, hermana, compañero, compañera...?
Desde el dolor se pueden entender muchas cosas. La rabia, la indignación, la condena sin discriminación a los políticos, las cruzadas fundamentalistas en favor de leyes más duras y de un Estado aún más represivo.
Duele, sí. Pero no hay que dejar que el dolor nos haga perder de vista el trasfondo de las cosas.
Por ejemplo, que las causas de la violencia criminal no están solamente en la supuesta permisividad de las leyes, sino también en la endémica corrupción que nos agobia, y en las infrahumanas condiciones de miseria en que sobrevive casi la mitad de nuestra población.
Por ejemplo, que la imposición de penas más severas contra los delincuentes no significará tampoco solución alguna, desde el momento en que nuestras cárceles tampoco sirven para rehabilitar a nadie. Por el contrario, son usadas como escuela de criminalidad y como base de operaciones para las mafias organizadas. ¿De qué sirve hacinarlas aún más? ¿Estaremos acaso más seguros con eso?
Los paraguayos y las paraguayas hemos vivido siempre en una sociedad violenta, víctimas de una fuerte cultura represiva, pero que no se ha caracterizado precisamente por reprimir al crimen, sino más bien a los que quieren cambiar este sistema injusto, corrupto y criminal.
Lo preocupante de este caso es que en los últimos años, desde la caída de la dictadura, los ciudadanos hemos logrado pequeños avances hacia una sociedad un poco más democrática, humana y generosa en su legislación. Solo que hemos sido incapaces de erradicar la corrupción, y muchos de esos avances, como las penas sustitutivas, las condenas alternativas o las libertades condicionales, han sido perversamente utilizadas por jueces y fiscales corruptos, incapaces o irresponsables. Sería lamentable que hoy, movidos por el dolor, perdamos esos importantes avances, porque eso significaría que nuestra sociedad seguirá siendo corrupta, pero además se volverá aún mucho más represiva.
Que el dolor sirva de algo bueno. En memoria de nuestros seres queridos exijamos no solamente justicia contra los criminales que nos asaltan en las esquinas, sino también contra los grandes criminales disfrazados de grandes señores que han condenado a este país a convertirse en una inmensa guarida.